DESDE EL FRENTE RENOVADOR DE AZUL

Luz: un proyecto de ordenanza y un pedido de control

Pablo Peluffo indicó que “queremos es que el Ejecutivo trate de llevar un control de lo que se hace”, en el marco del Fondo de Alumbrado Público. Según señaló Peluffo, en próximas sesiones presentarán un proyecto de ordenanza relacionado a la tarifa eléctrica de interés social.
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Pablo Peluffo indicó que “queremos es que el Ejecutivo trate de llevar un control de lo que se hace”, en el marco del Fondo de Alumbrado Público.

Pablo Peluffo es dirigente del Frente Renovador. Dentro de ese espacio está trabajando en un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera a una ley provincial que beneficiará a un grupo importante de usuarios y también en el pedido al Ejecutivo para que haga un seguimiento sobre el cumplimiento del Fondo del Plan de Alumbrado Público. “Es necesario que la administración sea más eficiente, porque tiene los recursos y la estructura está, de hecho han creado varias direcciones y nombrado a muchos funcionarios”, sostuvo.

El dirigente del Frente Renovador y secretario de ese bloque en el Concejo Deliberante, Pablo Peluffo, habló con este diario para informar que está trabajando en un proyecto de ordenanza que se presentará en próximas sesiones, relacionado con la tarifa eléctrica de interés social. Además, señaló que también estudian presentar distintos pedidos de informe para que se haga un control sobre la ordenanza que aprobó el Fondo Especial Plan Municipal de Alumbrado Público.

 

Fondos y adicionales  

En un principio, Peluffo indicó que desde el espacio del que forma parte “buscamos  adherir a la ley 12.698 que establece la quita de impuestos nacionales y provinciales en la factura eléctrica, lo que beneficiaría en forma importante a un número de usuarios”.

Añadió que “es una ley provincial que dice que las distribuidoras eléctricas podrán otorgar a sus usuarios con escasos recursos encasillados en la tarifa residencial, no para los comercios, un subsidio del 40 por ciento hasta un tope máximo de 150 kw y también la quita de los impuestos”.

En lo que hace a los impuestos que se pagan con la factura eléctrica, la ley a la que se busca adherir establece una reducción total y transitoria de las alícuotas de los impuestos creados por los Decretos Leyes 7.290/67 y 9.038/78.

El primero de ellos es el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires que fue creado en 1967 y debe destinarse a costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones que resulten necesarias para reestructurar, completar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes.

El segundo, es un adicional del 3 por ciento que pagan todos los usurarios sobre el total facturado para financiar la Central de Acumulación de Bombeo de Laguna La Brava y la radicación de una central termoeléctrica en el área de Bahía Blanca.

Sobre esto, Peluffo indicó que “la central termoeléctrica ya se construyó y la de Laguna La Brava es una obra que se desestimó, sin embargo seguimos pagando ambas. Estos son dos de los reclamos que vamos a hacer, junto con la quita del Fondo para Santa Cruz”.

En lo que hace al Fondo de Desarrollo Eléctrico, marcó que “como el servicio de energía se tercerizó, no tiene sentido que lo estemos pagando”.

Paralelamente, dijo que “otro de los planteos que estamos viendo si hacemos, es ir por la quita del IVA porque la electricidad es un servicio básico”, aunque esto no se encuadraría en la adhesión a la ley 12.968.

 

Control de la ordenanza de alumbrado público 

En el ámbito local, en el año 2010 se aprobó la ordenanza 3.000 que creó a partir del 1º de enero de 2011 el Fondo Especial Plan Municipal de Alumbrado Público para Azul, Chillar y Cacharí, constituido por un cargo fijo que abonan todos los usuarios de energía como Contribución por Mejoras.

Entre otras obras a realizar con lo que se recauda, la ordenanza establece que se deberán cambiar las luminarias, proveer columnas de alumbrado a las tres localidades, iluminar plazas, parques, paseos públicos y también en “zonas industriales de Azul, Cacharí y Chillar”.

Sobre esto, Peluffo indicó que “vamos a pedir que se haga un seguimiento sobre el cumplimiento de las distintas etapas de la ordenanza 3.000, porque es un recargo interesante que tenemos en el servicio local. Lo que queremos es que el Ejecutivo trate de llevar un control de lo que se hace”.

Advirtió que “la gestión anterior nunca hizo un seguimiento sobre las obras, inclusive llegó a pedirle el dinero que se recaudó para pagar otras cosas, una locura”, recordando aquella solicitud que el entonces intendente José Inza hizo a la Cooperativa Eléctrica -que es la que recauda- para que le girase, en préstamo, los más de 5.000.000 de pesos recaudados en ese concepto. Cabe señalar que desde la CEAL se le negó el pedido.

Volviendo sobre el tema en cuestión, el dirigente señaló que “desde nuestro espacio vamos a hacer un seguimiento de la ordenanza, pero es necesario que también lo haga el Ejecutivo”.

Consignó que “es importante que se realicen los controles correspondientes, por esto vamos a presentar pedidos de informe para que el Ejecutivo informe al Concejo Deliberante qué obras se están haciendo”.

Por último, remarcó que es necesario que la administración sea más eficiente, porque tiene los recursos y la estructura está, porque de hecho han creado varias direcciones y nombrado a muchos funcionarios.


QUÉ DICE LA LEY

En el año 2002, las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia aprobaron la Ley 12.698, que es sobre la que se está trabajando para que el municipio de Azul adhiera. Algunos tramos de la legislación:

El artículo 1° establece que “las distribuidoras eléctricas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, podrán otorgar a sus usuarios residenciales con escasos recursos, existentes o futuros, encasillados en la tarifa residencial T.I.R., imposibilitados de acceder o mantener el servicio eléctrico mínimo, tarifas 40 por ciento inferiores a las que sean reguladas en cada período hasta 150 kwh mensuales, la que se denominará Tarifa eléctrica de interés social (T.E.I.S.)”.

Asimismo, el artículo 4° advierte que “se reduce total y transitoriamente las alícuotas de los impuestos creados por los Decretos Leyes 7.290/67 y 9.038/78 y sus modificatorias, a los usuarios residenciales que reúnan las características propias de los encasillados en la tarifa residencial T.I.R. y alcanzados por el artículo 1° de la presente ley, cuando la reducción efectiva de la tarifa neta aplicada por el prestador resulte del 40 por ciento”.

Luego se explica que los municipios podrán adherir a esta ley sancionando ordenanzas respectivas, reduciendo total y transitoriamente las alícuotas mencionadas y a las tasas de alumbrado público.

A su vez, se advierte que las comunas que adhiera deberán conformar una Comisión de Evaluación Distrital que deberá contar como mínimo con un representante del Departamento Ejecutivo, un representante por cada bloque de concejales, integrantes del Concejo Deliberante, un representante de la empresa prestataria de energía y dos representantes de instituciones comunitarias a elección del Concejo.

Esa Comisión deberá recibir y evaluar las solicitudes que se presenten, según el informe socioeconómico realizado por el Departamento de Asistencia Social Municipal. También, será la encargada de consensuar la cantidad de usuarios que se beneficiarán con la Tarifa Eléctrica de Interés Social, según el artículo 1º de la ley.

 

 

 

 

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