ENFOQUE

“Ni una menos” vs. Zaffaroni

Al igual que en diferentes lugares del país, en Azul también hubo una movilización -el pasado martes- después de conocido el brutal asesinato de la joven Micaela García. “Es paradójico y absurdo ver cómo las mismas universidades que organizan marchas contra la violencia de género, abrazan fanáticamente la doctrina abolicionista de Zaffaroni, que brindó los argumentos al juez Rossi para fundamentar el otorgamiento de la libertad anticipada al violador y asesino de Micaela García”, afirmó el juez Pagliere (h).
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Al igual que en diferentes lugares del país, en Azul también hubo una movilización -el pasado martes- después de conocido el brutal asesinato de la joven Micaela García. “Es paradójico y absurdo ver cómo las mismas universidades que organizan marchas contra la violencia de género, abrazan fanáticamente la doctrina abolicionista de Zaffaroni, que brindó los argumentos al juez Rossi para fundamentar el otorgamiento de la libertad anticipada al violador y asesino de Micaela García”, afirmó el juez Pagliere (h).

“El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos tendrá que evaluar el desempeño del juez Rossi en el caso Micaela, pero el problema es mucho más profundo. El juez Rossi no hizo otra cosa que repetir la doctrina de Zaffaroni, cuyas enseñanzas han contaminado y siguen contaminando a los estudiantes de derecho penal”, sostiene en esta nota un juez de Azul.

Escribe: Carlos P. Pagliere (h.) (*) Especial para EL TIEMPO

El caso Micaela ha puesto al desnudo la formación académica que reciben los jueces argentinos. En casi todas las universidades del país se enseña derecho penal exclusivamente a través de los textos de Eugenio Raúl Zaffaroni. Por ello, algunos jueces reiteran en sus resoluciones y sentencias, de forma acrítica y dogmática, la cuestionada doctrina de este autor.

Eso es lo que ocurrió con Carlos A. Rossi, el juez que liberó al violador y asesino de Micaela García. Aplicó al pie de la letra las teorías penales que se enseñan en las cátedras de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Azul. Porque la gran mayoría de las universidades argentinas tienen el mismo mesías, que es Zaffaroni; la misma biblia, que es su manual de derecho penal; y la misma religión, que es el abolicionismo penal.

El abolicionismo penal promueve la supresión de las penas y, en particular, de la cárcel. Esquemáticamente, propone reducir al mínimo el sistema penal para que pocos vayan presos y muchos obtengan su libertad lo antes posible. Sobre la base de esta ideología, algunos jueces tuercen la letra y el espíritu de la ley para favorecer indebidamente a los delincuentes.

Uno de los axiomas de la doctrina de Zaffaroni es que no puede existir la pena perpetua y que el delincuente ineludiblemente debe salir algún día de la cárcel. Esto es falso para la ley, que prevé la prisión perpetua, y también lo es para la correcta concepción del fin de la pena.

Quienes siguen a Zaffaroni alegan que, dado que la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene en las leyes la finalidad de resocializar al delincuente, éste indefectiblemente debe recuperar la libertad en algún momento (para volver a la sociedad). Este razonamiento es incorrecto, ya que confunde el fin de la imposición de la pena, con el fin de la ejecución de la pena.

La pena es un castigo. ¿Y por qué se castiga? Porque la finalidad de la ley penal es la de prevenir los delitos. El proceso es el siguiente: la ley penal castiga los delitos con penas. Es decir, la ley penal amenaza a la población con castigos para disuadir y que no se delinca. Todos los ciudadanos estamos en conocimiento de esta amenaza: sabemos que si delinquimos vamos a ir presos. Y gran parte de la población, ante la amenaza penal, se abstiene de cometer delitos. Así cumple su función el derecho penal.La imposición de la pena es necesaria para la prevención de delitos, porque si la ley amenaza con un castigo que luego no se aplica, esta amenaza pierde toda seriedad y la ley su poder disuasorio. Lo saben todos los padres: si amenazan con una penitencia a su hijo y luego no la cumplen, pierden autoridad y respeto.

Como la imposición de la pena es necesaria y no está de ningún modo vinculada a la resocialización del delincuente, es legal y constitucionalmente válido que una persona pueda ser castigada a prisión de por vida cuando la extremada gravedad de su delito amerite el castigo máximo.

Ahora bien, el legislador ha pensado: “Algo tenemos que hacer con los presos mientras cumplen la pena”. Entonces se han dictado leyes de modo tal que la ejecución de la pena sirva para resocializar. Y para favorecer la resocialización, se premia al delincuente beneficiándolo excepcionalmente con salidas previas o libertades anticipadas. Incluso la ley habilita que los condenados a prisión perpetua, si exhiben actitudes indicativas de que se han resocializado, puedan algún día obtener la libertad.

En consecuencia, las salidas previas y las libertades anticipadas al cumplimiento de la pena no son un derecho del delincuente, sino un beneficio legal. Y el delincuente, para obtenerlo, se lo debe ganar con el arrepentimiento verdadero, con el acatamiento de las normas carcelarias, con la buena conducta, con la predisposición a su tratamiento carcelario, etcétera.

