ENFOQUE

La cuestión de la convocatoria del Correo Argentino: algo huele mal en Dinamarca 

Cuando en febrero pasado el caso tomó estado público, luego del primer dictamen de la fiscal Boquin, muchas especulaciones se hicieron  acerca de los motivos por los que un procedimiento concursal pudiera llevar tanto tiempo sin resolverse. Los partidarios de las tesis conspirativas, tan frecuentes en la Argentina, no dudaron en atribuir las demoras a la complicidad o negligencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la lectura del nuevo dictamen de la funcionaria pública coloca la pistola humeante en otras manos.

La convocatoria de acreedores de la empresa Correo Argentino SA no deja de deparar sorpresas por el cúmulo de irregularidades que pueblan un proceso concursal que lleva la friolera de casi 17 años de tramitación.
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La convocatoria de acreedores de la empresa Correo Argentino SA no deja de deparar sorpresas por el cúmulo de irregularidades que pueblan un proceso concursal que lleva la friolera de casi 17 años de tramitación.

Por Aleardo F. Laría (*) Especial para DyN

 

PRIMERA PARTE:

La convocatoria de acreedores de la empresa Correo Argentino SA no deja de deparar sorpresas. Un nuevo dictamen de la fiscal Gabriela Boquin pone al descubierto un cúmulo de irregularidades que pueblan un proceso concursal que lleva la friolera de casi 17 años de tramitación. Lo notable es la facilidad con la que los jueces retuercen los textos legales para hacer exactamente lo contrario de lo que marca la Ley. Como en el drama de Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca.

Cuando en el pasado mes de febrero el caso Correo Argentino SA tomó estado público, luego del primer dictamen de la fiscal Boquin, muchas especulaciones se hicieron  acerca de los motivos por los que un procedimiento concursal pudiera llevar tanto tiempo sin resolverse. Los partidarios de las tesis conspirativas, tan frecuentes en la Argentina, no dudaron en atribuir las demoras a la complicidad o negligencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, la lectura del nuevo dictamen de la fiscal Boquin coloca la pistola humeante en otras manos.

Qué dice la Ley 

Las reglas que regulan los procedimientos judiciales son de orden público y los jueces están obligados a someterse a las pautas y procedimientos que fija la Ley.

Una de las instituciones procesales más importantes es la preclusión, que consiste en la regla que señala que cuando una etapa del procedimiento se ha cumplido ya no es posible volver atrás. De este modo se garantiza que una vez acabada una fase la actividad procesal deba continuar con la siguiente establecida por la Ley. Es una garantía que permite que los procesos avancen de modo paulatino hasta su culminación en una sentencia. La Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) fija una serie de etapas que sucintamente son las siguientes: luego de la presentación en concurso de una empresa acuden los acreedores a verificar y graduar sus créditos. Una vez que se han establecido las categorías de los acreedores y los importes de los créditos se inicia lo que la Ley denomina “período de exclusividad”, una etapa breve, de 90 días -que puede ser ampliada en otros 30-dirigida a buscar un acuerdo de pago que puede culminar en una quita, una espera o ambas cosas.

Si no se alcanzan las mayorías establecidas en la Ley para aprobar la propuesta de pago formulada por la empresa en cada una de las categorías de acreedores se abre entonces una nueva fase denominada “período de salvataje” o “cramdown”. El objetivo es explorar la posibilidad de que un tercero quiera hacerse cargo de la continuidad de la empresa, abonando o acordando con los acreedores la forma de pago, evitando así el cierre de una fuente de trabajo. Para ello los interesados deben inscribirse en un plazo de cinco días y si no aparecen interesados se debe declarar, sin más trámites, la quiebra de la concursada.

En el caso del Correo Argentino SA no se alcanzó un acuerdo con el Estado en el período de exclusividad y la jueza de primera instancia, en abril del 2007, dispuso abrir el período de salvataje de cinco días para la inscripción de eventuales interesados en continuar con la actividad de la empresa.

Difícil que alguien quiera “cargar con el muerto”  

Debe señalarse aquí que la posibilidad de que se presente un tercero a hacerse cargo de una empresa que está en inactividad y que perdió la concesión que era el objetivo social, es muy remota. La quiebra de una sociedad controlada por otras, como es el caso, conlleva también la quiebra de las controlantes Sideco y SOCMA, según lo dispone el artículo 161 de la LCQ. De allí que esa Resolución de mero trámite fuera recurrida por la empresa para impedir que se declarara la quiebra y hace cuatro años que el expediente está “planchado” en la Cámara Comercial, a la espera de una resolución. De modo insólito, la Cámara Comercial -que solo tiene competencias para aprobar o rechazar las resoluciones del juez de primera instancia- habilitó el año pasado una negociación especial entre la concursada y el Estado. Allí, se alcanzó el famoso acuerdo que impugnó la fiscal Boquin y que el Estado se retractó cuando estalló el escándalo y el presidente Macri anunció que el asunto “volvía a fojas cero”.

Nuevas anomalías      

Como el sistema de preclusión impide ningún retroceso, era un dislate jurídico que la Cámara se hubiera tomado la atribución de reabrir el período de exclusividad cuando estaba precluido y además lo hubiera hecho sustituyendo facultades que son propias del juez de primera instancia.

Pero, no es ésta la única irregularidad de este procedimiento singular, en el que la empresa presento 14 incidentes apelando ante la Cámara Comercial a lo largo del proceso con el indudable objetivo de retrasarlo e ir licuando la deuda por obra de la  inflación. Ahora, en el nuevo dictamen de la fiscal Boquin salen a relucir nuevas anomalías.

Debido a que la empresa Correo Argentino tiene una serie de plazos fijos que rinden intereses, esos recursos se han venido utilizando a lo largo de estos años para abonarles honorarios a cinco directores de la propia empresa -que son también directivos de la controlante Sideco- a pesar de que está inactiva. Por este concepto en el año 2012 los directores del Correo Argentino SA recibieron pagos por 947.142 pesos.

Como mera anécdota, se registra también la autorización de pago de 30.000 pesos para gastos de la “fiesta de fin de año” para despedir 2012. A la empresa controlante Sideco Americana SA se le abonaron 308.678 pesos sin causa alguna y se le alquilan unas oficinas por las que se abonan 18.000 dólares mensuales, cuando una oficina equivalente se podría conseguir por la décima parte del valor abonado.

La tenencia de un plazo fijo de 14 millones de dólares y otras colocaciones en el Banco Ciudad de 52 millones de pesos, dejan al descubierto la falacia argumental del ministro Oscar Aguad cuando afirmaba que “era mejor cobrar algo que nada”. Al ser el Estado un acreedor privilegiado, en caso de declararse la quiebra, esos fondos quedarían en poder del Estado, sin perjuicio de lo que se podría obtener como consecuencia de la quiebra de las sociedades controlantes.

Es decir que el interés del Estado consiste claramente en obtener la declaración de quiebra cuanto antes, dado que se trata de una empresa sin actividad y sin personal, mientras que el interés del Grupo Macri es conseguir que el proceso se eternice para no asumir las consecuencias legales de la quiebra. (Continuará en una próxima edición)

(*) ALEARDO F. LARIA es abogado y periodista.

 

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