ENFOQUE

María Cristina Santillán: la sociedad es responsable

Una imagen de un juicio que sigue mañana. En la audiencia de cesura, las partes darán a conocer qué penas pedirán para Cristina Santillán.Cristina Santillán y Diego Fernández, uno de sus defensores oficiales. El Defensor General le dijo a este diario, el mismo día de anunciado el veredicto, que apelará ante Casación este fallo de primera instancia.Laura Margaretic, la fiscal del caso. Representó en el juicio a quien el jurado popular que declaró “culpable” a Santillán consideró que fue víctima de lo sucedido.
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Cristina Santillán y Diego Fernández, uno de sus defensores oficiales. El Defensor General le dijo a este diario, el mismo día de anunciado el veredicto, que apelará ante Casación este fallo de primera instancia.

El veredicto por el que un jurado popular declaró “culpable” a la enfermera y se traducirá en una condena para ella todavía puede ser revertido en una segunda instancia por la misma Defensa Oficial que, recién ahora, encuadra a lo sucedido en un contexto de violencia de género.

Escribe: Fabián Sotes De la Redacción de EL TIEMPO – fsotes@diarioeltiempo.com.ar

Los juicios con jurados, un sistema de juzgamiento que va haciendo camino al andar y que sigue dejando muchas aristas que todavía están a la espera de ser pulidas para terminar de convertirlos en algo efectivo, han derribado un mito.

A esta altura y en ese contexto, ya no se puede decir que los culpables de las condenas o las absoluciones que en formato de veredicto les imponen a los imputados son responsabilidades de los jueces.

Ahora, ese compromiso de subir o bajarle el pulgar a un acusado de un delito es pura y exclusiva potestad de la sociedad en la que esos procesos se llevan a cabo. Tengamos como ejemplos más recientes para eso, desde que la ley se aprobó, la provincia de Buenos Aires. Y, de una manera más acotada en cuanto a límite geográfico, esta ciudad cabecera de un departamento judicial.

A través de un grupo integrado por doce ciudadanos, la sociedad se convierte ahora en juez. Y no en juez de cualquier caso, ya que la ley señala que esa sociedad debe intervenir en hechos de los considerados graves, que casi siempre suelen estar ligados a homicidios o abusos sexuales calificados, entre otros ilícitos que contemplen las escalas de posibles penas de prisión ya mencionadas.

En ese contexto, la decisión de un jurado popular toma un valor supremo. Y esa característica tuvo el proceso más reciente desarrollado en los Tribunales de Azul y que todavía no ha finalizado: el de la enfermera María Cristina Santillán.

A la mujer, ayer sábado cuando el reloj ya marcaba que era alrededor de la hora una, no la condenaron por el ilícito por el que en principio llegó acusada a este proceso: haber matado a su esposo.

La declararon “culpable” de haberle provocado gravísimas lesiones a su marido, heridas que lo dejaron en un estado prácticamente vegetativo hasta que murió en mayo de 2015, después de que ocho meses atrás Santillán le aplicara al menos tres golpes en la cabeza con un hacha, definida en el contexto del debate por uno de los varios testigos que declaró como “un arma impropia”, ya que en principio a un elemento de estas características se lo utiliza como una herramienta.

Ese jurado popular integrado por seis varones y seis mujeres -es decir, equilibrado desde el punto de vista de los géneros- concluyó también, con ese encuadre que le dio a lo sucedido alrededor de la hora 3.30 del 16 de septiembre de 2014 en esa casa de Villa Piazza Centro de esta ciudad donde el matrimonio convivía, que no hubo un nexo causal directo entre la agresión que lo ubicó como víctima a Ricardo Orlando Hernández y su posterior deceso, ocurrido el 30 de mayo de 2015, cuando el hombre tenía 61 años y estaba en un geriátrico.

La calificación que el jurado le dio al hecho estuvo encuadrada en una de las pretensiones que en forma subsidiaria planteó la Defensa de la enfermera, que en principio llegó a este debate con la idea de que María Cristina Santillán fuera declarada “no culpable” y que eso, además de su absolución, se tradujera en su inmediata liberación, teniendo en cuenta que está a punto de cumplir tres años presa en el marco de una medida cautelar que la tiene actualmente privada de la libertad en su casa.

