FALLO DE UN JUICIO ORAL

Las muertes de dos trabajadores: un ingeniero condenado y una investigación que continuará

Víctor Eduardo García fue condenado ayer a una pena de cuatro años de prisión y a otra que lo inhabilita para ejercer la profesión por el plazo de ocho años. Un Juez Correccional lo halló autor de los “homicidios culposos” de los obreros Alfredo Carrizo y Héctor Chanquía. Esos decesos ocurrieron en agosto de 2013. Las víctimas, formando parte de una cuadrilla de la empresa “Korvial SRL”, estaban trabajando en la ampliación de la red cloacal en Villa Piazza Norte cuando se derrumbó la tierra de una de las paredes de la zanja en cuyo interior se encontraban. Además de esta condena de primera instancia para el encausado, el juez que intervino en el debate ordenó que la investigación iniciada por lo sucedido siga abierta, ante la posibilidad de que surjan más responsables por los decesos de ambos trabajadores.

 

 

El abogado Luis Conti, querellante en este proceso. Más atrás, las viudas de los trabajadores fallecidos en este hecho ocurrido en agosto de 2013. El ingeniero que fue condenado por ambos “homicidios culposos” no estuvo presente ayer cuando se leyó en la sala de debates la parte resolutoria del fallo.

NICOLÁS MURCIA
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El abogado Luis Conti, querellante en este proceso. Más atrás, las viudas de los trabajadores fallecidos en este hecho ocurrido en agosto de 2013. El ingeniero que fue condenado por ambos “homicidios culposos” no estuvo presente ayer cuando se leyó en la sala de debates la parte resolutoria del fallo. NICOLÁS MURCIA

“El acusado Víctor Eduardo García tenía bajo su dominio las pautas de evitabilidad del resultado, las que desatendió culposamente al no haber ajustado su obrar a las circunstancias de acción que le eran exigibles como director a cargo de la obra. Esa inobservancia determina una elevación del riesgo permitido, convirtiéndose en una infracción al deber de cuidado que tenía a su cargo el autor, todo lo cual permite caracterizar como imperito, negligente y antirreglamentario el accionar del imputado. La entidad de dicho quebrantamiento y su nexo directo de vinculación con el resultado me llevan a tener por demostrado que su accionar se convirtió en causal eficiente y determinante de producción del hecho aquí juzgado, siendo por tanto merecedor de reproche penal a título de culpa, como autor responsable en la comisión de la materialidad fáctica que he descrito oportunamente y en la cual fallecieran Alfredo Alejandro Carrizo y Héctor Osvaldo Chanquía”.

A esas y otras conclusiones arribó el juez Héctor Torrens en el fallo dado a conocer ayer a la mañana en Tribunales, resolución que condenó a cuatro años de prisión y a ocho años de inhabilitación para ejercer la profesión al ingeniero que estaba a cargo de la obra de ampliación de la red cloacal donde fallecieron los trabajadores Carrizo y Chanquía, hecho ocurrido en Villa Piazza Norte de esta ciudad el 8 de agosto de 2013.

Además de la condena para el ingeniero imputado -oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguay, de 58 años y con actual domicilio en Azul- la resolución del titular del Juzgado Correccional número 2 marcó otro aspecto más que importante relacionado con lo que fuera aquel hecho. Y en sintonía con lo pretendido en sus respectivos alegatos por el fiscal de este juicio -Marcelo Fernández- y por los abogados que bajo la figura del Particular Damnificado representaron en el debate a la esposa de uno de los obreros -Luis Conti y Soledad Digiano- el juez Torrens dispuso que esa Investigación Penal Preparatoria iniciada en su momento por lo sucedido desde la UFI 1 departamental, la misma que ahora está a cargo del ya mencionado fiscal, continúe.

