A pocos días de cumplirse un mes desde que resultaran arrestados, un juez Federal procesó con prisión preventiva a un joven y un hombre que habían sido aprehendidos en jurisdicción de Azul el pasado 25 de febrero, cuando viajaban en un auto donde llevaban un ladrillo de cocaína que pesaba poco más de un kilo.

La información fue confirmada a EL TIEMPO por voceros allegados a esa investigación penal, que había comenzado a sustanciarse desde la justicia ordinaria y posteriormente, teniendo en cuenta las características que tuvo aquel procedimiento, quedó radicada en la justicia federal con asiento en esta ciudad.

Desde el juzgado a su cargo, en primera instancia fue el magistrado Gabriel Di Giulio quien ordenó estos procesamientos, que incluyeron los dictados para los dos encausados de sus prisiones preventivas.

A la espera de que se consigan cupos para que los trasladen a una unidad penal del Servicio Penitenciario Federal, el joven y el hombre investigados por esta infracción a la Ley 23.737 continúan alojados en la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina.

Uno de los acusados es un albañil de 44 años identificado por fuentes judiciales como Walter Luciano Ramírez, nacido en CABA y con actual domicilio en Allen, ciudad situada en Río Negro. El otro es un sobrino de la pareja de Ramírez. De 25 años de edad, se llama Nicolás Alberto González y vive en General Enrique Godoy, una localidad perteneciente a General Roca que también está ubicada en la ya mencionada provincia.

Transporte de estupefacientes en modalidad de comercio en concurso ideal con tenencia ilegal de estupefacientes para su comercialización son los delitos que, en carácter de coautores, les están imputando al joven y a la pareja de su tía.

Los procesamientos para los encausados incluyeron que el magistrado a cargo del Juzgado Federal número 1 con asiento en esta ciudad les trabara embargo sobre sus respectivos bienes, en una suma que en ambos casos fue fijada en dos millones de pesos, según lo que se menciona en la resolución.

Un ladrillo de cocaína

En horas de la noche del 25 de febrero que pasó, la rotonda que une a las rutas 226 y 51, en jurisdicción del Partido de Azul, fue el lugar donde policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado llevaron a cabo el procedimiento que derivó en las aprehensiones de los encausados y en el hallazgo de la droga.

Aquel día jueves, el menor de los ahora procesados por esta infracción a la ley de estupefacientes conducía un automóvil Citroën C5, en el que viajaba con el hombre coimputado en esta causa, cuando el personal policial que se encontraba en esa zona interceptó el rodado.

Además de los agentes de la división antinarcóticos local, en el procedimiento participaron efectivos del Comando de Prevención Rural de Azul. Al revisar el interior de ese auto en el que los encausados iban en dirección hacia la provincia donde están radicados, los policías hallaron la droga, que estaba oculta en el baúl del vehículo.

En las actuaciones penales se señala que los ocupantes del C5 "detentaban ilegítimamente bajo su guarda y disposición, envuelto en un nylon de color blanco con la inscripción 'Frágil', en color rojo, oculto debajo de la rueda de auxilio, dos trozos compactos de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1.035 gramos".

El hallazgo de ese ladrillo de cocaína que estaba partido en dos derivó en los arrestos del conductor y del albañil, a quienes también les habían incautado durante aquel procedimiento más de 9.000 pesos y sus teléfonos celulares.

Desde la UFI 22 a cargo del fiscal Lucas Moyano que tiene sede en los tribunales de Azul comenzó a instruirse el sumario relacionado con esta infracción a la Ley 23.737.

Pero al día siguiente de realizado el procedimiento, teniendo en cuenta las características que había tenido se resolvió desde la justicia ordinaria declarar la incompetencia en la causa, por lo que las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal número 1 de Azul y de ahí en adelante continuó entendiendo en la investigación penal el magistrado Gabriel Di Giulio.

En los días posteriores, además, se realizaron allanamientos que tuvieron como objetivos domicilios ligados a los encausados, siendo escenarios de los mismos la ya mencionada localidad rionegrina de General Enrique Godoy y dos inmuebles más en la provincia de Corrientes.

Durante esos procedimientos se hallaron e incautaron "teléfonos celulares y memorias" cuyos contenidos iban a ser analizados, con el fin de recabar más pruebas vinculadas con esta investigación penal que se lleva adelante desde la justicia federal con sede en Azul.

