ENFOQUE

La reforma laboral que se viene

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Por Dr. Aníbal Bocchio (*)

 1.Flexibilización de la jornada laboral de 8 horas

El nuevo e inminente proyecto que prepararon el presidente Macri y sus asesores, plantea la eliminación del concepto de “horas extra” que, según la legislación actual, se pagan un 50% más (de Lunes a Viernes) que las horas enmarcadas en la jornada laboral tradicional. De aprobarse las modificaciones del gobierno, pasaría a regir el sistema de “banco de horas”, donde el trabajador acumularía el total de horas trabajadas de forma anual. Según este sistema, si extiende su jornada diaria de 8 a 10 horas, luego lo compensaría trabajando menos horas otro día. Esta desregulación favorece a los empresarios, que podrían disponer de las horas de sus empleados con mayor flexibilidad, sin la necesidad de invertir más dinero a cambio. El problema se plantea cuando se utiliza al trabajador durante 6 meses 4 horas por día, y el resto del año (cuando la empresa tiene más trabajo) 12 horas: la pregunta obvia es ¿cómo sobrevivirá el trabajador y su familia con medio sueldo de 4 horas? Y si consigue otro trabajo complementario por ejemplo por la tarde…deberá dejarlo cuando el empleador original lo llame 12 horas? En todos los casos el ajuste se hace sobre el trabajador y su familia, que hoy con la alta inflación apenas puede pagar un alquiler de $ 6000 y 7000, por lo que nadie pensó en el resto de sus gastos para poder sobrevivir?

 

2. Modificación del concepto de trabajo

La mayor transformación de fondo se da en el concepto de trabajo que rige la relación entre el trabajador y su empleador. A partir de la aprobación de este proyecto, el trabajo pasaría a ser considerado un acuerdo entre partes iguales, “un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos”. De esta forma, se elimina la idea de trabajo como relación asimétrica de poder que requiere ser vigilada por el Estado en protección de los derechos de los más débiles. Como el trabajo es considerado un acuerdo entre partes, el trabajador puede renunciar a sus derechos al decidir aceptar condiciones por debajo de los convenios y los acuerdos laborales, incluso si implica deteriorar los logros adquiridos. Sin duda se olvida que el Derecho del Trabajo es según el concepto internacional de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de carácter “tuitivo” o “protectorio” del trabajador, a quien se lo considera con un grado cultural, social y económico muy inferior a la que posee el empleador que puede contratar un equipo de abogados y contadores que lo asesoren y puede resistir con ahorros cualquier contingencia sin verse obligado a firmar cualquier cosa que le pongan delante. El trabajador, en cambio firma lo que le propongan con tal de mantener su trabajo y por eso actualmente se le niega validez a su firma cuando viola derechos laborales de orden público establecidos por ley.

 

3. Limitación de los juicios laborales

Según las regulaciones actuales, un trabajador despedido tiene hasta dos años para iniciar reclamos contra sus empleadores. A partir de la oficialización de este proyecto, el tiempo se reduciría a un año. Tampoco será posible iniciar un juicio contra el empleador que altere las formas y condiciones laborales en perjuicio del trabajador. El presidente Mauricio Macri ya había apuntado contra este tema al hablar de la “mafia de los juicios laborales” y argumentar que “destruyen la generación de empleo futuro”. Considerar Mafias al reclamo de legítimos derechos que hoy no pueden ser enfrentados por los pequeños y medianos empresarios porque la política económica en general no les da respuestas y las empresas en general están en CRISIS, cuando en los países desarrollados los trabajadores ganan sueldos de un cero más que los nuestros y sin embargos las empresas no se funden y pueden ser competitivas. Tal vez, no se debería cortar el hilo por lo más fino y precarizar los contratos laborales pasando a un estado de semi esclavitud que avergüenza a todos los argentinos. Pensar que puede haber algunos intentos de “industria del juicio” (connivencia entre trabajadores, abogados y jueces) como dice el presidente, puede ser cierto, pero son solo casos aislados, como también hay empresarios corruptos, políticos corrompidos, comerciantes deshonestos, tal como decía mi abuela “en todos lados se cuecen habas”… y no puede generalizarse pensando que todos los reclamos judiciales son una industria , ni que todos los empresarios son deshonestos y que todos los políticos son corruptos. Pensar una ley para dar respuesta a casos excepcionales no es de buena práctica. Mejor digamos la verdad: Se quiere beneficiar al empresariado para que la mano de obra argentina salga más barata, a costa obviamente de bajar la calidad de vida de los trabajadores y su familia, de su salud, y la de sus hijos, etc.

