LOS IMPUTADOS SE HABÍAN NEGADO A DECLARAR

Mujer denunció que su madre y su padrastro la mantuvieron internada contra su voluntad

De acuerdo con lo investigado, el caso ocurrió en esta ciudad durante el año 2011. Una fiscal ya formuló la requisitoria de elevación a juicio del expediente penal que instruyó. Esa causa está caratulada como “privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia, por causar grave daño a la salud de la víctima y por la calidad especial del autor”. Los presuntos coautores son una bioquímica azuleña y su pareja: un médico psiquiatra. El sumario involucra también entre los procesados, pero en carácter de “partícipes necesarios”, a dos médicos más.

 

 

El médico psiquiatra Juan Aspitarte y su pareja, la bioquímica Graciela Bardelli, acusados de una “privación ilegal de la libertad agravada”. 
NACHO CORREA/ARCHIVO/EL TIEMPO
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El médico psiquiatra Juan Aspitarte y su pareja, la bioquímica Graciela Bardelli, acusados de una “privación ilegal de la libertad agravada”. NACHO CORREA/ARCHIVO/EL TIEMPO

Una fiscal que instruyó una causa penal donde una mujer denunció que su mamá y su padrastro la mantuvieron cautiva durante varios días, al haberla internado por la fuerza y contra su voluntad en diferentes centros asistenciales, formuló la requisitoria de elevación a juicio de ese expediente judicial.

El hecho que fuera materia de esa Investigación Penal Preparatoria involucra también a un médico y a una médica psiquiatra, según consta en el sumario que sustanció desde la Unidad Funcional de Instrucción número 2 de Azul la fiscal Laura Margaretic.

En esa requisitoria de elevación a juicio del expediente que días atrás hiciera la funcionaria judicial, figuran como imputados Graciela Esther Bardelli, una bioquímica azuleña de 59 años, y su esposo y -a la vez- padrastro de la denunciante, llamado Juan José Aspitarte, un médico psiquiatra oriundo de Bahía Blanca que tiene 58 años.

También fueron procesados una médica psiquiatra identificada como Natalia Soledad Ana Agreda, oriunda de la provincia de Córdoba, con actual domicilio en Azul y de 41 años, y un médico llamado Fernando Marcelo Migliavaca, nacido en Huanguelén, Partido de Coronel Suárez, y de 48 años.

En el marco de esa causa penal que instruyó y recientemente solicitó que sea convertida en materia de un juicio, la fiscal titular de la UFI 2 acusa a las cuatro personas anteriormente mencionadas del delito privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con violencia, por causar grave daño a la salud de la víctima y por la calidad especial del autor.

A Bardelli y Aspitarte la funcionaria judicial los sindica como coautores de esa “privación ilegal de la libertad”. A los demás médicos, en tanto, los considera “partícipes necesarios” de ese mismo delito.

Como víctima y denunciante del caso figura una mujer llamada Paula Flammini, hermana de la joven que fuera asesinada en Gualeguaychú en ocasión de que había concurrido a un recital que Carlos “Indio” Solari brindara en esa ciudad de la provincia de Entre Ríos en abril de 2014.

La requisitoria de elevación a juicio de la causa penal había sido formulada días atrás por parte de la fiscal titular de la UFI 2. En este caso, ante el Juzgado de Garantías número 2 que está a cargo del Dr. Federico Barberena, juez que ahora debe resolver si da lugar a la solicitud o la rechaza.

El caso

En ese expediente, con el grado de certeza requerido hasta el momento para pedir la elevación a juicio, la fiscal dio por probado que Flammini estuvo privada de la libertad desde el 23 de noviembre de 2011 hasta el 7 de diciembre de ese mismo año. Y sindica como los autores de esa privación ilegal de la libertad a la madre de Flammini y al padrastro de la denunciante.

La fiscal indicó que en las fechas antes mencionadas existió “un plan previamente pergeñado” para que la denunciante fuera privada ilegítimamente de su libertad.

En este caso, “disponiendo su internación psiquiátrica forzosa, en franca contravención a la normativa vigente en la materia”.

En lo que se relaciona con la descripción de los hechos que la titular de la UFI 2 ha dado por probados, señaló también en esa requisitoria de elevación a juicio a la que tuvo acceso EL TIEMPO que “para consumar tal ilícito” el matrimonio conformado por Bardelli y Aspitarte contó “con la participación necesaria” de los médicos Agreda y Migliavaca.

Todo comenzó, según consta en el expediente penal, cuando Flammini fue citada al Parque Municipal de esta ciudad, el pasado 23 de noviembre de 2011 en horas de la tarde.

La madre de la denunciante la había citado para que en ese lugar hablaran sobre cuestiones de índole familiar, según se indica en la causa penal.

Pero de acuerdo con el testimonio de la propia Flammini y de otras versiones de testigos que también están incorporados a la investigación, en el Parque su madre convocó a la Policía, señalando “falsamente” que su hija estaba intentando suicidarse.

