La Matanza se blindó ante el posible avance de Farmacity

Una nueva ordenanza impide el ingreso de cadenas de farmacias en ese municipio del conurbano bonaerense. La norma fue aprobada por unanimidad por el peronismo, el Frente Renovador y contó con votos de Cambiemos. ¿Y el proyecto para una “Ley Nacional de Farmacias”?

Continúa la puja judicial por el posible desembarco de Farmacity en territorio bonaerense.

El Concejo Deliberante de La Matanza sancionó una ordenanza que impide el ingreso de sociedades anónimas y cadenas comerciantes en el servicio de farmacias en el Municipio. De esta manera, el distrito que conduce Verónica Magario le dio un fuerte revés a un posible desembarco de Farmacity. La medida fue aprobada por unanimidad por los concejales matanceros. Los miembros de los bloques del peronismo, el Frente Renovador y concejales de los dos bloques de Cambiemos dieron el visto bueno a la normativa.

Lo cierto es que con esta medida, La Matanza le dio un guiño a los dueños de las farmacias locales, quienes desde hacía tiempo reclamaban que se impidiera el ingreso de la cadena de farmacias vinculada al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

En ese contexto, Sergio Coronel, presidente de la filial La Matanza del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, consideró: “Festejamos está aprobación que regula el ejercicio de la profesión farmacéutica, que tiene un espíritu y es el espíritu sanitario”.

La decisión en La Matanza llega luego que la Corte Suprema de Justicia convocara a una audiencia pública para el 29 de agosto con el fin de escuchar las posiciones en torno del pedido de la cadena Farmacity de instalarse en la provincia de Buenos Aires.

La cadena de farmacias solicitó a la justicia que le permita instalarse en la provincia de Buenos Aires, vía la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley bonaerense 10.606, que impide que las sociedades anónimas sean propietarias de comercios farmacéuticos.

En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó los argumentos de Farmacity al declarar constitucional el artículo 14 de la ley 10.606, y consideró abstracto pronunciarse acerca del artículo 3. Ante esto la empresa, que supo estar conducida por el Secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana hasta su llegada al gobierno, recurrió ante la Corte Suprema.

Actuación de los ediles azuleños

En el mes de abril, el Concejo Deliberante del Partido de Azul expuso su preocupación por el intento de avance, dentro del territorio provincial, de grandes cadenas multirrubro que se proponen arbitrariamente trasgredir una ley vigente. El cuerpo elaboró un proyecto de Resolución a partir de la nota que le fuera oportunamente presentada por integrantes de la Filial Azul del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires a través del Concejal Marcos Turón, donde se manifestaba la preocupación existente ante “el intento del Grupo de Inversión Pegasus de vulnerar la Ley provincial Nº 10.606”.

Por su parte y a través de un comunicado que titula “Un dictamen escandaloso”, el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires expresó su rechazo al dictamen de la Procuraduría General de la Nación, a favor de que las sociedades anónimas puedan ser propietarias de farmacias en esa provincia, en el marco del reclamo que lleva adelante la cadena Farmacity, para instalarse en dicho territorio. En el resto del país están en “alerta”, ya que temen que se pueden dar situaciones similares.

PROYECTO DE LEY

El 31 de mayo se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto para una “Ley Nacional de Farmacias”, que dispone que las farmacias sólo podrán ser abiertas por farmacéuticos o por sociedades de responsabilidad limitada donde un profesional sostenga la dirección técnica y la gerencia de la firma.

De convertirse en ley, significará un freno al “modelo farmashoping” que pretende convertir lo que es un centro de salud en un local comercial multiproducto que compite de manera desleal con las farmacias de barrio dirigidas por profesionales.

La iniciativa encabezada por la diputada Fernanda Raverta modifica la ley 17.565 y busca recuperar el espíritu del artículo 14 de la norma original, que fue derogado por el decreto de desregulación económica del exministro de Economía Domingo Cavallo en los ‘90. Esto es, que las farmacias son una extensión de la red sanitaria, y que el farmacéutico es un agente de salud. Así, se busca asegurar la preeminencia del derecho a la salud por sobre cualquier ánimo de especulación y lucro.

 

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