EL DATO

Los procesamientos dispuestos por el juez Di Giulio en esta primera instancia habían sido apelados ante la Cámara Federal con asiento en Mar del Plata por la Defensa de los acusados. Los delitos que les están imputando al joven y al hombre contemplan penas que van desde los cuatro a los quince años de prisión, por lo que no resultan excarcelables. Ese fue uno de los motivos valorados por el magistrado a cargo del Juzgado Federal número 1 con sede en Azul para pronunciarse a favor de convertir a las detenciones de los dos encausados en prisiones preventivas.

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Ambos imputados habían declarado ---título---

El 27 de febrero pasado, dos días después a que resultaran arrestados, ambos acusados habían sido trasladados a sede judicial para que fueran indagados, audiencias durante las cuales optaron por declarar. A través de su testimonio, el conductor del auto intentó desligar a la pareja de su tía de los ilícitos que les están atribuyendo a los dos y por los cuales están presos.

Según dijera Nicolás Alberto González, en Villa Regina lo había contratado una persona que le ofreció pagarle 100.000 pesos para que fuera a buscar "unas cosas" a Buenos Aires, lo que hizo que él le pidiera prestado el auto a su tía y que en el viaje lo acompañara la pareja de esa mujer: Walter Luciano Ramírez, el otro encausado.

De acuerdo con la versión del joven, él no sabía que era droga lo que tenía que traer en ese viaje. Al respecto, contó que una vez en la Capital Federal le hicieron entrega de "un paquete" que estaba en una bolsa negra de consorcio y él lo puso en el baúl, debajo de la rueda de auxilio, el lugar donde posteriormente el ladrillo de cocaína sería hallado durante el procedimiento realizado en Azul por la Policía.

"Veníamos volviendo, encontramos el control, nos pararon, revisaron el auto y nos encontraron todo. Iba con Walter Luciano Ramírez. Es la pareja de mi tía. Él no sabía y no tenía nada que ver", había afirmado durante aquella indagatoria. "A Ramírez le dije que tenía que ir a buscar una cosas y que me iban a dar un dinero..., pero no le dije qué cosas iba a buscar", sostuvo también en esa declaración donde intentó deslindar de responsabilidad penal alguna a su acompañante en el viaje.

"Imaginaba lo que podía ser, pero no revisé el paquete", contó sobre ese objeto que luego la Policía incautó y resultó ser algo más de un kilo de cocaína."Yo no sabía nada de lo que traía ahí, hasta que la Policía nos paró", había declarado en la indagatoria, en tanto, el mayor de los procesados por esta infracción a la Ley 23.737, quien -según contó- años atrás había vivido en Azul y trabajó en EFASA.

Cuando el mes anterior fueron arrestados en Azul, los procesados por esta infracción a la Ley 23.737 viajaban en un Citroën C5. DROGAS ILÍCITAS AZUL/PBA/ARCHIVO

Pero más allá de esas versiones exculpatorias que ambos acusados brindaron, el Juez Federal no creyó en esos dichos y se pronunció a favor de procesarlos en esta primera instancia como coautores de los ilícitos ya referidos.

Al respecto, el juez Federal Di Giulio escribió en lo dispuesto: "Los nombrados deberán responder en principio como coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio que concurre idealmente con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", acusación sustentada en lo que había sido el hallazgo de ese más de un kilo de cocaína en el auto en el que los dos viajaban el pasado 25 de febrero, cuando fueron arrestados en Azul.

"Una importante cantidad de estupefacientes", escribió el titular del Juzgado Federal 1 local al aludir a la droga incautada durante este procedimiento, se convirtió en una circunstancia que dejaba en evidencia que "la intención de los imputados era que la comercialización de ese material logre concretarse".

"No es necesario para este tipo de delitos -citó en la resolución el Juez al referirse a la calificación penal que tiene esta causa- una tenencia material de los narcóticos, sino la plena posibilidad de disponer de ellos en cualquier momento, pues se trata aquí de grupos especialmente diagramados para la actividad de tráfico de estupefacientes, generando ello que algunas personas tengan en su poder la droga, otros simplemente la mantengan escondida o protegida en sectores específicos y otros desplieguen funciones que, eventualmente, podrían no exigir que tengan contacto directo con ella".

"Es por ello que, más allá del lugar donde fue secuestrada la sustancia prohibida, ambos imputados involucrados han de responder por su tenencia y transporte, ya que se encuentra acreditado, siempre con el grado de probabilidad inherente a esta instancia, que transportaban el estupefaciente siendo sus tenedores directos, cuya finalidad no es otra que el comercio de aquel", indicó el magistrado azuleño en uno de los párrafos de lo resuelto.