Eso se tradujo en que aquel día Paula Flammini fuera trasladad a la sede de la comisaría primera local, y que desde esa dependencia policial un médico que la examinó la derivara “en consulta” al Servicio de Psiquiatría del Hospital Pintos.

En ese centro asistencial la atendió la médica Agreda, quien -según sostiene la fiscal Margaretic- “actuando en connivencia y bajo las indicaciones que le fueron impartidas por el Dr. Juan José Aspitarte -pareja de la encartada Graciela Esther Bardelli y médico psiquiatra-, dispuso su internación compulsiva, en franca violación al procedimiento establecido para estos casos por la ley de salud mental vigente”.

Además, la fiscal indicó en torno a esa situación de internación forzada que la medida no fue comunicada a un juez competente de acuerdo a lo que marca la ley, “sin remitir tampoco los antecedentes del caso” en el plazo que se requiere, que es de 48 horas.

“Internación ilegal”

De esa manera, Paula Flammini “permaneció internada en contra de su voluntad en el Hospital Municipal de Azul, donde se le suministró medicación psiquiátrica hasta el día siguiente, fecha en la que -bajo el arbitrio y decisión de los encartados- fue derivada al Hospital Municipal de Coronel Suárez”, siguió diciendo la fiscal al referirse a los hechos materia de esa investigación penal que llevó adelante.

En ese otro centro asistencial la mujer fue recibida por el tercero de los médicos procesados, Migliavaca, que por entonces era el director interno de aquel hospital.

Según la Dra. Margaretic, en aquellas circunstancias ya referidas, Migliavaca actuó “en colaboración” con Aspitarte y “también en violación a la normativa vigente”, al avalar “la internación de la víctima en el nosocomio a su cargo”.

Además, “permitió que la misma se prolongue hasta el 1/12/2011, siendo que el día 25/11/2011, en su carácter de Director del Hospital referido, comunicó falsamente al Juez titular del Juzgado de Garantías que estaba interviniendo en la acción de habeas corpus promovida a favor de la víctima, que la internación de Paula Flammini había sido dispuesta por el titular del Juzgado de Familia de Azul, constituyendo así a que la internación ilegal que sufría Paula Flammini no encuentre reparo jurisdiccional”.

Posteriormente la mujer, el 1 de diciembre de aquel año 2011, fue trasladada al Instituto de Hermanas Misioneras que está en Coronel Suárez, donde siguió “internada, medicada y privada ilegítimamente de su libertad, bajo seguimiento del encartado Aspitarte, quien por entonces se desempeñaba allí como médico psiquiatra y en tal carácter supervisó la medicación suministrada a la misma durante toda su internación en los distintos nosocomios, siendo que finalmente el día 7 de diciembre del año 2011, y tras quince días de internación ilegal, Paula Flammini recuperó su libertad por orden del juez de Familia interviniente, Dr. Federico Berlingieri, quien dispuso su externación inmediata, todo lo cual generó un grave daño en la salud psicofísica de la víctima de autos…”, señaló la fiscal Margaretic en la requisitoria de elevación a juicio del sumario penal.

A modo de conclusiones señaladas por la titular de la UFI 2 con relación al caso, en la requisitoria que formulara días atrás sostuvo que el encuentro que Paula Flammini tuvo en el Parque con su mamá -una de las imputadas, la bioquímica Bardelli- “fue planificado y formaba parte de un plan previamente diseñado para que, una vez allí, convocar a personal policial y, con el argumento de que Paula intentaba atentar contra su integridad física, lograr su traslado en primer lugar hacia la seccional policial y luego al nosocomio local”.

En ese lugar la fiscal ubicó a Aspitarte “haciendo uso y abuso de su cargo y profesión” para, contando en ese entonces con la colaboración de la médica de guardia del Servicio de Salud Mental, es decir, la Dra. Agreda, disponer “la internación forzosa” de Flammini, lo cual implicó que la mujer que figura como víctima de estos hechos permaneciera contra su voluntad en diferentes centros asistenciales, tanto en Azul como en Coronel Suárez.

Y en la segunda de las ciudades mencionadas, para que eso sucediera, la fiscal sostuvo que Aspitarte contó con apoyo del tercero de los médicos acusados, Migliavaca, que con su participación hizo que se prolongara por algo más de dos semanas esa “internación ilegal” de la mujer que se convirtió en la denunciante del hecho.

El dato

Durante la instrucción de esta causa penal, los cuatro imputados que tiene el expediente cuya requisitoria de elevación a juicio fue formulada días atrás fueron citados a indagatoria en Tribunales. Mientras que Bardelli y Aspitarte se negaron a declarar, sí lo hicieron los médicos Agreda y Migliavaca, negando en ambos casos responsabilidad penal alguna en los hechos que se les atribuyen a ambos en carácter de “partícipes necesarios”.

 

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