SE AFIRMÓ QUE YA CUENTA CON LOS DICTÁMENES NECESARIOS . Discapacidad: reclaman a la Cámara de Diputados un "pronto tratamiento" de la Ley de Emergencia

Concejales integrantes de diversos bloques políticos del legislativo azuleño solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad.

En un proyecto de Resolución -firmado por los ediles Valeria Hiriart, Gabriela Lambusta, Consuelo Burgos, Natalia Colomé, Jorge Ferrarello y Gastón Blando-, que fue tratado durante la sexta sesión ordinaria del legislativo local y aprobado por unanimidad, se mencionó "el proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027 y la Ordenanza N° 3648/2015 y su modificatoria 4487/2020 que crea el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad del Partido de Azul".

Se indicó, en tal sentido, que "el proyecto de ley ya cuenta con los dictámenes necesarios para su tratamiento en el Congreso".

"Los mencionados dictámenes -se refirió- se dieron en el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social, Salud Pública, y la de Presupuesto y Hacienda".

En esa línea, los concejales señalaron que "desde el Congreso se propone un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país, con el objetivo de asegurar los derechos de las personas con discapacidad en materia de nivel de vida, salud, educación, protección social y trabajo. Este proyecto -se remarcó en la Resolución finalmente aprobada por unanimidad- busca establecer una respuesta urgente a la situación de crisis en el sector de prestaciones para personas con discapacidad, marcado por un atraso en los aranceles y su actualización, que afecta la calidad y continuidad de las prestaciones necesarias para la vida".

También se puntualizó que "el proyecto de Emergencia en Discapacidad posee cuatro capítulos con veinte artículos, donde establece en su 'artículo 1°, Objeto: declárese la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive'".

Por otra parte, se subrayó que "el cumplimiento de la obligación del Estado nacional, asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044, de modificar leyes y decretos, y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar, entre otros, los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad".

Asimismo se recordó que, "según el artículo 3° de la Ordenanza 3648/2015 y su modificatoria 4487/2020, que crea el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad del Partido de Azul, determina entre otros fines 'la concientización a nivel comunitario de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad'".

"El Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad de Azul se manifestó en la Plaza San Martín, acompañados por la ciudadanía e instituciones locales, en concordancia con otros distritos del país el día 30 de abril, con el objetivo de esperar el dictamen de comisiones por la Ley de Emergencia en Discapacidad y repudiar el Decreto 187/2025, que luego fuera derogado y publicado en el Boletín Oficial el día martes 13 de mayo de 2025, pero que, al día de la fecha no se especifican los criterios de las auditorías para los beneficiarios de pensiones no contributivas y están generando desconcierto ya que las citaciones del Director Ejecutivo de la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, Dr. Diego Orlando Spagnuolo, para presentar la documentación obligatoria es un domicilio que no tiene ninguna vinculación con la temática", añadieron los concejales autores de la iniciativa.

Por ello, se puntualizó luego, "reafirmamos una vez más que el Estado debe garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, y actuar siempre conforme a los principios de la CDPD: autonomía, no discriminación, participación plena y efectiva, igualdad de oportunidades, accesibilidad y respeto por la dignidad inherente a cada persona".

Al momento de fundamentar el proyecto, la concejal Valeria Hiriart (bloque Podemos Azul) sostuvo que el mismo "fue trabajado en conjunto con el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y la concejal Lambusta, quienes integramos este consejo".

"Lo que nos preocupa -apuntó Hiriart- y queremos solicitar es el pronto tratamiento de esta ley, en la que se solicita la garantía de todos los derechos de las personas con discapacidad".

En tanto, la concejal Gabriela Lambusta (bloque Unión por la Patria), afirmó que "creemos que es importante mencionar tres cuestiones centrales en esta ley de emergencia. La primera es la emergencia en relación a las prestaciones, que tienen que ver con los servicios a las personas con discapacidad".

En ese sentido, Lambusta añadió: "Quiero especificar que desde el 2023 no hubo ningún tipo de modificación en los valores. Un ejemplo es el de los Talleres Protegidos, ya que en Azul tenemos una problemática importante".

Luego mencionó que "las personas con discapacidad que trabajan en los Talleres Protegidos lo hacen cuatro horas diarias y tienen un sueldo mensual de 28 mil pesos. Me pregunto quién podría vivir con 28 mil pesos... Esto, desde el año 2023, no se ha modificado ni un solo centavo y, además, se debe enero, febrero y marzo de este año".

La legisladora de UxP destacó además que "otra cuestión es la de los transportistas de las personas con discapacidad. Se les está abonando un monto de 541 pesos por litro de nafta, cuando sabemos que en estos momentos es más de 1500 pesos; lo cual lleva a que las personas, en lugar de concurrir cinco días -que es lo que deberían concurrir- están yendo, con suerte, dos veces; o, en algunos casos, logran tres. Siempre fue un valor aproximado del 70% y en este caso sabemos que está triplicado".

Del mismo modo, Lambusta consideró que "otro punto fundamental son los acompañantes. Es importante que haya una continuidad en los acompañantes y quisiera saber qué persona puede continuar un tratamiento y continuar con ese acompañamiento, cuando se le paga la hora al acompañante 3 mil pesos y se están pagando a 180 días transcurridos".

"El mayor problema, inclusive -refirió la concejal Lambusta-, es la rotación del personal que acompaña, que no es favorable para la persona con discapacidad, porque todos como no pueden hacer nada con estos 3 mil pesos siguen buscando otros trabajos".

En su fundamentación, Lambusta además observó que "otro punto es el relacionado con las pensiones de discapacidad y las dificultades que hay para acceder".

Al respecto dijo que "en este último año 500 mil personas se inscribieron para poder acceder a las pensiones. Y en los últimos quince meses sólo accedieron 581 personas". Por ello, destacó la legisladora, "queda bien claro que se está a favor de las auditorías, pero se incorpora el pedido de que se identifique a los médicos y las localidades que tienen mayor cantidad de personas para ver si en ese caso hubieron cuestiones mal realizadas; pero no llevar a todas las personas con discapacidad a que hagan nuevamente el proceso de inscripción, el proceso médico, y con una realidad en nuestro distrito y en distritos vecinos, que se los están llamando desde el ANDIS a que presenten toda la documentación en treinta días, diciéndolos que si no van a perder la pensión, a un domicilio que no es real".

"Desde el área municipal se está trabajando, y también fue hablado con ANSES, y se está recibiendo a todas las personas y buscando una pronta solución para ver dónde lo tienen que hacer", explicó Lambusta.

Refirió, en ese contexto, que el diputado nacional José Luis "Espert es quien preside la comisión de Presupuesto [de Diputados] y se tuvo que hacer toda una modificación porque esa comisión no se reúne nunca y cuando se reunieron tampoco estuvo presente, como tampoco ningún diputado de La Libertad Avanza cuando se trabajó la ley de emergencia".