19 de agosto de 2026
Xavier Cabrera contextualizó la situación económica, a partir de las medidas macro nacionales, y su impacto en los niveles provincial y municipal. Entre otros aspectos, señaló que la inflación acumulada desde el mes de diciembre de 2023 a la actualidad es del 327%.
El secretario de Gobierno, Xavier Cabrera, brindó ayer en el Concejo Deliberante un informe de gestión del Municipio de Azul. En ese ámbito destacó que, desde el Ejecutivo, se respondió ya a más de 300 preguntas de los distintos bloques de concejales, tal como este diario refirió en la edición del pasado domingo. En ese sentido, planteó "la necesidad de pensar en un cambio de mecanismo a la hora de llevar adelante estos informes. Implicará una modificación de la Ordenanza y creo que es una de las materias pendientes que tenemos".
Cabrera consideró necesario contextualizar "cuál es la situación general, a partir de las medidas macroeconómicas que se han implementado en los últimos años, cuál es el impacto concreto que han tenido en la provincia de Buenos Aires y, obviamente, en los 135 municipios de la provincia", que posee "el 38% de la población del país".
"Es ingenuo pensar que, si se toma una medida de impacto nacional, eso no va a repercutir en la vida de los bonaerenses; y, por consiguiente, en la vida de los azuleños", puntualizó. "Es necesario tener en cuenta algunos indicadores para que después veamos cuál es el rol y el nivel de exigencias que tenemos en torno al nivel de gobierno local, cuál es la realidad de los últimos años".
En relación "al mercado de trabajo me parece que es muy importante hablar de la cantidad de puestos perdidos que se registran en la provincia de Buenos Aires, que son 91.270. Esto hace que la tasa de desocupación sea del 9,7%, incluso superior al promedio nacional, del 8,3%". Y añadió que "los ocupados demandantes de trabajo pasaron de ser el 13,6% al 15,8%".
"Cuando nos referimos a la inflación acumulada desde el mes de diciembre de 2023 a la actualidad, es del 327%; siete puntos por encima del promedio nacional. Cuando vemos los rubros con mayor aumento acumulado se destacan: vivienda, agua, electricidad y gas, con un 555% de incremento. Las comunicaciones con un 443%. En 2023 estos rubros implicaban en un salario mínimo vital y móvil, sin subsidios, un 19% de ese salario. Hoy representan el 80,2%. Podemos ver también el incremento del salario mínimo vital y móvil fue del 141%", puntualizó, para indicar luego: "Este es el desfasaje que nosotros vemos y que tiene un correlato en la actividad económica y también en la local, que no la podemos desconocer. En los registros de compra se registra una caída de actividad, de mayo a mayo, del 9%. Sin embargo, cuando uno ve en los supermercados, la caída es del 5,5%. Esto también evidencia que el consumo y la demanda interna se han debilitado".
El secretario de Gobierno sostuvo que "hay un dato que surgió en el último tiempo, que es el índice de morosidad. Cuántos son los argentinos, en este caso en particular los bonaerenses, que se han endeudado y que registran una morosidad superior a 90 días. Estamos hablando de 2.200.000 bonaerenses, que representan el 37,4% de la morosidad nacional. La mora provincial, sobre el total de deudores, es del 28,4% -por encima del 27,7% nacional-. Y la mora entre los jóvenes de 20 y 24 años se incrementa 37,7%. La mayoría de los créditos a los que ha accedido estas personas no son créditos bancarios, sino que los otorgan aplicaciones, financieras. Y para sumar algún dato más en relación a la recaudación, me parece importante destacar que la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, de junio a junio, cayó un 4%. La recaudación propia de la provincia cayó un 15%, pero esto tiene que ver con que se postergaron vencimientos de bienes personales, de impuestos a las ganancias, un mes más, y por eso generan una distorsión; pero esto es importante para saber cuál es el escenario de mitad de año, obviamente, para la planificación local, que es lo que nos convoca".
Indicó que "tener en consideración todas estas variables también permite comprender las tensiones que muchas veces sufrimos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le reclama una deuda al gobierno nacional de 26,7 billones de pesos. Hay un reclamo que es muy importante y es el del IPS, es decir, la caja no transferida, fondos de ANSES que no han llegado, por 2,3 billones de pesos. La composición del reclamo está vinculada a jubilaciones, seguridad, FONID, fortalecimiento fiscal y otras partidas de salud, educación y asistencia".
