POR UN CASO DE GROOMING. "Bozal legal" para una agrupación feminista

Esa investigación penal, el viernes pasado, había derivado en la detención del comerciante que está imputado: un azuleño de 45 años identificado como Carlos Antonio "Charly" Páez.

La medida fue ordenada por Federico Berlingieri, el titular del Juzgado de Familia de Azul, en respuesta a una solicitud formulada por Sergio Hernández, funcionario judicial a cargo del Centro de Asistencia a la Víctima que depende de la Fiscalía General departamental.

La presentación formulada desde el CAV ante el Juzgado de Familia había obedecido -según se menciona en lo dispuesto hoy- a que la madre de la menor víctima había sido "etiquetada en comentarios de Facebook y en otras redes sociales por personas que dicen pertenecer a una agrupación denominada AMMA", ocasión en la cual se realizaban "comentarios agresivos" que "ponen en riesgo la integridad tanto psíquica como física de la pequeña, generando mucho temor y angustia, a su vez, en todo el grupo familiar".

En esa presentación ante el Juzgado de Familia local se indicaba también que dicha situación podía "poner en riesgo la investigación judicial con la cual la familia se encuentra conforme", motivos por los cuales se solicitaba ese "bozal legal" que fuera ordenado hoy.

Lo resuelto

Según señaló el Juez en la resolución, la situación denunciada daba cuenta de la existencia de hechos "que expondrían" a la menor que figura como víctima de este caso de grooming, los cuales al mismo tiempo vulneraban "los derechos que le asisten".

Esas circunstancias hacían adecuado el dictado "de manera inmediata" de esta medida cautelar, tendiente a que los integrantes de la referida agrupación feminista "se abstengan de realizar declaraciones en redes sociales y/o periodísticas que atenten contra el bienestar" de la chica.

"La medida cautelar solicitada se exhibe como indispensable para salvaguardar la integridad psíquica de la niña y su grupo familiar, que a la fecha y habida cuenta de los hechos anoticiados se encuentra en serio riesgo", consideró también el juez Berlingieri en lo dispuesto, tendiente a resguardar a la menor "en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño".

De la mano de todo lo referido, el titular del Juzgado de Familia -concretamente- dispuso que "toda persona que se adjudique ser integrante de la agrupación denominada AMMA" (la Agrupación de Mujeres Maltratadas y Abusadas) deberá "abstenerse personalmente o por interpósita persona de difundir o divulgar por cualquier medio gráfico, radial y televisivo, así como en las redes sociales, cualquier noticia, imagen y/o circunstancia vinculada" con la menor que figura como víctima en esta causa penal y también de sus padres, ya sea "de manera directa o indirecta".

"Con idéntico criterio" -escribió el magistrado en la resolución- ese "bozal legal" lo hizo extensivo "a la familia del imputado en la causa de mención".

En caso de que esta medida cautelar sea vulnerada, quienes no cumplan con lo ahora dispuesto podrían afrontar sanciones consistentes en el pago de una multa fijada en 30000 pesos "por cada caso de transgresión", la cual se aplicará "tanto a la persona como al medio en el que se divulgue" la información.

Además, eso implicará que se inicie una causa penal por el delito de "desobediencia", refirió también el titular del Juzgado de Familia local en esta resolución.