ENFOQUE

Los derechos de todos

Por este medio quiero expresar mi repudio a la promulgación del Decreto N° 179 del 16 de febrero pasado que anuló el Decreto N° 504 dictado por el ex intendente José Inza el año pasado mediante el cual suspendió preventivamente y sin goce de haberes al sindicalista Omar René Varela, luego de que éste fuera condenado por la justicia a cinco años de prisión por los delitos de estafa y defraudación. En el decreto ahora anulado, también se instruía a la entonces Subsecretaría Legal y Técnica para que tramitase la exclusión de la tutela sindical de Varela, como paso previo para cesantearlo.

Ahora, al dejarlo sin efecto el actual Intendente instruyó también a la Subdirección de Sueldos de la Municipalidad para que se le liquiden los haberes que no le fueron abonados a Varela durante la suspensión, esto es retroactivo a marzo de 2015.

Los fundamentos alegados por el Sr. Intendente: “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo” y remarca que la tutela sindical consiste en que los representantes gremiales no pueden ser “suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía”.

Inmediatamente, el decreto firmado por Bertellys y Vieyra establece que los dos decretos de Inza “constituyen una violación flagrante de la garantía sin sustento legal, doctrinario o jurisprudencia alguna”.

Es verdad que los cuestiones formales o de procedimiento deben ser atendidas, pero los aspectos de fondo como lo  estatuido por la  LEY 14656 en el ARTÍCULO 107. “Podrán sancionarse hasta con cesantía: Inc 8. La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso”, deben estar por encima de los formales cuyos vicios pueden corregirse.

¿Sr. Intendente, no es más claro, indudable, evidente, notorio, obvio, patente, y público   ser condenado por la justicia a cinco años de prisión por los delitos de estafa y defraudación? ¿A los habitantes de Cacharí, no se les vulnera el derecho a la salud, cuando el Departamento Ejecutivo no le gira los fondos que cobra en concepto del “Legado de Mancusso”, lo que está establecido por Ordenanza? ¿A los médicos del Hospital de Cacharí que no se les abona lo acordado, no se le está violando ningún derecho? ¿A los habitantes, contribuyentes del Partido de Azul cuyas calles y caminos están intransitables no les ampara ninguna protección legal? ¿A todos  los demás empleados municipales que no tienen la idiosincrasia, “poder” o “recursos” de judicializar la protesta, no se los excluye del amparo legal?

Lo expuesto no agota todos los desamparos que sufren los habitantes, empleados, proveedores y contratista del Municipio de Azul. Si bien es cierto que el Municipio de Azul está con la cuentas al rojo, pero debería haber igualdad en la atención de los reclamos por la conculcación de los derechos.

Sr. Intendente: es deseable que con la misma celeridad que custodia los derechos de  Omar René Varela, también  lo haga con los derechos de todos los habitantes del Partido Azul.

 

Manuela R. Arrarás

Concejal UCR Cambiemos

 

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