 

4. Blanqueo y cambios en las indemnizaciones

Otro de los grandes cambios a aplicar es el del blanqueo de personal que se encuentre trabajando en negro o que esté mal registrado, sin la necesidad de pagar multas hasta un año después de la sanción de la ley. Esta medida apunta a reducir el gran número de trabajadores en negro en todo el país, pero limita los derechos de quienes acuden a la Justicia para ser recompensados por el tiempo trabajado fuera del marco legal. Según lo planteado en el proyecto de ley, los trabajadores no podrán cobrar las multas que actualmente se aplican a las empresas que no blanquean a sus trabajadores, y tampoco podrán hacerlo los que tienen un juicio en curso. Una vez pasados los 360 días, las multas comenzarán a cobrarse pero irán a parar al Estado y no a los trabajadores. A su vez, a partir del momento del blanqueo al empleado se le concederá un máximo de 5 años de antigüedad, independientemente del tiempo total de servicio. Estimo que el error de apreciación del señor presidente y sus asesores es de diagnóstico, los empresarios no tienen 4 millones de empleados en negro porque son sean diabólicos, sino lisa y llanamente porque no pueden financieramente sostenerlos en blanco por el altísimo porcentaje de gravamen que se lleva el Estado (52 % de los sueldos) y porque sus negocios hoy no son rentables, porque la política económica actual no los beneficia de ninguna manera. La solución no es sacarles derechos y por ende plata a los que menos tienen, que son los trabajadores, sino implementar políticas económicas más efectivas que le permitan al empresariado buenos márgenes de ganancias, y ello traerá en forma automática el registro de los trabajadores en negro, porque las multas que hoy existen por ello ya son extremas (en ningún lugar del mundo las hay en esa proporción y porcentaje) y si pese a ello, los empresarios no registran los trabajadores faltantes… es simplemente porque no pueden. Es tan difícil entenderlo?

 

5. Aplicación de condiciones laborales diferenciadas para autónomos y pasantías

El proyecto además plantea la exclusión del alcance de las regulaciones a los “trabajadores autónomos económicamente dependientes”, permitiendo su contratación por fuera de los convenios laborales. Lo mismo sucede con la reglamentación del régimen de pasantías, en el que se aplicará una “asignación estímulo” sobre la cual el empleador no deberá pagar cargas sociales. A su vez, limita los derechos de los empleados tercerizados, ya que elimina la responsabilidad de las empresas que contraten servicios tercerizados y la posibilidad de los trabajadores de reclamar sobre ellas.

Discrepo con estas medidas que resultan abusivas y no traerán el resultado esperado. Pasar un empleado en relación de dependencia a ser Monotributista, solo le acarreará al mismo la pérdida de su sueldo mínimo de convenio, de su Obra Social, de sus aportes jubilatorios, una real vejación a sus derechos adquiridos. Lo de los “Pasantes” ya lo vivimos con Menem, los chicos estudiantes en vez de ejercitar su futura profesión cargaban camiones, donde se aprende muy poco, solo a someterse y perder la salud. Por último permitir que las empresas pasen su personal a otras empresas subcontratadas totalmente insolventes, solo le evitará pagar a las principales indemnizaciones por despido y otras similares por irregularidades laborales, y se dejará a los empleados  en total estado de desprotección.

ALGUNAS CONCLUSIONES

 Estas modificaciones violan abiertamente los Convenios Internacionales de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), a los que la Argentina como país ha adherido, y que fueron incorporados a nuestra Constitución Nacional en la modificación de 1994, por lo que cualquier decisión en estos sentidos será sin duda tildada de inconstitucional por las Cortes Supremas de la Provincia y la Nación (Es más, estas prácticas ya las han declarado inconstitucionales ambas Cortes y por ende no aplicables, en la última reforma de flexibilización laboral que dispusiera el gobierno de Carlos Menem).

 

(*) Abogado laboralista

 

 

 

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