POR LA MEDIDA DE FUERZA DE LOS AUXILIARES

  La Provincia dictó una resolución que despertó un enérgico rechazo de los consejeros escolares de Azul

 

La Dirección General de Cultura y Educación autorizó a los Consejos Escolares “a intervenir ante la medida gremial en curso” de un sector de los trabajadores auxiliares de la educación y los instó a “coordinar con particulares las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares”. Desde el cuerpo de consejeros escolares local se indicó que “Es el estado Provincial quien debe tener la decisión para intervenir garantizando las condiciones que permitan a todos los integrantes de la comunidad la materialización de sus derechos”. 

 Facsímil de la polémica resolución que adoptó la Dirección General de Cultura y Educación, al pedirle a los Consejos Escolares que coordinen “con particulares las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares”, en virtud del paro que están realizando algunos auxiliares de la educación.
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Facsímil de la polémica resolución que adoptó la Dirección General de Cultura y Educación, al pedirle a los Consejos Escolares que coordinen “con particulares las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares”, en virtud del paro que están realizando algunos auxiliares de la educación.

 

Las máximas autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires dictaron una polémica resolución que mereció la inmediata réplica del cuerpo de consejeros escolares del Partido de Azul. Todo viene a cuenta de la medida de fuerza que vienen llevando adelante en el marco de las negociaciones paritarias algunos auxiliares de la educación, lo que impide la normal prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de establecimientos educativos.

La Dirección General de Cultura y Educación no tuvo mejor idea que, aun cuando tuviera argumentos legales que la asistan, dio a conocer una resolución mediante la cual autoriza a los Consejos Escolares de toda la provincia, “como órganos desconcentrados” de la DGCyE, “a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y/o organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares por la medida gremial en curso”.

La polémica resolución

En la resolución a la que tuvo acceso EL TIEMPO, fechada el 31 de marzo de 2016, se recalcó que “la Ley Provincial de Educación N° 13.688, en su artículo 5°, establece que ‘La Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa’”.

“Ante medidas de fuerza que afectan gravemente el derecho a la educación de los alumnos de varios establecimientos…y que el Gobierno de la Provincia tiene la obligación de asegurar, en virtud de la obligatoriedad de la enseñanza inicial, primaria, secundaria y superior receptada por la legislación tanto nacional como local…que la Provincia promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad…que es deber del Estado para con los niños, asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna…que la prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas…” y que “sin perjuicio de las medidas autorizadas por la resolución 138/2016, resulta conveniente habilitar otras alternativas operativas para atender los servicios afectados”.

El Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, resolvió:

Artículo 1°. Autorizar a los Consejos Escolares como órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación a coordinar y ejecutar acciones temporales con los municipios y/o organizaciones de la sociedad civil para atender las tareas de limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares por la medida gremial en curso.

Artículo 2°. Establecer que la Dirección Provincial de Servicios Generales, en el marco de sus competencias, deberá ejercer las acciones necesarias que garanticen el funcionamiento de los establecimientos educativos de la provincia pudiendo a tal efecto dictar los actos aclaratorios y de ejecución que correspondan.

La comunicación fue refrendada por el Licenciado Manuel Vidal, subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la DGCyE.

Una respuesta contundente

Desde el cuerpo de consejeros escolares del Partido de Azul, ayer a la tarde se dio a conocer un comunicado donde se rechaza la resolución que se adoptó a nivel de las máximas autoridades educativas de la provincia.

“Atento a la resolución 142/16, emanada de la DGC y E donde se autoriza a los Consejos Escolares a intervenir ante la medida gremial en curso de un sector de los trabajadores auxiliares de la educación, coordinando con particulares las tareas que le competen, el Cuerpo de Consejeros Escolares del distrito de Azul manifiesta:

-Que la educación es un derecho social.

-Que no avalamos ningún tipo de acción que promueva intencionalmente enfrentamiento entre los integrantes de nuestras comunidades educativas.

Que definimos a la situación que nos atañe como una ‘colisión de derechos’ cuyo único mediador es el estado PROVINCIAL en su función de garante de la educación pública, lo que implica ser garante de los derechos de los alumnos y de los trabajadores de la educación.

-Que no compartimos tomar medidas que sostenemos como violatorias del derecho constitucional de los trabajadores, es la PARITARIA el ámbito legal donde los trabajadores resuelven sus conflictos.

-Que no corresponde ni al Municipio, ni a las organizaciones de la sociedad civil atender cualquier tipo de tarea y/o actividad de las escuelas ante una medida de fuerza. Es el estado PROVINCIAL quien debe tener la decisión para intervenir garantizando las condiciones q permitan a todos los integrantes de la comunidad la materialización de sus derechos.

Por lo expuesto, tratado y aprobado de forma unánime rechazamos la paliación de la Resolución 142/16 le solicitamos al Estado Provincial que se haga cargo de solucionar conflictos gremiales que son de absoluta competencia sin vulnerar los dichos que emana la Ley 10.430, superior jerárquicamente a la disposición que se nos quiere hacer cumplir, contrariando el espíritu  de la misma.

 

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