15 de mayo de 2025
En una entrevista radio LA RED, el juez azuleño Carlos Pagliere expresó su profunda preocupación por la proliferación del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, señalando que esta situación se ha exacerbado significativamente desde su implementación en la pandemia y ha convertido a los establecimientos penitenciarios en centros de operaciones para la comisión de diversos delitos.
El magistrado criticó la decisión de permitir el ingreso de teléfonos durante la pandemia, sugiriendo que se podrían haber implementado medidas menos riesgosas, en lugar de entregarles dispositivos personales. "Había toda una campaña para lograr eso, con un costo muy grande para la seguridad", afirmó.
Pagliere enfatizó el potencial delictivo que un smartphone en manos de un recluso representa en la actualidad. "Hoy con un smartphone en la mano se pueden cometer muchos delitos. Las cárceles se han transformado en un call center de delitos", sentenció, detallando una serie de actividades ilícitas que se facilitan con el uso de estos dispositivos.
"Uno ve cotidianamente causas con presos con teléfono: extorsiones virtuales para que les depositen plata, engaños, contactos por redes sociales donde exhiben fotos íntimas y después les dicen que son menores si no depositan plata, extorsión" enumeró el juez, ilustrando la gravedad de la situación.
Además, advirtió sobre el tiempo libre, la disponibilidad de personas y la circulación de celulares dentro de las cárceles, factores que contribuyen al aumento de estafas virtuales y a que el narcotráfico continúe operando desde el interior de los penales, donde los líderes manejan a sus "soldaditos" a través de llamadas telefónicas. "Los teléfonos son herramientas fundamentales para los delitos", aseveró.
En cuanto a la legislación vigente, Pagliere explicó que la prohibición de teléfonos celulares es una decisión a nivel provincial, ya que, si bien la Nación impulsó la prohibición en el Servicio Penitenciario Federal, no existe una ley nacional que establezca la prohibición a nivel general, y las leyes provinciales tampoco lo hacen de manera uniforme.
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