EL HECHO OCURRIÓ LA SEMANA PASADA

La justicia investiga las circunstancias que rodearon la muerte de un interno extramuros de la cárcel local

La Ayudantía Fiscal de Delitos Carcelarios procura determinar cómo es que un condenado por homicidio en ocasión de robo se “suicidó” luego de protagonizar una discusión con otro recluso por un teléfono celular a sólo tres días de acceder a una salida transitoria. Cómo hizo para “colgarse” en el sector de buzones con el lazo de un colchón, es uno de los interrogantes clave. Lo otro es si el personal del Servicio Penitenciario que se encontraba de guardia pudo o no haber hecho algo para evitar que el detenido tome la drástica decisión el hecho, así como determinar dónde estaba el médico del penal cuando todo ocurrió. 

La muerte de un interno que supuestamente se “colgó” en el sector de buzones de la Unidad Penitenciaria N° 7 es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Carcelarios.
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La muerte de un interno que supuestamente se “colgó” en el sector de buzones de la Unidad Penitenciaria N° 7 es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Carcelarios.

Los restos de Oscar Guillermo Miguela recibieron sepultura el pasado miércoles 20 de enero en un cementerio de la vecina ciudad de Olavarría.

Esta persona, que al momento de su muerte tenía 34 años de edad, era un interno extramuros de la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul.

Miguela, que se hallaba a disposición del Juzgado en lo Criminal N° 3 de la ciudad de La Plata, había sido condenado a prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo. No se pudo conocer cuál fue el monto de la pena de cárcel ni de otras circunstancias del caso por el que fue juzgado oral y públicamente.

Supuestamente llevaba más años entre rejas de los que le faltaban por cumplir, y además gozaba de “buen comportamiento”, a criterio de las propias autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Esos informes favorables son los que le permitieron tener salidas transitorias con conocimiento del Tribunal platense al que se encontraba a disposición, una de las cuales debía concretarse casualmente el mismo miércoles que sus restos fueron inhumados en la necrópolis Loma de Paz, de Olavarría.

La causa y las dudas

Según señalaron a este matutino fuentes del caso, hasta el momento los indicios que obran en el expediente –incluida la autopsia- revelan que la muerte de Miguela se produjo por asfixia por ahorcamiento, hecho consumado dentro de la cárcel de varones de esta ciudad.

Lamentablemente nada que no haya ocurrido en otras situaciones que involucran a quienes se encuentran privados de la libertad.

Pero para la Ayudantía Fiscal de Delitos Carcelarios, que encabeza el Dr. Carlos Fernández, hay distintas circunstancias que rodean a esta muerte que merecen ser investigadas a fondo, sin que esto indique a priori que haya alguna sospecha concreta sobre tal o cual persona, al menos por el momento.

Según los distintos voceros consultados que pidieron reserva de su identidad, en torno de este supuesto “suicidio” existen situaciones tristemente comunes al Servicio Penitenciario Bonaerense, que aparentemente las nuevas autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires –al menos así lo han manifestado públicamente- pretenden cambiar con la finalidad de que las cárceles empiecen a ser, más allá del lugar donde una persona que infringió la ley sea privada de la libertad luego de un juicio con todas las garantías constitucionales, un sitio donde realmente se trabaje para que esa persona se pueda reinsertar en la sociedad, reduciendo el riesgo de ser reincidente.

El hombre que murió días pasados en la UP N° 7 de Azul, más allá de estar condenado por un tribunal platense por haber intervenido en un robo que terminó con una persona asesinada, ha “sufrido” en carne propia las contingencias de un sistema carcelario que hace agua desde hace décadas, y que hoy hay quiénes se esmeran –con acciones u omisiones- en tratar de estropearlo aún más.

La fuga de la cárcel de máxima seguridad de la ciudad de General Alvear de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y de Sergio Schilaci, no parece ser otra cosa que la punta del iceberg de lo “enfermo” y permeablemente corrupto que se puede encontrar el SPB, tal como lo han señalado autoridades tanto provinciales como nacionales luego de la captura de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

Cambio de política carcelaria

El estado de las cárceles en el territorio bonaerense –incluyendo la de varones de Azul- había tocado fondo y según parece, coincidentemente o no con la fecha en que asumió María Eugenia Vidal la gobernación bonaerense, la cosa parece haber empezado a cambiar.

A pedido de la titular del Juzgado de Ejecución N° 2, Dra. Adriana Bianco, según revelaron fuentes confiables, la situación de saturación en algunos sectores de la Unidad Penitenciaria N° 7 se descomprimió y los internos tienen condiciones de alojamiento más holgadas que hasta hace un par de meses.

