Una jueza de Garantías dictó ayer las detenciones para las dos mujeres y el varón que el sábado que pasó habían sido arrestados en Azul durante allanamientos por drogas en los que policías de la Federal hallaron e incautaron más de dos kilos de marihuana, informaron a EL TIEMPO voceros allegados al sumario penal que se instruye por esta infracción a la Ley 23737.

Dando lugar a un pedido formulado por Lucas Moyano, el fiscal a cargo de la UFI 22 que interviene en esta causa, las medidas cautelares fueron dispuestas por Magdalena Forbes, la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 con asiento en los tribunales de Azul.

En el caso de las dos jóvenes que ahora están detenidas -una de ellas identificada como Johanna Belén Ocanto y de 27 años y la otra como Araceli Elizabeth Otegui (25)- las consideran "prima facie" autoras de los delitos de tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, en concurso ideal con comercialización de estupefacientes agravado por la participación de tres personas.

En cuanto al hombre que también figura imputado en esta investigación penal, un azuleño de 56 años que había sido identificado como Néstor Eduardo "Lalo" Scaserra, su aprehensión fue convertida ayer en detención sólo por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de tres personas.

En un principio, cuando anteayer fue llevado a Tribunales para ser indagado y se negó a declarar -del mismo modo que sucediera con Ocanto y Otegui-, Scaserra había sido acusado también de la tenencia ilegal de un arma de fuego que policías hallaron en su casa durante el allanamiento que el pasado sábado finalizó con su arresto.

Pero al evaluar las características que presentaba ese revólver calibre 22 incautado por los agentes de la Federal en su domicilio -estaba desarmado, le faltaban algunas piezas y por lo tanto "carecía de poder ofensivo", escribió la titular de Garantías 1 en lo dispuesto ayer- se resolvió no imputarle a escala penal la tenencia ilegal del arma de fuego.

Detenidos

Con las pruebas reunidas hasta el momento en el marco de esta pesquisa, la magistrada a cargo de Garantías 1, al dictar ayer estas tres detenciones por una infracción a la Ley 23737, concluyó que los imputados "acordaron la comercialización de sustancias estupefacientes".

"Incluso -señaló también en la resolución al referirse a ambas jóvenes que ahora están detenidas- en el caso de Otegui y Ocanto se encontró en sus domicilios gran cantidad de esas sustancias, lo que a su vez hace que respecto de ellas pueda imputarse también la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo que es conteste con todas las conversaciones telefónicas".

"En definitiva, se ha justificado que las imputadas mencionadas tenían en su poder una cantidad muy importante de sustancia ilícita (marihuana), encontrando también recortes de nylon, lo que, aunado con las demás probanzas (conversaciones telefónicas), permiten concluir que se encontraban destinadas al consumidor, dejando evidenciada la ultrafinalidad típica reclamada por los delitos en trato", sostuvo también la titular de Garantías 1.

Distinto fue el enfoque con relación al delito atribuido a Scaserra y que ayer se tradujo también en que su aprehensión fuera convertida en detención.

"Entiendo que no es dable adjudicarle una conducta de tenencia cuando en rigor, al ser efectuado el allanamiento en su morada, no fue encontrada sustancia ilegal alguna", escribió en la resolución la magistrada Forbes.

"Ello no importa desconocer -agregó la Jueza- que es evidente su accionar dentro de esa organización conformada con las otras dos imputadas, por lo que sí le cabe la imputación por comercialización de estupefacientes".

En tanto, con relación a la tenencia ilegal del revólver que desde la Acusación también se le imputara y ahora quedó sin efecto, la titular del Juzgado de Garantías 1 concluyó que no era posible atribuirle la comisión de ese ilícito al azuleño encausado.

"Ello así por cuanto el revólver encontrando en el domicilio -una casa situada sobre la calle Roca entre San Carlos y Laprida, en Villa Fidelidad- tiene faltantes de piezas..., por lo que no reúne las condiciones para ser considerado un arma de fuego en los términos del decreto nacional 395/75, reglamentario de la Ley 20429, en tanto carece de poder ofensivo".

Más de dos kilosde marihuana

Los allanamientos que el sábado policías de la Federal hicieron en las casas de las mujeres y del hombre que desde ayer permanecen detenidos estuvieron enmarcados en una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo que lleva adelante desde la UFI 22 el ya referido fiscal Lucas Moyano.

Ordenados por la jueza de Garantías Magdalena Forbes, los procedimientos tuvieron como escenarios el inmueble donde se domicilia Scaserra y las viviendas en las que residen Otegui y Ocanto.

La primera de las jóvenes figura imputada en otra causa por drogas, la cual en diciembre pasado había dado lugar a su aprehensión y, tiempo después, a que recuperara la libertad.

En el caso de Johanna Ocanto, actualmente cumplía arresto domiciliario en esa casa donde vive, procesada en una investigación penal donde está acusada de un intento de homicidio por haberle desfigurado a una joven el rostro con un elemento cortante.