Un relato, el juicio

Si se toma en cuenta a la mayoría de la gente que presenció como público el debate y a la que desde el martes pasado hasta las primeras horas del día de ayer se instaló en la puerta de Tribunales para seguir el proceso, esa declaración de culpabilidad podría leerse como una decisión contraria a la idea que muchas de esas personas aún sostienen: que Cristina es inocente.

Más allá de los que día tras día presenciaron el proceso y tuvieron un acercamiento concreto a las alternativas del caso a través de las versiones que iban surgiendo de los diferentes testigos -hubo, por ejemplo, quienes hablaron de una relación enfermiza que el matrimonio sostenía, traducida en situaciones de violencia que eran mutuas-, la gran mayoría de la sociedad lo siguió a través de los medios de comunicación.

Y desde antes, tuvo un acercamiento a este caso de la mano de un relato -también mediático y con especial énfasis en las redes sociales- donde aquellos que aún hoy siguen considerando a Santillán ajena a reproche penal alguno formaron una opinión que dista bastante de lo que el jurado popular, integrado por doce civiles que bien podrían haber sido cualquiera de las personas que ahora está leyendo esta nota, sostuvo.

En el contexto antes referido, no se tuvo el debido acercamiento a una “foto” que, incluso, fue mucho más amplia que aquella que la propia Defensa oficial de la acusada le reprochó a la Fiscalía que había tenido de lo sucedido.

En varias ocasiones, durante el juicio, los abogados de la enfermera le endilgaron a la acusación que se quedaba sólo con aquello que efectivamente pasó aquel ya referido 16 de septiembre de 2014. O sea, que la Fiscalía no había tenido la perspectiva para enfocar el caso en ese contexto de violencia de género en el que la mujer estuvo inmersa durante cuatro décadas.

Si bien a eso lo dijeron varios testigos y también la propia Santillán, al momento de pronunciar sus palabras finales antes de que se anunciara el veredicto que la declaró “culpable”, lo concreto fue que el jurado popular fue mucho más allá.

Se quedó con otra foto. Una imagen donde consideró -lejos de presiones, de la mano de sus sinceras convicciones y teniendo en cuenta los elementos con los que contó en el debate- que la violencia de género por sí sola no la excluía a la enfermera de 59 años de ese reproche penal por el que fue declarada “culpable” de provocarle esas ya referidas lesiones gravísimas a su esposo.

En medio de todo ese contexto previo y propio del juicio, donde las voces que más se escucharon fueron aquellas que pedían por la absolución y liberación de la enfermera, estuvo Laura Margaretic.

Desde otro lugar, por cierto. Desde el lugar que le corresponde como integrante de un Ministerio Público Fiscal. Es decir, convertida en representante de las víctimas, algunas de las cuales después no pueden hablar porque están muertas.

Erróneamente, aquellos que apoyan la causa Santillán le atribuyen responsabilidad en lo sucedido. Y en ese contexto, equivocado por cierto, la funcionaria judicial no la pasó para nada bien cuando abandonó Tribunales ayer, en medio de gente que la increpó.

¿Y la Defensa?

Si bien es fácil hablar con “el diario del lunes”, cuando los hechos ya se consumaron, no hay que dejar de reconocer que la Defensa Oficial que ahora insiste en encuadrar a lo sucedido con Cristina Santillán y su esposo en un marco de violencia de género es la misma que se convirtió en la primera representante legal de la mujer, allá cuando en septiembre de 2014 el hecho se produjo.

En aquel entonces el Dr. Diego Fernández, defensor General que ahora se convirtió en la voz cantante de este caso en nombre de la enfermera, era también el jefe de todos los defensores oficiales del Departamento Judicial de Azul.

Pero en ese tiempo, ese enfoque del caso dentro de un contexto de violencia de género no apareció. Y Santillán, después de que la misma noche de ocurrido el hecho fue aprehendida, llegó incluso a estar en la cárcel con prisión preventiva confirmada. Y fue otro abogado -Germán Senn, un defensor Particular- el que tiempo después le consiguió una morigeración a esa medida cautelar que actualmente le permite a la imputada estar presa en su casa.

En esa época, desde la propia Defensoría General tampoco hubo una adecuada “foto” del hecho.