Donde el cupo máximo era de 6 internos, este número se llegaba a duplicar, y más, señalaron los informantes.

Prueba que el sistema para restringir la libertad a personas que han trasgredido la ley falla desde hace años lo dio el propio Miguela cuando, en el mes de octubre del año 2002, junto con otros cinco detenidos escaparon por un boquete de una comisaría de la localidad bonaerense de Magdalena.

En esa seccional, el interno que ahora falleció era uno de los 19 presos que estaba alojado en una dependencia con cupo máximo de 8 personas.

Tras la cinematográfica evasión, los calabozos de esa dependencia policial fueron clausurados.

Un antecedente de potencial “suicida”

En el expediente que está instruyendo el Fiscal de Delitos Carcelarios Carlos Fernández consta un “antecedente” que estaría dando la pauta de  Miguela como potencial suicida. En ocasión de hallarse alojado en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, supuestamente el interno habría intentado quitarse la vida.

Aparentemente ninguno de los guardias que estaba de turno cuando se produjo el “suicidio” habría prestado atención a la advertencia expresada por el propio interno, que después de la discusión con el otro recluso extramuros por un teléfono celular anticipó: “ahora me voy a colgar”.

Tampoco se habría prestado atención al llamado desesperado de otros “residentes” de los buzones cuando éstos le pidieron a los guardias de ese sector del penal que intervinieran mientras observaban “colgarse” a Miguela.

Vale aclarar que, por norma, ningún interno puede ser confinado al buzón más de quince días, donde además no se le permite ingresar con el cinto ni cordones del calzado, así como tampoco con sábanas. ¿Cómo hizo entonces para “colgarse”?.

Según constancias obrantes en la causa, el detenido utilizó el lazo que rodea el colchón para atárselo en el cuello y aprisionarse hasta quitarse la vida.

Miguela fue retirado del buzón y trasladado al sector de Sanidad –lo asistió una enfermera- y desde allí, “con pulso”, al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde falleció.

Uno de tantos interrogantes que se plantean es dónde estaba el médico del penal cuando se produjo el hecho. Seguramente la jefatura del SPB, con sede en La Plata, también se hará la misma pregunta en el marco de las actuaciones administrativas que se hayan iniciado para aclarar lo ocurrido.

Toman las testimoniales

El sumario transita por la etapa de recepción de declaraciones testimoniales y de consideración de los informes periciales realizados y por realizar que permitan determinar, por ejemplo, si Miguela estaba al momento de “colgarse” bajo los efectos de algún estimulante.

Teniendo en cuenta que el presidiario estaba a pocos días de dejar las viviendas extramuro para ir a visitar a sus familiares (presumiblemente radicados en Olavarría), no deja de ser un misterio para los investigadores qué pudo haber llevado al hombre a quitarse la vida.

En tal sentido la presunción que existe es que “haya creído que, al ir de castigo al buzón, iba a perder el beneficio de la salida transitoria”, deslizó la fuente consultada por EL TIEMPO.

La Fiscalía de Delitos Carcelarios le tomó declaración a otros internos extra muro para tratar de reconstruir las horas previas a la fatídica decisión que tomó Miguela.

LA REQUISA POSTERIOR A LA PELEA

La requisa en las viviendas extra muro que se llevó a cabo luego de la trágica determinación no permitió arrojar luz sobre las causas que llevaron a Miguela a “suicidarse”.

No se halló una carta, como a menudo deja quien tiene la intención de matarse.

En cambio, la inspección sí habría permitido corroborar que ese sistema de cárcel extra muro adolece de eficacia, toda vez que se habrían hallado facas (armas blancas de construcción casera), pastillas y bebidas alcohólicas que, de algún modo, llegan hasta ahí cuando esto no debería ser así.

Sólo dos días antes de la muerte del interno, asumió la jefatura de la UP N° 7 de Azul Raúl Garnica.

El prefecto mayor (EG), al ser consultado telefónicamente por este diario acerca de este caso, se limitó a expresar que se trató de un “suicidio” y que no tenía autorización para proporcionar a la prensa algún otro tipo de información. Para mayores datos, consignó, debíamos remitirnos a la Fiscalía de Delitos Carcelarios.

El interno que protagonizó la discusión con Miguela –no trascendió su identidad ni el motivo de la causa penal que lo llevó a estar privado de la libertad, en la actualidad en las casas extra muro- también fue remitido a los buzones, toda vez que además de la gresca habría intentado agredir a un guardiacárcel, sufriendo una herida de menor consideración de escopeta en un brazo.

 

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