EN UNA PRIMERA INSTANCIA . Estafas a la CEAL y a comerciantes: un juez no hizo lugar a los sobreseimientos de tres acusados

De quedar firme lo resuelto el pasado viernes, la causa penal que se iniciara en febrero del año anterior por presuntas estafas a la CEAL y a comerciantes se convertirá en materia de un futuro debate a los cuatro imputados, que siguen presos.

En una primera instancia, desde Garantías 2 el magistrado Federico Barberena hizo lugar a la requisitoria de elevación a juicio de ese expediente. Una solicitud que el mes anterior -tal lo que EL TIEMPO informara- formulara Paula Serrano, la fiscal que en la UFI 6 tuvo a su cargo la instrucción del sumario.

A través de lo ordenado, el Juez de la causa rechazó los planteos de sobreseimiento y de cambio de calificación legal que hicieron para tres de los acusados sus abogados defensores.

Además, el titular de Garantías 2 resolvió que el matrimonio conformado por Matías Horacio Rosas y María Laura Calandra -empleados ambos de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada- y los comerciantes Neefer Eduardo González y Mario Miguel Garavelli afronten un futuro juicio.

Mientras tanto, a los cuatro les continúan atribuyendo un "concurso real entre sí" de delitos que están definidos como asociación ilícita, falsedad de documento privado, uso de documento falso y estafas reiteradas.

Considerando la resolución más reciente vinculada con esta investigación penal ya concluida, entre agosto de 2024 y febrero del año pasado la totalidad de los acusados integró una organización delictiva destinada a captar pagos correspondientes a facturas de energía eléctrica y agua de la CEAL para luego apropiarse de esos fondos.

Dicho accionar les habría permitido alzarse con una suma que ronda los 160 millones de pesos.

Existen evidencias que indican que la maniobra de tipo defraudatorio se habría apoyado en la utilización de información y herramientas a las que Rosas tenía acceso por su función como jefe de Facturación de la CEAL.

En ese contexto, el Juez garante avaló ahora una vez más la hipótesis de la Fiscal de la causa, que indica que el matrimonio de empleados de la Cooperativa y después los dos comerciantes también acusados se encargaron de ofrecer a propietarios de negocios locales y a otros usuarios supuestos descuentos especiales sobre las facturas de luz y, en algunos casos también de agua, con porcentajes variables.

Los argumentos utilizados para justificar esos beneficios podían estar relacionados con la condición de "buen contribuyente", el tipo de cliente, vínculos personales u otras circunstancias de dichos usuarios, quienes luego pasaron a figurar en el expediente judicial como damnificados por estas estafas, al igual que la propia CEAL.

Creyendo que cancelaban a un precio más bajo que el determinado oficialmente los consumos de los servicios ofrecidos por la Cooperativa, los usuarios les entregaban el dinero a Calandra, González y Garavelli. Y era Rosas quien después se encargaba, teniendo en cuenta su función en la entidad, de generar notas de crédito dentro del sistema y "clonar" tickets de pago que imitaban los comprobantes oficiales de la CEAL.

Mientras los usuarios damnificados recibían esa documentación trucha, el dinero que obtenían los imputados nunca ingresaba a las arcas de la Cooperativa, quedando de esa manera en poder de ellos y generándose el perjuicio patrimonial por el que desde la propia entidad, al ser descubierta la maniobra por medio de una auditoría, se formuló ante la Justicia la denuncia que en febrero del año pasado se convirtió en el punto de partida para la instrucción de esta causa.

Rosas, señalado como el "jefe"

En la resolución que el pasado viernes derivó en que la causa penal fuera elevada a juicio en una primera instancia, Matías Horacio Rosas continúa siendo señalado como el "jefe" de esta presunta organización delictiva.

De esa manera, sigue dándose por demostrado que habría utilizado las claves y permisos disponibles en razón de su función en la CEAL para generar las notas de crédito y confeccionar los comprobantes falsos.

La imputación que pesa sobre ese hombre -de 48 años y oriundo de Lobería- es la más grave: "asociación ilícita en carácter de jefe" y responsable también de la "falsificación de documentos", al igual que de ser "coautor" de varias de las estafas investigadas.

Su esposa, la azuleña María Laura Calandra (46), también sigue señalada como integrante de la "asociación ilícita", "coautora" de las estafas y del uso de documentación falsa. Entre otras cuestiones -y se destacó en lo resuelto- por haber sido ella la cara visible de la operatoria frente a varios de los comerciantes que eran captados para estas maniobras ilícitas.

La mujer trabajaba en el sector de Recursos Humanos de la CEAL y, de acuerdo con la Acusación, en algunas oportunidades se presentaba utilizando el uniforme de la entidad. Una circunstancia que habría contribuido a otorgarle credibilidad a la oferta de descuentos que realizaba en nombre de la Cooperativa.

Los comerciantes

Al ser elevada a juicio esta causa, también se continúa dando por acreditado que los comerciantes azuleños Neefer Eduardo González (67) y Mario Miguel Garavelli (51) se desempeñaron en la organización delictiva como captadores de usuarios y recaudadores del dinero que después, al parecer, se quedaban de manera ilegítima.

Según la investigación, ambos habrían permitido ampliar el volumen de operaciones mediante la ya referida captación de usuarios y el cobro de las facturas.

En el caso del dueño de la heladería, se le atribuye participación como coautor de las estafas correspondientes a determinados episodios individualizados en el expediente en perjuicio de varios comerciantes.

Respecto de Garavelli, la resolución destaca especialmente su intervención en la captación de los propietarios de siete de los supermercados chinos instalados en Azul, a quienes -ha podido comprobarse- les habría ofrecido el pago de las facturas con descuentos que en algunos casos alcanzaban el 30 por ciento. Una situación que, al mismo tiempo, habría representado un incremento significativo del volumen de dinero recaudado por la organización delictiva.

De esa manera, tanto González como Garavelli siguen acusados de integrar la asociación ilícita, de utilizar documentación falsa y de participar en determinados hechos de estafa.

Planteos rechazados

En lo resuelto el viernes pasado, el titular de Garantías 2 hizo alusión también a los planteos formulados por los abogados de tres de los imputados, los cuales terminó desestimando.

María Fernanda Giménez, que patrocina al matrimonio de empleados de la CEAL, y Luciano Di Pietro, que lo hace en nombre del comerciante Garavelli, se opusieron a la elevación a juicio de la causa. Y pedían, en consecuencia, los sobreseimientos de sus asistidos.

Tampoco el juez Barberena dio lugar al pedido de cambio de calificación legal que continúa teniendo esta causa para los acusados patrocinados por los letrados Giménez y Di Pietro. Y rechazó la excarcelación que fuera solicitada en favor del dueño de la agencia de loterías y quinielas.

Mientras que los únicos que no formularon oposición a la elevación a juicio de este sumario fueron los abogados que representan a González, lo dispuesto el pasado viernes mantuvo vigente la acusación en los términos planteados hasta el momento.

Considerando los delitos que les atribuyen al matrimonio de empleados de la CEAL y a los dos comerciantes, de quedar firme lo resuelto por el titular de Garantías 2 eso implicará que todos los imputados sean sometidos a un futuro juicio en uno de los tribunales orales con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.

El dato

Con sus prisiones preventivas confirmadas meses atrás desde la Cámara Penal departamental, los varones investigados por estas presuntas estafas a la CEAL y a comerciantes siguen alojados en la Unidad 7. Mientras tanto, María Laura Calandra continúa bajo arresto domiciliario en una vivienda de Azul.