Y aquí volvemos al caso Micaela. El violador y asesino que liberó el juez Rossi no se había ganado el beneficio de salir de la cárcel. El juez, aplicando la doctrina de Zaffaroni, no le exigió eso. Por el contrario, desoyó todos los pronósticos desfavorables de su reinserción social. Absurdamente consideró que la libertad anticipada era un derecho (en vez de un beneficio) del reo y que la sociedad tenía la obligación de asumir los riesgos de su liberación.

En este punto, es menester hacer algunas aclaraciones para que la población entienda la función de las leyes y las obligaciones de los jueces.

Ante todo, las salidas previas y las libertades anticipadas están previstas por la ley. Los jueces no liberan a los delincuentes por mero capricho, sino por manda legal. El límite, por supuesto, son los requisitos que establece la ley para que el delincuente pueda obtener el beneficio, que el juez no debe soslayar. La ley no admite que los jueces otorguen salidas o libertades anticipadas inobservando los recaudos legales.

Es también cierto que los jueces no son adivinos. Es imposible saber si una persona, al obtener un beneficio, va a volver a delinquir. Nos guste o no, todos los jueces están expuestos, a diario, a liberar a algún delincuente que puede llegar a reincidir. Pero el límite también está fijado por la ley: para liberar anticipadamente a un delincuente, el juez debe cerciorarse de que tenga un pronóstico favorable de reinserción social, que surge -entre otras fuentes- de los informes criminológicos.

Por último, es falso que el juez no pueda apartarse de las conclusiones de los peritos que realizan los informes criminológicos. Estos peritos son auxiliares de la justicia, y no quienes deciden sobre la libertad de los presos. El “perito” para decidir si el delincuente está o no en condiciones de obtener un beneficio (salidas o libertad) es siempre el juez. El límite, en todo caso, está dado por la razonabilidad de las decisiones judiciales. El juez que se aparta de los dictámenes periciales que desaconsejan la libertad del delincuente debe rebatir los mismos de un modo lógico y razonado, y no con alusiones meramente dogmáticas o ideológicas (que es lo que se le reprocha a Rossi).

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos tendrá que evaluar el desempeño del juez Rossi en el caso Micaela, pero el problema es mucho más profundo. El juez Rossi no hizo otra cosa que repetir la doctrina de Zaffaroni, cuyas enseñanzas han contaminado y siguen contaminando a los estudiantes de derecho penal.

Las universidades argentinas, es triste decirlo, son eficientes fábricas de abolicionistas, ya que no brindan a los estudiantes la opción de aprender otras corrientes doctrinales del derecho penal. Los profesores enseñan los textos de Zaffaroni a los alumnos y eligen a sus adjuntos y ayudantes entre los que adhieren al abolicionismo de este autor. Sólo se admiten docentes adictos a Zaffaroni, ya que los profesores en las facultades son nombrados por jurados cuyos integrantes enseñan a Zaffaroni y aprenden de Zaffaroni, rechazándose de modo automático a todo postulante que cuestione sus teorías.

Es paradójico y absurdo ver cómo las mismas universidades que organizan marchas contra la violencia de género, abrazan fanáticamente la doctrina abolicionista de Zaffaroni, que brindó los argumentos al juez Rossi para fundamentar el otorgamiento de la libertad anticipada al violador y asesino de Micaela García.

Si la situación actual es preocupante, el pronóstico hacia el futuro es desolador. Zaffaroni hoy tiene más poder que nunca porque su presencia en las universidades es casi omnímoda. Hasta tanto su doctrina sea abandonada en las universidades, la justicia penal argentina no dejará de apañar delincuentes.

Queda una última cuestión por tratar. El violador y asesino de Micaela obtuvo su libertad de modo prematuro. Pero en pocos años más, de todas formas iba a recuperar la libertad al concluir su condena. Es hora de dar una discusión seria sobre las medidas de seguridad que se deben aplicar sobre los ofensores sexuales cuando recuperan su libertad. Esta discusión hasta ahora no se ha dado porque, nuevamente, la doctrina de Zaffaroni lo impide.

Yo me pregunto: ¿No será hora de rebelarse contra la doctrina de Zaffaroni?

 

(*) Juez del Tribunal Oral enlo Criminal número 2 de Azul,Provincia de Buenos Aires.

Autor del tratado“Nueva teoría del delito”.

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2 Comments

  1. Alberto Lencina

    abril 16, 2017 at 7:32 pm

    Pareciera, señor juez, que Ud. frena en el semáforo por la multa y no porque entienda que es parte de un código de convivencia.
    No me considero abolicionista sino racional con conciencia social. No conozco bibliografía que sustente que el endurecimiento de las penas y la rigidez del sistema carcelario mejore las condiciones de la sociedad.
    No es bueno criar seres reprimidos.
    Finalmente, opino que es desatinado su comentario sobre las universidades. Tal vez Ud represente una minoría y eso no le da derecho a expresarse como lo ha hecho.
    Alberto Lencina.
    Dr. en física.
    Inv. Adjunto CONICET.

  2. Juan C Saint Lary

    abril 20, 2017 at 5:37 pm

    Muy buen artículo Carlitos, parece mentira que gente grande y preparada no sea capaz de intentar razonar y obrar por sí sola y como como un “rebaño”.
    Zaffaroni es de lo peor, como persona y como magistrado, es increíble la facilidad con que en este país se obtiene licencia de sabio intocable.

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