17 de junio de 2015
El ex asesor de seguros está acusado de estafar a varios inversores con su consultora, la misma que fuera creada en Azul años atrás. El acuerdo judicial quedaría suscripto en un Tribunal Oral de la Capital Federal en los próximos días. Su ex esposa, la abogada Silvina Amestoy, es la única de los varios acusados que tiene el caso que decidió someterse a un juicio oral.
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Eugenio Curatola, el ex asesor financiero que está acusado de haber estafado a cientos de sus clientes por sumas millonarias mientras estaba al frente de una consultora surgida en Azul, podría ser condenado a cinco años de prisión en el marco de un juicio abreviado que firmó en el mismo Tribunal Oral de la Capital Federal donde su ex mujer está siendo sometida a un juicio oral.
La información fue dada a conocer ayer por el diario La Nación, en una nota donde -además- se indicó que las maniobras defraudatorias que se le imputan al ex vendedor de seguros incluyen estafas cometidas entre los años 2001 a 2004 en las que, como damnificados, figuran en la causa penal un total de 249 ex clientes de la firma a través de la que él ofrecía sus servicios.
Según lo señalado desde el matutino porteño, mientras que su ex esposa Silvia Amestoy, una abogada, es la única que está siendo sometida a un juicio oral en el Tribunal 2 de la Capital Federal, al término de ese proceso se conocería la condena para Curatola, que actualmente tiene 52 años de edad.
Junto con el ex vendedor de seguros, hay dieciocho personas más involucradas en esas maniobras defraudatorias surgidas desde la consultora financiera que el propio imputado creara en esta ciudad con el apoyo de algunos azuleños, los mismos que en su momento formaron parte del Directorio de la firma y también fueron procesados.
En la época de mayor apogeo, la firma que lideraba Curatola llegó a tener varias sucursales en diferentes lugares del país, después de que en Azul tuvo algunas de sus sedes en la planta alta de Avenida 25 de Mayo casi Yrigoyen y en San Martín entre De Paula y Moreno, local este último donde actualmente funciona el Juzgado de Familia.
Si bien en la causa penal que ahora está siendo materia de debate los damnificados que figuran son los ya señalados 249, se estima que hubo un total de 7.000 clientes de “Curatola & Asociados SA” perjudicados, entre los cuales se cuentan a varios azuleños que en su momento confiaron sus dineros al hasta ahora considerado supuesto autor de la estafa más importante que se haya registrado hasta el momento en la historia de la Argentina.
Diez mil dólares para ingresar
La investigación llevada adelante indica también que se habrían firmado unos 11.000 contratos donde los inversores le otorgaban dinero a Curatola, quien se comprometía a pagar meses después importantes intereses.
Según lo aseguraba, en un año podía obtener un 45% de interés a partir de una inversión mínima de 10.000 dólares.
De esa manera, la promesa de obtener altos dividendos con esa inversión inicial sedujo a miles de inversores. En algunos casos, hasta se armaban grupos de varias personas para juntar esos 10.000 dólares que los convertían en clientes de la consultora que, supuestamente, colocaba el dinero en el mercado a futuro de divisas en el exterior.
Si bien en principio el sistema -considerado por su metodología del tipo “piramidal”- pareció funcionar, para fines de 2004 los inversores empezaron a notar que no podían recuperar la plata. Ni la invertida ni la que el propio Curatola o algunos de sus asesores les prometía que recibirían a modo de intereses.
De esa manera, quien llegó a Azul ofreciendo sus servicios como asesor de seguros fue denunciado por cientos de quienes eran sus inversores, lo que dio lugar en su momento al inicio de un sumario penal que, incluso, derivó en que lo detuvieran a él como a otros integrantes del Directorio de la consultora.
El pago de una fianza le permitió en su momento a Curatola recuperar la libertad, al tiempo que también fue considerado el líder de una “asociación ilícita” en ese expediente penal que ahora, en su caso y en el de la mayoría de los encausados, se tramita bajo la forma de un juicio abreviado.
Curatola, que promocionaba sus servicios a través de programas radiales y en páginas en la web, había estado detenido más de dos años y medio con prisión preventiva.
Las varias denuncias contra él, entre las que hubo presentaciones de inversores azuleños, fueron investigadas por el fiscal Federal Guillermo Marijuan. También por Marcelo Solimine. Este último fue quien solicitó, en 2008, al juez de Instrucción Mariano Scotto la detención del ex asesor de seguros.
“Los clientes de Curatola y Asociados SA fueron, mediante ardid, inducidos a error para efectuar sus disposiciones patrimoniales, siendo que tal maquinación fue desplegada con el designio final de apropiarse de las sumas depositadas”, habían explicado años atrás en un interlocutorio los camaristas Jorge Rimondi y Luis Bunge.
Esos jueces lo hicieron, cuando se pronunciaron a favor de excarcelarlo luego de que llegó a estar detenido más de dos años y medio, ante la demora que se estaba registrando en ese momento para que el ex asesor de seguros fuera juzgado e implicaba que se venciera el plazo con el que permanecía con prisión preventiva.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Capital Federal Hugo Boano, Fernando Larrain y Alejandro Sañudo son quienes están interviniendo ahora en el caso.
El fondo presentado por Curatola y al que supuestamente iba a parar el dinero de los inversores, llamado VMG, tenía sede en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, los Estados Unidos y otros países.
Pero el relato de uno de los testigos en el proceso sirvió para conocer que en realidad ese fondo nunca existió, por lo que todavía hoy, a más de diez años de iniciada la investigación por el caso, no ha podido determinarse adónde fue a parar todo ese dinero que el principal responsable de esta presunta estafa recibió.
Los inversores podían consultar sus supuestas ganancias a través de la web, las mismas que después nunca percibieron en el medio de una situación relacionada con un fraude que los convirtió en los llamados “ricos virtuales”.
El dato
Según se estima, el monto de esa estafa que se le atribuye a Eugenio Curatola habría ascendido a casi los 10.000.000 de dólares. Esos cinco años de prisión a los que sería condenado implicarían que vuelva a estar preso en el penal de Ezeiza.
El nucleamiento local presentó un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante en el que solicitan la adhesión del Municipio a "dos leyes provinciales, la de obligación alimentaria -que acelera el proceso- y la del registro provincial de deudores alimentarios". En una entrevista con EL TIEMPO, integrantes de Madres contra la Violencia Económica afirmaron que "la Justicia no tiene perspectiva de género y por eso Azul es una fábrica de deudores". Ante ese contexto, "pretendemos es que el juez aplique estas leyes y que sancione a los deudores alimentarios".
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