Considerado el líder de una organización que se dedicaba a comercializar en Azul estupefacientes al menudeo, quedó confirmada la prisión preventiva que en primera instancia le había sido dictada a uno de los cuatro acusados que tiene lo que fuera esta Investigación Penal Preparatoria.

El azuleño para quien los jueces de la Cámara Penal departamental ratificaron esta medida cautelar había quedado formalmente detenido en esa causa en abril pasado.

Teniendo en cuenta los antecedentes delictivos que registra, en ese entonces estaba preso en la Unidad 17, la cárcel del SPB con sede en la localidad de Urdampilleta.

En una celda de ese penal, durante un allanamiento relacionado con esta investigación que se hizo en octubre del año pasado, se halló e incautó en su poder un teléfono celular.

Según se pudo determinar posteriormente, el encausado utilizaba ese móvil para comunicarse con los demás coimputados, quienes siguiendo sus indicaciones llevaban a cabo en Azul esa comercialización de estupefacientes que se le continúa atribuyendo a escala penal.

La vigencia de la prisión preventiva para el presunto autor de esta infracción a la Ley 23.737, que tiene 52 años de edad y se llama Carlos José María Cano, fue dispuesta en segunda instancia por los jueces de la Cámara Penal de Azul, luego de que no prosperara un recurso de apelación que había sido presentado desde la Defensoría Oficial a cargo de Mariana Mocciaro.

De esa manera, los camaristas Damián Cini y Carlos Pagliere (h) -quienes votaron en ese orden a la única cuestión planteada en el fallo- se pronunciaron a favor de confirmar la prisión preventiva para Carlos Cano, considerado el probable autor del delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, agravada por la participación de más de tres personas.

En primera instancia, el sumario penal que involucra al azuleño para quien ahora ha sido confirmada su prisión preventiva había sido elevado a juicio en junio pasado por Magdalena Forbes, la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 que intervino durante lo que fuera la tramitación de esta causa.

Dicha investigación penal había sido llevada adelante por Lucas Moyano, el fiscal titular de la UFI 22 con asiento en los tribunales de Azul.

El líder de una red que vendía drogas

Según lo investigado, y que se refiere en el fallo que confirmó su prisión preventiva, desde la celda que ocupaba en la cárcel de Urdampilleta Carlos José María Cano "lideraba una red organizada y coordinada con el fin de comercializar estupefacientes".

Esa supuesta organización delictiva quedó desbaratada cuando el 24 de octubre del año pasado policías de la Federal allanaron de manera simultánea los domicilios en Azul de los demás imputados que tiene esta investigación: dos mujeres y un varón que, al igual que Cano, están presos.

Aquellos procedimientos habían derivado en el hallazgo y posterior secuestro de más de dos kilos de marihuana, droga que -junto con elementos relacionados con la presunta venta de estupefacientes bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo"- se encontró en los inmuebles donde residían las mujeres acusadas.

En los días posteriores se realizó el allanamiento en la celda de la cárcel de Urdampilleta que Cano ocupaba en ese entonces, secuestrándose en su poder el ya referido teléfono celular.

Entre las evidencias reunidas desde esta investigación penal figuraron escuchas a los teléfonos de los acusados, celulares que habían sido intervenidos desde la Justicia.

De esas charlas surgían tanto el liderazgo de Cano en el ilícito que se le continúa atribuyendo como contactos entre los encausados que daban cuenta de la manera en que se llevaba a cabo esta actividad relacionada con una infracción a la Ley 23.737.

Esas comunicaciones telefónicas -escribió el camarista Damián Cini en este fallo- "acreditan, con la probabilidad positiva requerida en esta instancia, la modalidad delictiva desplegada por los encausados. Y en el caso de Cano, que era quien los organizaba, contactaba a los proveedores, contrataba a distintos transportes para que distribuya los estupefacientes entre distintas personas, las que luego los llevaban a los domicilios de los vendedores, para que los vendan. Constatándose, además, conforme surge de las transcripciones subrayadas, actos concretos de comercio de estupefacientes por parte de aquéllos".

"A ello se agrega que a los consortes de causa les fue encontrado en sus domicilios, en oportunidad de llevarse a cabo los allanamientos, material estupefaciente -marihuana-, teléfonos celulares y dinero en efectivo, todo lo que coadyuva a corroborar que las 'cosas' o 'productos' a las que se refieren en las conversaciones transcriptas eran narcóticos", puede leerse también en lo resuelto desde la Alzada departamental.

"Del cúmulo de escuchas telefónicas introducidas en la investigación -remarcó el juez Cini- se han determinado no sólo actos específicos de comercialización de sustancias ilegales, sino también la existencia de una red que ejercía dicha actividad de manera habitual, la cual era liderada por Cano, quien desde su lugar de alojamiento -ya que se encuentra detenido en otra causa- organizaba la provisión de estupefacientes comprándolos en otras ciudades, siendo remitido por medio de encomiendas dirigidas a terceras personas, quienes luego de recibirlos los distribuían a los vendedores -compañeros de causa del encartado- quienes posteriormente los comercializaban al menudeo, lo cual era el objetivo que tenía el causante".

Con relación a la prisión preventiva ordenada en primera instancia a Cano y ahora confirmada, a modo de conclusión en el fallo se indicó: "La medida de coerción dictada resulta necesaria a los fines de aventar los peligros procesales de elusión de la justicia o entorpecimiento de la investigación"; algo para lo cual se valoraron también "las objetivas características del hecho, entre las que se destaca la organización, el concurso de personas y la logística" para desarrollar esa venta de drogas al menudeo en Azul que se le sigue imputando al recluso.

EL DATO

Los demás acusados que tiene este sumario penal resultaron aprehendidos durante los allanamientos que la Policía realizara, ese ya referido 24 de octubre del año anterior, en las viviendas de Azul donde en ese entonces residían. El otro varón encausado se llama Néstor Eduardo "Lalo" Scaserra. Según lo investigado, había sido visto realizando pases de manos y distribuyendo estupefacientes a modo de "delivery" en el marco de esta organización delictiva que integraba. Y las mujeres imputadas, en cuyos domicilios donde vivían se secuestrara la droga, fueron identificadas como Johanna Belén Ocanto y Araceli Elizabeth Otegui.