La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, y le otorgó cinco días para poner a disposición de la Justicia todos los bienes de la compañía postal.

"Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta", sostuvo la jueza.

Además, intimó al Correo, "sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Intímesela asimismo para que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad".

Cabe recordar que el Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos, en su última oferta. La cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el Gobierno del propio Macri pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Sin embargo, la PNT rechazó la propuesta de salvataje que incluía pagarle a los demás acreedores en 10 cuotas anuales; poero también el Banco de la Nación Argentina y un grupo de acreedores con créditos laborales legitimados tampoco prestaron conformidad.

El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el Gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando la administración de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.

El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal de la causa Gabriela Boquin se opuso por considerar que era "abusivo".

El fin de semana, Macri publicó una carta en la que fustigó al Gobierno, al asegurar que "buscan venganza" contra él, a través de la Justicia; y en la que apuntó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, como quien se encarga de "manipular" a dicho poder. "Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos", aseguró Macri quien, a través del escrito, detalló su punto de vista sobre el desarrollo de la causa del Correo.

"No solo está en juego la integridad de mi familia, sino la idea misma de justicia", consideró el exmandatario, quien desde Europa aseguró que Zannini, "actuando en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado" por la empresa, y aseguró que el funcionario kirchnerista, mediante un "exceso de sus facultades", quiere que la compañía quiebre.

El expresidente también dirigió mensajes para miembros de la Justicia, entre ellos la fiscal Boquín. Dijo, sobre ella, que rechazó todas las propuestas de pago hechas por la compañía, deslizó imparcialidad en su accionar y la acusó, al igual que a Zannini, de perseguir la quiebra de la compañía.

"La fiscal no quiere que el Estado nacional cobre, quiere que el Correo Argentino quiebre. Es raro, este no es el comportamiento que tiene con otras empresas. De hecho, es todo lo contrario a lo que hizo con OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López", aseguró Macri, que en la carta también realizó una advertencia sobre la posición que podría tomar la jueza Marta Cirulli, que lleva adelante el concurso.

Con esa carta, Macri buscó ejercer cierta presión sobre la magistrada y los Camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial decidiera que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) no tiene competencia para tratar el expediente. Ésta había sido la última maniobra del ex presidente para evitar que el Correo se declare en quiebra, y fue denunciada por Boquín como un intento de "forum shopping", es decir, un artilugio para que el expediente fuera tratado por un tribunal "amigo". (DIB) FD