SE REALIZARON CINCO ALLANAMIENTOS . Investigan a dos empleados y a un comerciante tras la denuncia por presunta defraudación en la CEAL

La investigación penal que se lleva adelante por una presunta maniobra de defraudación en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada con pagos truchos de facturas de luz tiene hasta el momento a tres personas sospechadas; aunque ninguna figura formalmente imputada de delito alguno.

Dos de ellas, un varón y una mujer que son pareja, desempeñan tareas en la CEAL y desde esa entidad se informó el jueves que pasó -mismo día en que fue presentada una denuncia ante la UFI 6 que en los tribunales de Azul está a cargo de la fiscal Paula Serrano- que ambas habían sido suspendidas "preventivamente" y separadas de sus cargos.

Mientras tanto, un tercer supuesto implicado en el hecho materia de esta investigación penal es un comerciante propietario de una heladería situada en una de las esquinas de Avenida Mitre y España, quien desde días atrás se encuentra transitoriamente fuera del país, según lo informado oficialmente a EL TIEMPO.

A pedido de la fiscal Paula Serrano, anteayer viernes ese local, una oficina contigua y la casa donde reside el dueño de la referida heladería fueron allanados por efectivos de la DDI Azul. Y lo mismo sucedió con dos inmuebles vinculados con la pareja de empleados de la CEAL ahora investigados: una chacra situada sobre el Camino Viejo a Tandil, a metros de la Ruta 3, y un departamento del edificio "Vigna", que en la zona céntrica está en la calle San Martín.

Las diligencias fueron ordenadas desde el Juzgado de Garantías 2 por el magistrado Federico Barberena, en busca de que se recogieran teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamientos de datos, anotaciones, facturas y recibos de pago de la CEAL y hasta las denominadas "billeteras frías" de criptomonedas.

De acuerdo con lo señalado, en los allanamientos al comerciante se incautaron computadoras y facturas de luz. Y en la chacra y el departamento vinculados con la pareja de empleados de la CEAL se terminaron recogiendo "teléfonos y dispositivos electrónicos" que durante el transcurso de los próximos días serán analizados, en busca de conocer si entre sus contenidos se encuentran elementos de interés que sirvan para agregar como nuevas evidencias al sumario penal en curso.

Sobre la base de diferentes pruebas y versiones de testigos que ya figuran incorporadas a esa causa, los investigados han sido identificados respectivamente como Matías Horacio Rosas, de 47 años de edad, María Laura Calandra (40) y Neefer Eduardo "Gallego" González (65).

En principio, una "estafa"

De manera preliminar, los hechos investigados son considerados como una probable "estafa" que involucraría a esas tres personas mencionadas, dos de ellas empleadas de la CEAL.

Pero conforme avance esta pesquisa, no se descarta que más nombres se agreguen como involucrados también en lo ocurrido en perjuicio de la Cooperativa.

Concretamente, se habla de contribuyentes que, sabiendo del accionar ilícito al que se sumaban, aceptaban pagar a los impulsores de esta maniobra de defraudación cifras significativamente inferiores por sus consumos de energía eléctrica en locales comerciales que poseen.

A cambio, obtenían recibos truchos de cancelaciones de esas deudas, todo lo cual sucedía mientras el dinero que debía percibir la Cooperativa por el servicio ofrecido nunca ingresaba a las arcas de la entidad.

En un principio, en eso consistía la mencionada maniobra que se está investigando desde la Justicia penal, la cual fue detectada a través de una auditoría realizada en la CEAL y que, al menos desde julio del año anterior hasta enero pasado, implicó una pérdida para la institución de una cifra cercana a los 150.000.000 de pesos.

Así había sido señalado cuando el martes de la semana pasada los directivos de la entidad ofrecieron una conferencia de prensa para dar cuenta sobre lo que estaba sucediendo.

Dos días más tarde el abogado Luis Conti, apoderado legal de la Cooperativa, formuló en sede judicial la denuncia que anteayer viernes se tradujo en las realizaciones de los cinco allanamientos.

En esa presentación se explicó en detalle los alcances de la maniobra de defraudación que ahora se investiga. Y también se aportaron los inmuebles donde se detectaron durante los meses ya mencionados -en su mayoría comercios- estas irregularidades, consistentes en la falsa cancelación de facturas de energía eléctrica en la que estarían involucradas las tres personas referidas.

Sobre la base de la denuncia efectuada desde la CEAL en la UFI 6, se da cuenta de "una maniobra defraudatoria con presunta participación de empleados de la misma en connivencia con comerciantes".

Específicamente, "para fingir la cancelación de sus facturas de consumo durante el período comprendido entre al menos los meses de julio del año 2024 y enero de 2025, emitiendo al respecto notas de crédito sin justificación y sin autorizaciones de los estamentos gerenciales".

En ese contexto se la ubica a Calandra, la trabajadora de la Cooperativa ahora suspendida, entregándole facturas de energía eléctrica a su pareja Rosas, a cargo del área comercial de la entidad, para truchar el pago de esas boletas usando un procedimiento de autentificación de empleados a su cargo en el sector de las cajas.

Llamado "login", a través del mismo se describe que Rosas accedía al sistema informático de la CEAL para emitir en favor de los comerciantes que se sumaban a esta maniobra "una nota de crédito fraudulenta". Y que después, se encargaba también de confeccionar recibos con características similares a los que habitualmente "extienden las cajas de la Cooperativa"; aunque el tipo de papel utilizado no era el original.

Esas constancias truchas recibían los usuarios involucrados también en esta probable estafa, luego de que a los implicados en lo sucedido les pagaban cifras considerablemente inferiores a las que debían abonar por los consumos reales de energía eléctrica en sus propiedades. En su mayoría, vale reiterarlo, locales comerciales.

De acuerdo con lo investigado a partir de la auditoría realizada desde la CEAL, a Rosas se lo señala como quien realizó esa maniobra en perjuicio de la entidad valiéndose de la función que desempeñaba.

Esa actividad le permitía ingresar al sistema informático con su nombre de usuario y clave y también, dada su jerarquía, utilizando los de los empleados que tenía a su cargo en los cajeros.

En esa trama, a la empleada Calandra se la vincula con González. Y a este último, acercándole a esa mujer las facturas de varios usuarios que después su pareja se encargaba de fraguar con pagos truchos a través de la metodología ya referida.

Fuentes ligadas a la tramitación de esta causa señalaron que entre los testimonios colectados hasta el momento figuran los de personas que tomaron conocimiento de la maniobra, a quienes también les habían ofrecido participar de la mencionada operatoria ilegal y se negaron.

Al respecto, existen versiones que indican que una mujer iba a visitar a los comerciantes en nombre de la CEAL y que les proponía pagar sus consumos de energía eléctrica, en efectivo, a un cincuenta por ciento menos de lo que en realidad correspondía.

"El dinero no ingresó nunca a la institución", había surgido a modo de conclusión de la auditoría realizada tiempo atrás para dar cuenta de la existencia de esta probable maniobra defraudatoria que involucraría a dos empleados de la CEAL y, al menos hasta ahora, a un comerciante que décadas atrás estuvo preso. En aquel entonces, cumpliendo condena por el desvío de partidas de leche que el Estado provincial destinaba a familias carecientes de Azul.

El dato

Considerando las características que habría tenido esta maniobra de defraudación, desde la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada se pretende que lo ocurrido se encuadre a escala penal bajo la figura de una "asociación ilícita".