“Más allá de que no es materia de decisión en este juicio la actuación de otras personas, como ya lo he explicado, el modo en que se han ido desarrollado las consideraciones en cuanto a la prueba de la autoría responsable del único acusado ha ido brindando pautas de determinados incumplimientos o situaciones irregulares que en cada caso se han señalado”, escribió el juez Torrens en el fallo. Y después agregó: “Determinar si la naturaleza y entidad de esas acciones u omisiones guardan relación con el resultado mortal a través de un adecuado nexo causal, o bien conforman otros hechos que podrían ser constitutivos de ilícitos, excede la posibilidad de actuación jurisdiccional en la presente causa, sin perjuicio de que oportunamente se habilitarán los pedidos de investigación requeridos por las partes”.

En ese contexto, aclaró: Sin perjuicio de ello, corresponde hacer constar que cualquier supuesto de accionar culposo o doloso de otra persona ajena al trámite procesal en curso, aún en la eventualidad de que con posterioridad se acreditara judicialmente, lo cierto es que tal situación no desplaza ni elimina ni excluye la culpa del imputado García”.

Y después, en la parte resolutiva de este fallo que se leyó ayer a la mañana sin que el ingeniero condenado estuviera presente, el juez dispuso que se obtengan copias de las actas del juicio y de la sentencia y que las mismas sean enviadas al fiscal General departamental Marcelo Sobrino. Todo eso, “en orden a la posible comisión de ilícitos por parte de otras personas respecto de quienes no se ha articulado persecución penal alguna en el desarrollo del presente proceso”.

Lo que quedó demostrado

“Ha quedado debidamente acreditado que el día 8 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 14 horas, en calle Lamadrid casi Industria de la ciudad de Azul el ingeniero Víctor Eduardo García, quien se encontraba a cargo de la dirección de una obra de extensión de la red cloacal que había sido licitada públicamente por la Municipalidad de Azul y adjudicada a la empresa Korvial SRL, no observó adecuadamente los reglamentos y deberes especiales de cuidado derivados de su propia profesión y de los pliegos de bases y condiciones que conocía por haber intervenido en la confección de la propuesta que obtuvo la licitación, al no adoptar la implementación de ningún recaudo especial de prevención ni del dispositivo de entibado para evitar el derrumbe de la excavación en pleno curso cuando así lo justificaban las características de ese tramo abierto de terreno”, señaló el juez al por demostrada la existencia del hecho materia de este juicio.

En las circunstancias antes referidas, aquel día se generó “el desmoronamiento de un gran volumen de tierra correspondiente a una pared lateral de una zanja de aproximadamente tres metros con cincuenta centímetros de profundidad, veintidós metros de largo y noventa centímetros de ancho”.

“Debido a dicha falta específica de previsión y diligencia del citado profesional, con el desprendimiento de tierra que cubrió completamente a los obreros de dicha empresa Alfredo Alejandro Carrizo y Héctor Osvaldo Chanquía, quienes se encontraban realizando su labor de colocación de caños en el interior de la zanja, sin protección apropiada ni sujetos con elemento alguno a la superficie, los nombrados fallecieron a consecuencia de la asfixia mecánica provocada por sus sepultamientos”.

Los obreros muertos aquel día en Villa Piazza Norte formaban parte de una cuadrilla de la empresa “Korvial SRL”, la constructora que -en medio de un proceso licitatorio cargado de irregularidades- había elegido la Municipalidad de Azul para llevar a cabo esa obra de ampliación de la red cloacal solventada con fondos del Gobierno Nacional.

Por ese entonces, la comuna estaba a cargo del intendente José Manuel Inza. Tres días antes a que se produjeran ambas muertes había estado en el lugar junto a funcionarios de su equipo de gobierno, en una llamada “visita para los medios” de la que también formara parte Nicolás Valicenti, definido como el titular de la constructora en el parte de prensa de la Municipalidad de Azul que daba cuenta de esa recorrida que el ex Intendente realizara el 5 de agosto de 2013.

