PROTOCOLO PARA “ENCUADRAR” CORTES Y PIQUETES

La necesidad de poner fin a una metodología extorsiva

Por Aleardo F. Laría (*)

BUENOS AIRES – El anunciado Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas ha dado lugar, como era previsible, a una fuerte impugnación desde los sectores kirchneristas. Desde ese espacio se ensayan varios  argumentos para cuestionar la iniciativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Otras impugnaciones provienen de sectores que han sucumbido a la retórica engañosa del ultra garantismo jurídico. En el fondo, lo que pretenden es preservar el derecho al uso de una metodología extorsiva que no es admisible en una sociedad democrática.

Conviene no dejarse envolver por el uso interesado de las palabras. Lo primero que debe evitarse es caer en el error de confundir el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse de lo que es el uso abusivo de ese derecho, que se produce cuando se cortan rutas o calles.

Mientras que el ejercicio del derecho de manifestación puede, en ocasiones, generar limitaciones temporales al tránsito vehicular, debe distinguirse de la acción deliberada de cortar una calle para obstaculizar el tránsito, causar daños a terceros y presionar a las autoridades. Se trata de una actuación ilegal que encaja en lo que tradicionalmente se han considerado variantes del delito de coacciones. “Queremos cambiar la cultura del corte, no vamos a tolerar la extorsión y no permitiremos que la calle sea un caos”. La ministra Bullrich no se ha valido de circunloquios para señalar en Bariloche cuáles son los objetivos del Gobierno. De manera que la regulación del derecho de manifestación apunta básicamente a poner fin a la desviación abusiva en el ejercicio de ese derecho. La libertad de expresión no puede ni debe utilizarse para amparar ilícitos contemplados en el Código Penal.

En la mayoría de las legislaciones penales del mundo existen disposiciones similares al artículo 194 del Código Penal argentino que sanciona con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Lo que sanciona la Ley penal

Lo que la Ley penal sanciona es la acción deliberada de cortar el tránsito, que dista mucho de lo que puede ser el corte transitorio que se produce con el paso de una manifestación, de modo que hay que tener siempre presente la diferencia entre una actuación y otra.

Como en la práctica una situación puede llevar a la otra, en muchos países existen regulaciones que apuntan a evitar que el ejercicio de un derecho legítimo lesione los derechos de otros ciudadanos. En España, por ejemplo, el derecho de manifestación debe ser ejercido en los términos previstos por la Ley Orgánica 9/1983, dando comunicación por escrito a la autoridad gubernativa. El anuncio de la manifestación -lo que difiere de una solicitud de autorización- ha de efectuarse indicando el itinerario, con una antelación mínima de diez días naturales.

Excepcionalmente, cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas. El incumplimiento de la comunicación habilita a la autoridad gubernativa para prohibir la celebración de las reuniones o manifestaciones no comunicadas o no comunicadas en tiempo.

Desde el ultra garantismo se insiste en el gastado eslogan de que el gobierno de Macri persigue el propósito de “criminalizar la protesta social” cuando es evidente que no está en cuestión el ejercicio regular del derecho de manifestación.

“Falso conflicto de derechos”

Se argumenta también de que “quien corta una ruta llega a tal acción no porque necesita meramente hacerse escuchar, sino porque fueron violados sus derechos constitucionales básicos tales como vivienda, salud, trabajo y alimentación”. De este modo, se establece un falso conflicto de derechos, cuando en verdad se está ante una simple cuestión de medios y fines: el derecho al acceso a una vivienda digna no debe alcanzarse cortando una calle o colocando una pistola en la sien de un funcionario.

Otra materia diferente es el tacto y el timing con el que conviene que la norma sea aplicada. Venimos de un período de anomia, donde las autoridades legitimaron este uso abusivo de derechos. De modo que habrá que atravesar, inevitablemente, por un período de transición en el que se incorpore el nuevo criterio de forma flexible. Lo importante es que desde el Estado se marque con claridad lo que está dentro y fuera de la ley.

No es posible imaginar ninguna sociedad civilizada donde se legitime el uso de la fuerza, la coacción o la extorsión para dirimir los conflictos o para acceder a determinados derechos.

El nacimiento del Estado moderno viene necesariamente asociado al monopolio del uso de la fuerza por la autoridad legítimamente constituida y la organización del Poder Judicial está dirigida a evitar que los particulares resuelvan sus diferencias utilizando la ley del más fuerte.

Provocar colapsos circulatorios en los que, durante un período de tiempo prolongado queden inmovilizados vehículos y se impida el acceso a determinadas zonas de la ciudad, no puede reivindicarse como recurso legítimo en un Estado de derecho.

(*) Periodista y Abogado.

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