PRESUNTAS ESTAFAS POR UNOS 160 MILLONES DE PESOS. Causa CEAL: cuatro acusados que siguen presos y el pedido para que sean juzgados

La investigación penal por las presuntas estafas a la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada y a comerciantes, situación que tiene presos a tres varones y una mujer, ingresó en una nueva etapa: la fiscal Paula Serrano, quien tuvo a su cargo la instrucción de esa causa desde la UFI 6, presentó el pedido para que los acusados vayan a juicio.

De acuerdo con lo señalado a EL TIEMPO por voceros judiciales, la requisitoria de elevación a juicio de ese expediente había sido formulada anteayer ante el Juzgado de Garantías 2 que está a cargo de Federico Barberena.

Ahora, ese juez deberá resolver en una primera instancia si hace lugar a lo solicitado desde la Acusación; mientras que en los próximos días también dará curso de lo pretendido a los defensores particulares de cada uno de los cuatro imputados.

De esa manera, este viernes se puso fin a la etapa de instrucción de dicho expediente, luego de un año y cinco meses de investigación que sirvieron para que la fiscal Serrano reuniera diferentes elementos probatorios que involucran en probables estafas a los encausados.

El sumario había comenzado a tramitarse en febrero de 2025, cuando ante la justicia penal de Azul se presentó desde la CEAL una denuncia por presuntas irregularidades en perjuicio de esa entidad y, según también pudo determinarse después, con varios comerciantes de la ciudad como damnificados.

De prosperar el pedido de la Acusación, a ese futuro debate deberán ser sometidos Matías Horacio Rosas, su esposa María Laura Calandra y los comerciantes Neefer Eduardo González y Mario Miguel Garavelli.

Detenidos en octubre de 2025, los varones imputados siguen presos en la Unidad 7, el penal de varones de Azul.

En tanto, la exempleada de la CEAL continúa bajo arresto domiciliario en un inmueble de esta ciudad donde residen familiares suyos. Dicho beneficio le fue concedido meses atrás, cuando esta causa penal todavía continuaba instruyéndose.

Al haber sido formulada la requisitoria de elevación a juicio del sumario, un "concurso real" de delitos definidos como asociación ilícita, falsificación ideológica de documento privado, uso de documento falso y estafas reiteradas les continúan atribuyendo a los acusados.

Paula Serrano, la fiscal que llevó adelante la investigación penal por presuntas estafas a la CEAL y a comerciantes locales. Este viernes que pasó formuló la requisitoria de elevación a juicio para los cuatro acusados. NACHO CORREA

Lo investigado

El extenso escrito donde se pide la elevación a juicio de esta causa reconstruye desde la Acusación una operatoria que habría funcionado desde agosto de 2024 hasta mediados de febrero del año anterior y provocó un perjuicio económico cercano a los 160 millones de pesos a la CEAL.

Para cuando estos hechos comenzaron a registrarse, Rosas era el jefe del área de Facturación de la CEAL y su esposa Calandra desempeñaba tareas en el sector de Recursos Humanos de la entidad.

Al mismo tiempo, González y Garavelli -el primero, propietario de una heladería y el otro, dueño de una agencia de loterías y quinielas- son señalados como colaboradores en la captación de comerciantes y en la recaudación del dinero, que obtenían mediante pagos truchos que nunca ingresaban a las arcas de la Cooperativa por consumos, en su gran mayoría, del servicio de energía eléctrica en diferentes negocios de Azul.

Tal como ya fuera sostenido, por ejemplo, al ordenar las detenciones de los imputados, la requisitoria describe la existencia de una organización integrada por los cuatro acusados, con división de funciones y un objetivo común: apropiarse del dinero que comerciantes y usuarios entregaban para cancelar facturas de luz y, en algunos casos, también del servicio de agua.

Esa estructura lo sigue ubicando a Rosas -de 48 años de edad y oriundo de Lobería- como el jefe de esta supuesta organización delictiva, contando con pruebas que indican que diseñó y ejecutó la metodología administrativa necesaria para hacer posible las maniobras. En su caso, mediante la creación de notas de crédito, la modificación de registros internos, la utilización de claves informáticas pertenecientes a otros empleados y la confección de comprobantes de pago falsificados que imitaban casi a la perfección los emitidos oficialmente por la CEAL.

Al mismo tiempo, su esposa Calandra (46) sigue señalada como quien, en su condición de empleada de la Cooperativa, habría ofrecido a comerciantes de Azul la posibilidad de acceder a supuestos descuentos especiales sobre las facturas de electricidad.

Siempre de acuerdo con la Acusación, una vez concretadas las maniobras los comerciantes recibían tickets de pago truchos, pero que reproducían fielmente los originales. Y en otros casos, copias de supuestas notas de crédito que aparentaban justificar administrativamente las bonificaciones otorgadas.

Para la Fiscal, esa documentación apócrifa fue determinante para sostener el engaño durante varios meses por parte de los acusados.

También se afirma que González y Garavelli -ambos oriundos de Azul y, respectivamente, de 67 y 51 años de edad- se sumaron tiempo después a esta organización delictiva. Tanto con la intención de captar a más comerciantes como para recaudar el dinero surgido de estos pagos de servicios que, en realidad, nunca se concretaban.

De acuerdo con lo investigado, ambos recorrían distintos comercios ofreciendo la posibilidad de acceder a esos supuestos descuentos o, directamente, se ofrecían a gestionar el pago de los servicios. Luego entregaban el dinero recaudado a la organización y -según también la hipótesis fiscal- obtenían beneficios económicos mediante comisiones o la cancelación de sus propias facturas a través del mismo sistema de notas de crédito, presuntamente manipuladas desde el área de Facturación a cargo de Rosas.

Uno de los aspectos que la requisitoria desarrolla con mayor énfasis es el impacto social que tuvo la maniobra una vez descubierta.

Al respecto, se menciona que numerosos comerciantes que creían haber cancelado en tiempo y forma sus obligaciones debieron concurrir nuevamente a la Cooperativa para regularizar las deudas que continuaban registrándose en el sistema y evitar la suspensión del suministro eléctrico.

Por ese motivo, desde la Acusación se concluye que el perjuicio no sólo recayó sobre la CEAL por los fondos que, presuntamente, nunca ingresaron a sus cuentas, sino también sobre los propios usuarios, quienes terminaron afrontando nuevamente el pago, pero con intereses, de consumos que consideraban cancelados.

El dato

En el pedido presentado ante Garantías 2, la representante del Ministerio Público Fiscal también dejó planteada la posibilidad de que las situaciones procesales de los acusados se definan por medio de un juicio abreviado.

En ese eventual escenario, en caso de que prospere y concluya en un futuro con un veredicto condenatorio para los investigados, Serrano propuso penas de ocho años de prisión para Rosas, de siete años para Calandra y de cinco años para González y Garavelli.