La Cámara que nuclea a los hospitales, salarios, laboratorios y centros de tratamiento ambulatorios de salud privados advirtió al presidente Javier Milei sobre un "colapso" del sector que se producirá en pocas semanas a raíz de la acumulación de deudas impositivas que podrían derivar en embargos masivos.

"Los prestadores de salud privada en su conjunto, que atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina (afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga), vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia, flagelo del que aún hoy no se ha podido recomponer el capital de trabajo" señala Adecra+Cedim, la cámara que nuclea a los centros de salud privados, en un comunicado.

La situación que señalan como explosiva se da porque en diciembre de 2023, con la llegada de Milei al gobierno, la declaración de emergencia en el sector cayó y los prestadores perdieron las medidas de alivio económico que venían recibiendo desde 2020: el programa FESCAS (ex ATP y ex Repro Salud) y el Decreto 300.

Esta situación agravó la crisis financieras y miles de prestadores enfrentan reclamos impositivos por la falta de pagos.

Así, de un total de 25 mil instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del Ministerio de Salud de la Nación, al menos cinco mil ya fueron detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y podrían ser embargadas a partir del 31 de diciembre.

¿Por qué esa fecha? Es la clave del reclamo: ese día perderá vigencia la Resolución 617/24, emitida por el Ministerio de Economía nacional, que suspende temporalmente "el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares" del Estado frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años, bajo el "paraguas" de la Ley de Emergencia Sanitaria (que caducó a fin de año pasado).

Por eso, hay un pedido concreto de Adecra+Cedim para que se prorrogue esa medida protectiva, que por ahora no tuvo respuesta del gobierno nacional.

Cabe destacar que, en el marco de la Ley Bases, existe un plan de pagos extraordinario para que las instituciones puedan saldar sus pasivos, pero en el sector lo consideran insuficiente ante el abultado pasivo.

Se deben décadas de contribuciones patronales y otras deudas fiscales, y hay dificultades, incluso, para pagar sus obligaciones corrientes mensuales.

Además, en caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar millones de pesos de adelanto, sumado a las cuotas mensuales del plan.

"Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales", aclaran. (DIB)