En medio de escenas que testigos que pasaron por este juicio calificaron como “anárquicas” y “desesperantes”, cuando aquel mencionado 8 de agosto de 2013 los obreros fueron rescatados del interior de la zanja ya estaban sin vida. Héctor Osvaldo Chanquía había cumplido 35 años de edad cuatro días antes a que muriera. Y Alfredo Alejandro Carrizo tenía 40 años cuando falleció.

“Eran trabajadores que perdieron la vida cumpliendo las tareas que les ordenaron desarrollar y que las hicieron, evidentemente, en condiciones inapropiadas y sumamente riesgosas, sin contar con elementos adecuados que hubiesen permitido -por un lado- que el derrumbe no se produjera y -por otro- que, aunque ocurriese, contasen con algún sistema de sujeción que hubiese permitido rescatarlos con vida”.

“En esas circunstancias, jamás puede endilgárseles que hubiesen desplegado u omitido algún acto que pudiese ser entendido como la asunción de una conducta riesgosa que excluyese la responsabilidad de quien o quienes estaban obligados a desplegar todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de ellos y del resto de los trabajadores”, aclaró el juez Torrens también en el fallo.

Para el magistrado, más allá de los intentos de la Defensa Particular del ingeniero por desmentirlo, no quedaron dudas de que García era el responsable de la obra donde ambos trabajadores murieron.

“Múltiples fuentes probatorias confluyen para sostener la autoría y responsabilidad penal del ingeniero Víctor Eduardo García, quien por sus propios actos -tanto en la formulación de la oferta en la etapa licitatoria como en el comienzo de la ejecución de los trabajos tras la adjudicación y durante el desarrollo de los mismos- se ha colocado voluntariamente como la persona que asumió de hecho la dirección técnica y de seguridad de la obra de zanjeo y tendido del colector cloacal en el barrio Villa Piazza Norte de esta ciudad”, escribió al respecto.

Otras conclusiones

Al referirse al modo irregular en que esta obra se había iniciado, el titular del Juzgado Correccional número 2 escribió en otra parte de lo dispuesto: “Es cierto que el inicio de estos trabajos se efectuó de modo llamativamente informal, reñido con la necesidad de trasparencia y rigurosa documentación de todos los actos en los que es parte necesaria la Administración; más aún cuando el proceso licitatorio se había desarrollado según un pliego de bases y condiciones muy completo y detallado sobre múltiples cuestiones que, más allá de una redacción cansina y dificultosa de entender en aspectos de naturaleza técnica, debería tener por propósito -entre otros- la determinación de aquellos extremos que permitan prevenir o neutralizar los riesgos de este tipo de obras. Una situación de esa entidad puede llevar a pensar -no sin razón- que la despreocupación o el desinterés por cumplir esas reglamentaciones o por hacerlas cumplir, puede resultar habitual; y a que la naturalización de las mismas porque ‘nunca pasa nada’ o porque ‘no es necesario hacer todo eso’ no haga más que ignorar los riesgos e incrementar las posibilidades de que se produzcan”.

Sobre esta cuestión, no dejó de señalar -al contextualizar el inicio de esta obra donde fallecieron ambos trabajadores- que ese pedido de puesta en marcha de los trabajos bien podría haber tenido relación con “urgencias económicas de Korvial SRL” o “por necesidad de promoción de la gestión de gobierno en un año con inminente calendario electoral (elecciones primarias el 11 de agosto y nacionales el 27 de octubre)”.

Aquella obra de ampliación de la red cloacal comenzó el 2 de febrero de 2013, cuando aún la constructora ganadora de esa mencionada licitación no había formalizado con el Municipio “un acta administrativa de inicio” de la misma.

“Vale aclarar que ese inicio de obra, aún con esas falencias, no fue clandestino, toda vez que la Oficina de Infraestructura a través del Ingeniero Mancino se constituyó en el lugar en coincidencia con las primeras tareas preliminares sobre el terreno -tal como el mismo lo explicó- y el día 5 de agosto de 2013 se concretó en el lugar una recorrida para la prensa por parte del Intendente Municipal Dr. Inza y otros funcionarios del área -el Secretario Dr. Bolpe, el Director Arquitecto Toscano y el Ingeniero Mancino-, tal como todos los nombrados lo explicaron en el debate”.