Vale reiterar el concepto, ya que acá no se trata de pontificar ni nada que se le parezca. Se trata, tan sólo, de compartir algunas reflexiones con relación a este caso: todo ese tiempo que pasó sin darle al hecho ese enfoque recién introducido a principios de este año podría haber torcido sustancialmente el rumbo de la situación procesal de la enfermera.

De hecho, en el juicio ocurrió, ya que al momento de las instrucciones finales que le fueron dadas al jurado la Fiscalía terminó haciendo un solo pedido y por un delito menos grave en comparación a aquel otro con el que llegó acusada a este proceso: que en caso de que la declararan culpable, esos ciudadanos la consideraran a Santillán autora de un “homicidio agravado por el vínculo” en el que existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación” ligadas a ese ya referido contexto de violencia doméstica y de género que sufrió a manos de su esposo. Un hombre cuyo perfil fue reconstruido en el debate a través de diferentes versiones. Testimonios que, en su mayoría, lo ubicaron lejos de ser un padre o un esposo ejemplar.

En este caso en particular, es bueno tener en claro también que el juicio no fue por un caso de violencia de género. El juicio que todavía se está haciendo es -ahora que el jurado definió al hecho como un caso de “lesiones gravísimas”– por una situación donde una mujer golpeó con un hacha a su marido y lo hirió, un hecho ocurrido cuando el hombre estaba acostado y durmiendo en una cama.

Al respecto, cuando a principios de este año ese equipo de defensores oficiales asumió la representación formal de Santillán en el caso, al momento de acordarse con la Fiscalía las estipulaciones probatorias que después fueron tratadas en el debate que sigue mañana una de las cuestiones en las que se hizo especial énfasis pasó por no dejar sentado por escrito que Hernández estaba durmiendo cuando Santillán lo agredió.

Además, teniendo en cuenta ese enfoque sobre la violencia de género que la Defensa Oficial le quiso dar a lo sucedido, se logró postergar el inicio del juicio, que tenía como segunda fecha probable y después descartada la del pasado mes de abril. Para Santillán, eso se convirtió en una manera de garantizar su derecho a una adecuada defensa en este proceso, teniendo en cuenta que días antes a que esa segunda fecha del juicio llegara tuvo nuevos representantes legales.

En contra de la violencia, siempre

A esta altura de la nota, por sí hay que aclararlo, las luchas a favor de la mujer y en pos de que dejen de ser víctimas de casos de violencia de género serán siempre apoyadas y difundidas desde este medio.

A modo de antecedente de eso, basta apelar a los archivos de EL TIEMPO para sostener con hechos esto que ahora una vez más vuelve a mencionarse, que por lo escuchado y visto en el juicio la ubica como víctima a Cristina Santillán; pero que por lo que se refleja casi de una manera habitual -lo que no deja de ser alarmante, por cierto- también tiene como víctimas a otras tantas mujeres de esta sociedad.

Una de las preguntas que se les hicieron a varios de los testigos en el juicio fue “qué es el Estado”, teniendo en cuenta las diferentes versiones que surgían sobre lo que el propio Estado -concretamente en este caso desde el Poder Judicial- hacía o dejaba de hacer con relación a la lucha para combatir el flagelo de la violencia de género.

Lo evidente es que el Estado no puede legitimar la violencia como modo de solucionar los conflictos. Y el veredicto dejó en claro eso. Un saludable síntoma para esta sociedad de la que también forman parte quienes integraron el jurado para este proceso.

Ahora, ya el Estado no es el responsable de la situación de Cristina Santillán. Es la sociedad. La misma que entendió, a través de los ciudadanos que conformaron el jurado para este debate, que la enfermera debe responder penalmente por haber agredido a su esposo.

Una decisión que, más allá de que a algunos les parezca adecuada o no, tiene rango de soberana y fue tomada por esos doce representantes del pueblo convertidos circunstancialmente en el jurado de este juicio.

Una decisión que todavía, a pesar de todo ese tiempo que pasó desde que este caso transitaba por sus primeras instancias, esa misma Defensa Oficial, de la mano de un convencimiento que ahora aparentemente recién tiene, está a tiempo de revertir ante una segunda instancia: que lo que le pasó a Cristina Santillán estuvo enmarcado en un contexto de violencia de género por el que no debió ser declarada “culpable”.

 

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