El Gobierno bonaerense creó una comisión técnica mixta que trabajará para que se cumpla el cupo laboral trans que por ley estipula que el 1% de los puestos de trabajo del sector público bonaerense deberá ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los cargos.

La medida fue dispuesta por la resolución conjunta N° 1 de los ministerios de Trabajo y de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, que busca "monitorear y hacer cumplir" la Ley N° 14.783 (de Cupo Laboral Trans) y "establecer reservas de puestos de trabajo para ser exclusivamente ocupados por ellas".

La medida determina que la comisión estará integrada por dos representantes titulares y dos suplentes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, y será presidida por el primero.

La comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento; analizar las barreras u obstáculos para la efectiva inserción laboral de las personas transexuales, transgénero y travestis; y proponer a las autoridades los cambios normativos o legislativos necesarios para remover esas barreras u obstáculos.

Además, tendrá que establecer estrategias de intervención conjunta; el mecanismo de consulta con las organizaciones representativas del sector, así como con los gremios; y el procedimiento para la cobertura de vacantes en miras al cumplimiento del cupo laboral trans.

También, deberá requerir información a los entes obligados por la ley; elaborar informes, recomendaciones e intimaciones a los entes obligados; realizar de oficio el cálculo de las vacantes a cubrir en un ente obligado en particular; y establecer los mecanismos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento del cupo laboral trans.

De acuerdo el artículo 2 de la Ley 14.783, el cupo alcanza a todo el Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Cabe recordar que en diciembre de 2019, a menos de una semana de dejar su cargo, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó la normativa sancionada en septiembre del 2015 y que se convirtió en una de las principales demandas del colectivo LGBTIQ+. (DIB) FD