ENFOQUE

La nueva imputación penal a CFK y la eventual negligencia de los funcionarios que la secundaban

 

Cristina Fernández, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli fueron citados a prestar declaración indagatoria. FOTOS ARCHIVO DYN Claudio Bonadío, el juez que investiga a los ex funcionarios de la administración kirchnerista. FOTOS ARCHIVO DYN
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Cristina Fernández, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli fueron citados a prestar declaración indagatoria. FOTOS ARCHIVO DYN

“Los funcionarios públicos deben responder patrimonialmente como cualquier otro ciudadano, asumiendo personalmente la obligación de indemnizar”, reflexiona el autor de esta nota al referirse a una norma vigente.

Por Aleardo F. Laría (*)

BUENOS AIRES – El juez federal Claudio Bonadío ha citado a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández; al ex ministro de Economía, Axel Kicillof; y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, a quienes acusa de “defraudación contra la administración pública” por haber perjudicado de forma deliberada al Estado en las operaciones de “dólar futuro” concertadas por el Banco Central.
Como ya aconteció con la imputación penal contra CFK por “encubrimiento” en el caso AMIA -por la firma del Tratado con Irán- estamos nuevamente en el terreno resbaladizo de los actos discrecionales de gobierno, de difícil encaje en el Código Penal.
Según la descripción del “hecho delictivo” que contiene el sumario judicial, se habría producido un enorme perjuicio al Banco Central al concertar ventas del llamado “dólar futuro” a 10 pesos cuando era más que previsible una devaluación luego de las elecciones, como al fin se produjo.

Exigencias del corto plazo ——- subtítulo

En ese momento, comprar un dólar a 10 pesos era una “ganga”, puesto que en la calle estaba a 16 pesos y en el cruce con el mercado estadounidense el llamado “contado con liquidación” estaba en 14 pesos.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en las operaciones a futuro no se entregan dólares físicos sino que se liquidan en pesos las diferencias al término del contrato, de modo que esas comparaciones deben relativizarse.
Lo que a todas luces es evidente es que con el fin de “anclar” el valor del dólar, las autoridades económicas del gobierno de CFK enhebraron estas operaciones con un exceso de frivolidad, conscientes de los perjuicios que podrían derivarse de un cambio en la política cambiaria, algo que era previsible si el gobierno resultante de las elecciones mudaba de signo político.
Las exigencias del cortísimo plazo, como tantas veces ha sucedido en la Argentina, predominaron sobre las de mediano plazo. El resultado, una vez operada la devaluación, ha sido catastrófico para el Banco Central, que debe afrontar ahora cuantiosas pérdidas, que el juez ha estimado pueden alcanzar los 76.000 millones de pesos.
La tendencia de algunos jueces ——- subtítulo

No es posible, sin tener a la vista el sumario judicial, hacer afirmaciones categóricas en un procedimiento que recién se inicia. Sin embargo, sí es posible ensayar una reflexión sobre la tendencia de algunos jueces de desplazar hacia el terreno penal un tipo de responsabilidad que encaja más bien en lo que es una responsabilidad patrimonial de orden administrativo o civil.
Aunque ambas responsabilidades pueden superponerse, debe diferenciarse la conducta negligente que causa un daño al Estado de lo que es una conducta dolosa para obtener un beneficio para sí o para terceros, mucho más difícil de acreditar y de habilitar la aplicación del Código Penal.
El artículo 130 de la Ley Nº 24.156 -denominada de “sistemas de control del sector público nacional”- establece que “toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados, siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”. De acuerdo con esta norma, los funcionarios públicos deben responder patrimonialmente como cualquier otro ciudadano, asumiendo personalmente la obligación de indemnizar.
Sin embargo, pese a que la norma es clara, en la práctica esta vía no se utiliza porque no ha existido hasta ahora voluntad política de hacerlo y existe una cierta dispersión legislativa sobre los órganos que intervienen en el inicio de las acciones judiciales (Dirección de Sumarios del organismo, la Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura General de la Nación, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la máxima autoridad del organismo, que es quien finalmente decide si se inician o no las acciones judiciales).

Las críticas de la doctrina ——– subtítulo

Desde la doctrina se ha denunciado y criticado la resistencia de las Administraciones públicas a ejercer esta acción de responsabilidad.
El resultado es que se elude utilizar una vía que permitiría hacer recaer sobre las espaldas de los responsables los perjuicios que causan por conductas irregulares, ahorrándoles ese costo a los contribuyentes.
Si es incuestionable el derecho de todo ciudadano a obtener plena reparación del daño sufrido, como consecuencia de la mala prestación de los servicios públicos, no menos lo es el derecho de todos a no soportar los gastos ocasionados por la negligencia o la estulticia de los altos cargos políticos de la Administración.

(*) ALEARDO F.LARÍA es abogado y periodista.

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