“Queda fuera de toda discusión que en ese tramo en particular de la obra de zanjeo en curso, donde finalmente se produjo el derrumbe de tierra y el sepultamiento mortal de los obreros Alfredo Alejandro Carrizo y Héctor Osvaldo Chanquía, era absolutamente necesario que se colocara, antes de que los nombrados bajaran a la excavación -nótese que tampoco contaban con ningún elemento de sujeción personal que vinculara a cada uno de ellos a alguna estructura en la superficie-, un enmaderamiento o entibado que hubiese evitado o contenido debidamente el desmoronamiento de la pared lateral”, concluyó también el juez.

Y en otro tramo del extenso fallo referido a ambas muertes, fue categórico al sostener que “el hecho de que no hubiese ocurrido anteriormente un derrumbe y sepultamiento como el que motivara el inicio de esta causa no puede ser entendido en ningún caso como un aval o permiso indiscriminado para que no se adopten todas aquellas medidas preventivas que permitan asegurar la integridad personal y la vida de aquellos trabajadores que -quizás sin otras opciones ni posibilidades concretas de exigir protección- desarrollan a diario tareas en condiciones inapropiadas”.

“Las referencias posteriores a ‘trágicos accidentes’, ‘fatalidades’ o ‘desgracias’ solamente podrían servir para construir cierta tranquilidad o consuelo moral para quienes, pudiendo o debiendo hacer, no hicieron lo que correspondía”.

El dato 

Víctor Eduardo García fue condenado ayer en esta primera instancia como autor penalmente responsable del delito de “homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas -dos-“. Con relación a dicha figura, el juez aclaró que tuvo en cuenta el texto vigente a la fecha de ocurrido el hecho, ya que el Artículo 84 del Código Penal “ha sido objeto de una reforma legislativa reciente”, modificación que resulta “inaplicable al caso”.

“LO ÚNICO CLARO ACÁ ES QUE ESTABA TODO MAL  HECHO Y QUE ESTO SE PODRÍA HABER EVITADO” 

Gabriela Alzamendi y Karina Tiseira. Las viudas, respectivamente, de los trabajadores Osvaldo Chanquía y Alfredo Carrizo hablaron ayer de lo que fue ese fallo de primera instancia que condenó al ingeniero a cargo de la obra donde murieron ambos obreros.
NICOLÁS MURCIA

El abogado Luis Conti, que -junto a su colega Soledad Digiano- representó en el juicio que terminó ayer a Karina Tiseira, la viuda de Alfredo Carrizo, declaró después de conocido el fallo que por “la situación absolutamente trágica y lamentable que tuvieron que vivir las víctimas de este hecho y, fundamentalmente, sus esposas y sus respectivos hijos, ninguna sentencia va a conformar el dolor que una muerte de estas características genera”.

“De todas maneras -sostuvo-, el Juzgado ha aplicado la pena que pidió tanto la Fiscalía como el Particular Damnificado, de cuatro años de prisión más el doble de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. O sea, ocho años”.

En ese contacto mantenido con los medios en Tribunales después de conocido el fallo con veredicto condenatorio para el ingeniero que estaba a cargo de la obra cuando murieron los trabajadores, con relación a la resolución del juez Héctor Torrens el ex concejal destacó que “lo más importante es que remitió también las actuaciones a la Fiscalía General para que continúe con la investigación de las posibles comisiones de otros delitos conexos que surgieron a partir de la audiencia de debate”. 

Y más adelante, admitió: “Desde el punto de vista jurídico, de nuestra parte estamos más que conformes. La sentencia reflejó lo que todo el mundo observó en las audiencias de debate y lo que las víctimas padecieron durante esa jornada trágica de trabajo”.