Aquel hecho había ocurrido en octubre del año pasado en el mismo inmueble donde Ocanto fue aprehendida el sábado que pasó.

En esa casa, ubicada en Avenida Madres de Plaza de Mayo y Ruta 51 de este medio, los agentes de la Federal hallaron parte de esos más de dos kilos de marihuana que se incautaron hace cuatro días.

La otra parte de la droga se secuestró en la vivienda donde reside Otegui, ubicada sobre la calle Avendaño, en el Barrio Juan Domingo Perón.

Los procedimientos incluyeron que se secuestrara dinero en efectivo -que podría estar vinculado con esta actividad ilegal de comercialización de estupefacientes al menudeo- en los inmuebles donde se domicilian Scaserra y ambas jóvenes.

Una balanza de precisión, hallada en la vivienda de una de las jóvenes que ahora está detenida, y varios teléfonos celulares que tenían los encausados formaron parte también de los elementos incautados en estos allanamientos por drogas.

"Al menos en el período comprendido entre el mes de mayo y el día 24 de octubre del corriente año los aquí imputados Araceli Elizabeth Otegui, Johanna Ocanto y Nestor Eduardo Scaserra se dedicaron en forma organizada a la comercialización de estupefacientes del tipo clorhidrato de cocaína y marihuana, en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor en esta ciudad de Azul", se sostiene desde la Acusación con relación a la actividad ilícita desarrollada por quienes ahora están detenidos.

Escuchas a los teléfonos de los imputados, que tiempo atrás habían sido intervenidos desde la Justicia, formaron parte del elemento probatorio reunido en esta investigación penal preparatoria por la que el sábado pasado se hicieron los allanamientos y las aprehensiones y ayer, desde el Juzgado de Garantías que entiende en esta causa, les fueron dictadas las detenciones a Ocanto, Otegui y Scaserra.

EL DATO

Los acusados continuaban transitoriamente privados de la libertad en la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina, la dependencia ubicada en Belgrano entre Burgos y Colón. En la resolución donde las aprehensiones del hombre y las jóvenes fueron convertidas en detenciones, la jueza de Garantías Forbes ordenó también que se consigan cupos en el Servicio Penitenciario Bonaerense para que los trasladen a los tres a establecimientos carcelarios. En el caso de Scaserra, se dispuso que sea remitido a la Alcaidía de la Unidad 38, una de las cárceles que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica. Para Otegui y Ocanto, en tanto, se ordenó que sean alojadas en la Unidad 52, la cárcel de mujeres con sede en Azul.

Allanamiento convalidado

El celular incautado en poder del azuleño que está preso en la Unidad 17.

La investigación penal que se está llevando adelante por esta infracción a la Ley de Estupefacientes involucra también a un azuleño que actualmente está preso en la Unidad 17 de Urdampilleta, una de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense que está situada en esa localidad perteneciente al Partido de Bolívar.

Llamado Carlos José María Cano y de 51 años de edad, el sábado que pasó -al mismo tiempo que en Azul eran aprehendidos Scaserra, Ocanto y Otegui en los allanamientos que la Policía Federal hiciera en sus respectivos domicilios- el Fiscal a cargo de esta investigación había allanado "de urgencia" la celda que en ese penal ocupa el recluso.

Cano, que registra varios antecedentes penales -en su mayoría, por comercialización de estupefacientes-, figura también involucrado en esta investigación, a través de llamadas efectuadas a los teléfonos intervenidos desde la Justicia a las jóvenes y al hombre que desde ayer están detenidos.

Por ese motivo el sábado que pasó el fiscal Lucas Moyano dispuso allanar la celda que ocupa en la cárcel de Urdampilleta, procedimiento realizado por agentes del SPB que derivó en el hallazgo y posterior secuestro de un teléfono celular que el preso tenía en su poder.

Además, aquel día el recluso fue notificado de la formación de la causa penal que por esta infracción a la Ley 23737 se lleva adelante desde la UFI 22 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.

Ese procedimiento, en la resolución que ayer convirtió en detenciones a las aprehensiones de Scaserra, Ocanto y Otegui, fue convalidado por la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1.

Analizando el contenido de estas actuaciones penales, la jueza Magdalena Forbes concluyó, para avalar ese procedimiento de urgencia, que "de la escucha telefónica autorizada desde esta sede jurisdiccional es dable extraer que en principio el ciudadano Cano, privado de libertad en la Unidad señalada, mantenía conversaciones relativas a los ilícitos en pesquisa, por lo que resulta razonable pensar que las medidas adoptadas respecto de los tres imputados habría podido alertarlo de la investigación y, con ello, poner en peligro los fines de la misma".

Esa situación mencionada fue la que se tradujo en la convalidación de aquel allanamiento realizado el sábado en el penal de Urdampilleta, el procedimiento que finalizara con la incautación de un teléfono celular al interno.

"El secuestro del celular marca Samsung hallado en la celda del ciudadano Cano merece ser convalidado", se mencionó en lo dispuesto ayer desde el Juzgado de Garantías 1.