Subrayó además que "hay obras paralizadas en territorio bonaerense, incluyendo viviendas, rutas, obras hídricas y escuelas. Y también se han perdido programas nacionales que muchas veces, o absorbe la provincia, o absorbe cada municipio; entre ellos Remediar, alimentos para comedores no escolares y medicamentos específicos".
Luego, "en relación a la situación propia del Municipio [de Azul]. Hemos sorteado el mes pasado una coyuntura que veíamos se aproximaba -la imposibilidad de pagar en término el aguinaldo-; para eso se realizaron distintas gestiones ante la provincia. Una de las preguntas [de los concejales] refería a la cuestión. La provincia adelantó coparticipación por 300 millones, que van a ser devueltos en cinco cuotas de 60 millones en los meses siguientes" y compartió "un cuadro que hemos podido formular sobre una realidad de este Municipio, una realidad que tiene mucho tiempo; hemos podido reconstruir la información desde el 2009 y son los aportes que recibió Azul del Tesoro nacional y los que recibió del Tesoro provincial".
Remarcó luego que la Rendición de Cuentas 2025 del Municipio de Azul fue "finalmente aprobada" y señaló que "los aspectos más destacados son la reducción del déficit, de la deuda y de los excesos presupuestarios [en 2025], en un año -además- electoral, que es algo que se debería ponderar. Nosotros hemos visto, en las últimas gestiones, cómo se incrementaba el gasto en función de los años electorales. Esta gestión ha demostrado que en un año electoral puede hacer, pero sin incrementar estos tres índices. Después podemos discutir lo que plantea la oposición, en cuanto a lo que se hace no es suficiente, se marcan las cuestiones que nosotros también sabemos que faltan, pero hay ejes que esta gestión no ha resignado y sin embargo en un año electoral ha podido llevar adelante esos objetivos".
Por otro lado, Cabrera mencionó una comparativa de lo que se podía adquirir con 2 mil pesos en 2023 y en la actualidad. "En el 2023 se podía comprar 11 litros de leche entera larga vida, hoy 1 litro. En 2023 se podían comprar con 2 mil pesos 2,5 kilos y hoy 400 gramos. En 2023, 1 kilo 300 de asado, y hoy 133 gramos. En 2023, se podían comprar 12,7 litros de nafta súper; hoy un litro. Obviamente, eso se suma al incremento de los servicios públicos, en el costo que tiene una persona a la hora de alquilar y el desfasaje que hay en los salarios".
En ese contexto, explicó, "las cuestiones que se han incrementado y que se están abordando son las que emergen en el área de Desarrollo de la Comunidad, cuando hay sectores no acostumbrados a solicitar la asistencia del Estado municipal, comienzan a requerirla". Indicó que "en ese sentido se aborda la política alimentaria con la Tarjeta Alimentaria, que hoy en día tiene 809 beneficiarios, 698 en la ciudad cabecera, 40 en Chillar y 98 en Cacharí. Una inversión, desde el mes de marzo", superior a los 141 millones de pesos. A esto se suman 3.151 complementos alimentarios, los bolsones. En cuanto a la tarjeta alimentaria, hay una definición clara que tomó la gestión. Antes había un único proveedor de alimentos en este Municipio. A partir de la implementación de la tarjeta lo que se busca es que cada beneficiario pueda acceder a un comercio de cercanía, un almacén, hacer uso de los beneficios de la Cuenta DNI y adquirir allí los alimentos que considere necesario".
Además, refirió el titular del área de Gobierno, "en relación a las políticas de emergencia habitacional, la inversión del Municipio en este semestre" supera los 34 millones de pesos. "En el mes de enero se asistieron 54 familias, 105 en febrero, 90 en marzo, 39 en abril, 57 en mayo y 59 en junio. Y otra política es la de emergencia en los servicios públicos. Se realizaron dos licitaciones por un valor aproximado de 15 millones en 400 recargas de garrafas. A esto hay que sumarle que el Estado nacional ha desarticulado el programa Hogar, hoy una persona no tiene un valor de referencia, queda preso del mercado y pagar la garrafa al precio que se la quieran vender. El 65% de los asistidos por esta política son familias que recurre al Estado de manera periódica", para continuar luego con el desarrollo de diversas políticas inherentes a cada área municipal, aspectos que se desarrollarán en próximas ediciones.
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