“Esperemos ahora que se continúe investigando”, afirmó sobre lo que vendrá con este caso a través del cual “seguramente acompañaremos a los familiares de las víctimas en la continuidad de las acciones, en el marco de la nueva investigación penal que se abre a partir de este juicio”.

Gabriela Alzamendi, la viuda de Osvaldo Chanquía, uno de los trabajadores de “Korvial SRL” fallecidos, señaló ayer después de escuchada la sentencia algo que ya había dicho ni bien su esposo y Alfredo Carrizo murieron aquel 8 de agosto de 2013 en esa zanja donde realizaban tareas de extensión de la red cloacal: “Son dos muertes que se podrían haber evitado”.

Al igual que la otra viuda, Alzamendi presenció las cuatro audiencias que le dieron forma a este proceso que se había iniciado a mediados del mes pasado.

En ese contexto, volvió a apuntar contra algunos de los testigos que pasaron por el debate.

“Después de haber escuchado la sarta de cosas que se escucharon y no poder creer de parte de todos los que trabajan en la Municipalidad lo que dijeron, lo único claro acá es que estaba todo mal hecho y que esto se podría haber evitado”.

“El padre, a mis hijos, no se lo devuelve nadie. Cuatro años para calmar dos muertes, la verdad, no significan nada. Estamos tranquilos porque eso fue lo que había pedido el Fiscal. De mi parte queda un poco de alivio, pero cuatro años creo que no significan nada”, indicó finalmente.

Y al ser consultada Karina Tiseira, la viuda de Alfredo Carrizo, con relación a esa pesquisa que continuará abierta ante la sospecha de que hubo más responsables en las muertes de ambos obreros, la mujer sostuvo: “Eso esperamos, que la Justicia siga investigando a todos los culpables”.

ATENUANTES Y AGRAVANTES

En el fallo el juez Torrens mencionó diferentes circunstancias que valoró para condenar al ingeniero imputado.
NICOLÁS MURCIA

Además de rechazar el pedido de nulidad que la Defensa del ingeniero condenado en esta primera instancia requiriera con relación al acta de procedimiento policial confeccionada el día en que los obreros fallecieron, en el fallo el juez Torrens hizo alusión a otros aspectos para dar respuestas a los pedidos que las partes habían formulado durante los alegatos.

Así, mencionó como atenuantes a la condena que le impuso ayer a Víctor Eduardo García el hecho de que no registra antecedentes penales computables y “el buen concepto del que es merecedor”.

En cuanto a las circunstancias agravantes que derivaran en los decesos de los trabajadores Chanquía y Carrizo, tuvo en cuenta “la magnitud de la negligencia en la conducción de las actividades que estaban bajo su orden directa; el absoluto desinterés respecto de las condiciones en que se desarrollaban los trabajos y el menosprecio por la seguridad y la vida de los obreros que tenía a su cargo en la realización de una obra pública adjudicada a la empresa de la cual era Director Técnico por contrato vigente”.

Si bien en esta primera instancia el ingeniero fue condenado a una pena de cuatro años de prisión, el hecho de que ese fallo no está todavía confirmado -más aún si se tiene en cuenta que muy posiblemente sea recurrido por los abogados defensores del encausado: los Drs. Osvaldo Bolpe y Carlos Saparrat- el juez que intervino en este debate consideró “conveniente” imponerle a García una serie de pautas de conducta “hasta tanto este pronunciamiento se encuentre firme o, al menos, satisfaga la garantía del doble conforme”.

De esa manera, el profesional oriundo de la provincia de Entre Ríos deberá comparecer “una vez al mes -entre los días 1 al 10- en la seccional policial más próxima a su domicilio, donde deberá confeccionarse en cada ocasión un acta en la que constará la fecha y horario de la presentación, como así también el domicilio real del encausado, que no podrá modificar sin previo aviso a este órgano jurisdiccional, todo ello bajo apercibimiento legal”.

 

 

 

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