LIBERTAD RELIGIOSA Y ACUERDO CON EL VATICANO EN LA AGENDA DE MACRI

El Gobierno consiguió la “bendición” de la Iglesia para avanzar en la redacción del proyecto de ley de Libertad Religiosa, que reconoce derechos a los credos antes garantizados exclusivamente a los católicos y dispone nuevas protecciones legales a las prácticas de fe.

Una iniciativa que el Poder Ejecutivo pretende enviar al Congreso apenas se inicie el período ordinario de sesiones y que, de aprobarse, echará por tierra la norma legal vigente desde la última dictadura militar.

El avance de la propuesta gubernamental reivindica el antiguo reclamo de los evangélicos para que no sólo haya una mayor libertad religiosa, derecho por el que Argentina es reconocida en el mundo, sino una efectiva igualdad de cultos. Una promesa de campaña que Mauricio Macri le hizo a las federaciones de iglesias cristianas.

La secretaría de Culto de la Nación, a cargo de Santiago de Estrada, ya hizo una ronda de consultas en busca del consenso de los principales credos del país, mientras académicos y organizaciones sociales cuestionaron que no fueron llamados a debatir el proyecto y reclamaron que se avance en la separación de Estado e Iglesia.

El punto clave del proyecto oficial es el cambio en el Registro Nacional de Cultos, vigente desde 1978 mediante decreto ley 21.745, cuya inscripción legal pasará de ser obligatoria a voluntaria. Un sistema que era fuertemente cuestionado por los evangélicos, que lo consideraban “un fichaje prontuarial” para saber quién es quién en el ámbito religioso.

Pese a que no será obligatorio anotarse en el Registro Nacional de Entidades Religiosas, tal su futura denominación, hacerlo otorgará una personería jurídica especial, en coincidencia con el nuevo Código Civil.

El nuevo status permitirá a las entidades religiosas acceder a exenciones impositivas y otros beneficios como el no embargo de templos, la restricción de prestar juramento según fórmulas que violenten sus creencias o la no obligatoriedad de los clérigos a declarar sobre hechos que hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio.

Asimismo, prevé facilitar el ingreso de referentes no católicos a cárceles, hospitales y dependencias militares, y garantizar el derecho a negarse a recibir una trasfusión de sangre, como ocurre con los Testigos de Jehová, y a la objeción de conciencia de los profesionales médicos a practicar un aborto por creencias religiosas.

La mera versión sobre el proyecto de reforma de la normativa vigente puso en alerta a los obispos católicos, que pidieron a funcionarios nacionales que den “detalles” sobre los cambios legales previstos.

Fue así que Estrada, el subsecretario de Culto Alfredo Abriani y el asesor Octavio Lo Prete, puntualizaron los objetivos de la futura ley de Libertad Religiosa ante la veintena de prelados que participaron de la reunión de diciembre de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside monseñor José María Arancedo.

En este mismo contexto, obispos y funcionarios conversaron sobre la posibilidad de impulsar un nuevo Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado argentino para “actualizar” el vigente desde hace cincuenta años.

El mal llamado “concordato” es el que regula las relaciones entre la Santa Sede y los estados nacionales, en materias de mutuo interés, entre ellas la creación de diócesis, el nombramiento de obispos, y la convocatoria de congregaciones religiosas.

El Acuerdo bilateral, que rige desde 1966 y fue suscrito durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, fue respetado puntillosamente en estos años, a excepción del episodio de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner echó en forma unilateral al obispo castrense Antonio Baseotto.

En aquella oportunidad, la Santa Sede desconoció en una comunicación oficial la autoridad del mandatario argentino para remover al prelado militar, y negó que las palabras de Baseotto para oponerse al aborto hayan connotado a los denominados “vuelos de la muerte” de la dictadura militar, como fundamentó el gobierno en el decreto revocatorio.

Aunque no se lo planteó en forma explícita, y el conflicto quedó sin resolverse, por lo que no se designó desde entonces a un nuevo obispo castrense, dentro y fuera de la Iglesia quedó la sensación de que el gobierno kirchnerista había rescindido, o al menos violentado, el Acuerdo.

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