Los concejales Valeria Hiriart, Gabriela Lambusta, Saúl Lucero, Agustina Bauché y Agustín Puyou recibieron al presidente del Centro Cultural Don Cipriano, Omar Seoane, con el objetivo de trabajar sobre un proyecto de Resolución presentado desde esa entidad.

Girado en su momento a la Comisión de Acción Social, Cultura, Educación y Deportes, el proyecto de Resolución tiene por objetivo solicitar al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley 25.724 que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación.

En diálogo con EL TIEMPO, Omar Seoane explicó que "fui recibido por la comisión de Acción Social", y señaló que "hubo una discusión entre los concejales sobre cómo estaban redactados los artículos, pero les expliqué que lo importante es que se cumpla una ley nacional que hoy no se está cumpliendo, y que habla del deber indelegable del Estado de brindar alimentación con los nutrientes necesarios a menores de 14 años y a adultos mayores de 70".

En la reunión con ediles, "expuse que nosotros recibíamos, aproximadamente, entre cuatro y cinco mil kilos por mes de parte del Gobierno nacional, cuando existía el Ministerio de Desarrollo Social y cuando estaba al frente Victoria Tolosa Paz, aunque veníamos de mucho antes trabajando con el Ministerio, ya que hace más de doce años que desarrollamos esta actividad, una acción directa con los adultos mayores y los menores de 14 años, y con los discapacitados, principalmente, ya que no están económicamente activos", indicó Seoane.

También, en ese encuentro, "les expuse que ahora no estábamos recibiendo nada; que nos habían pedido que nos inscribamos en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores), pero cada veinte días sigo escribiendo el mismo mail; nos dicen que nos van a auditar, pero que nos tenemos que inscribir para seguir recibiendo. Yo explico que nosotros no somos un comedor. El centro cultural lo que hace es ayudar directamente para que esas personas utilicen los alimentos en sus casas y puedan compartir la mesa en familia".

Los concejales "dijeron que iban a ver si, con el consenso necesario, podían sacar el dictamen necesario, en común, y que pueda salir por unanimidad; porque acá lo importante no es el lugar político al que pertenece cada concejal, sino que hay una necesidad imperiosa y una ley del año 2002 que no se está cumpliendo. Fue una ley que salió en medio de una profunda crisis económica y me parece que ahora estamos en una situación muy parecida. Por eso, lo importante era que pudieran consensuar y poder sacar esta resolución".

Seoane refirió que "no es una mera resolución, por eso es con copia al Gobierno nacional y a los concejos deliberantes, como para que la repliquen, porque así lo hicimos en el año 2016 cuando estaba por salir la ley de electrodependientes, en donde se le brindaba la asistencia directa y gratuita por parte de las compañías y cooperativas de energía eléctrica, y que gracias a que nosotros -y por muchas acciones más- desde el Concejo Deliberante propusimos un proyecto de Resolución, salió por unanimidad, salió copia para todos los concejos deliberantes, y salió la ley. Esto es para poner como ejemplo lo importante que es el peso que puede llegar a tener si todos los concejos deliberantes replican algo que hoy no se está cumpliendo y para exigir su cumplimiento".

En efecto, el despacho de comisión fue incluido como punto 12 del orden del día de la sesión ordinaria que se realizará el martes próximo, y lleva las firmas de los concejales Agustina Bauché, Agustín Puyou y Valeria Hiriart.