PAIS. Insólito planteo para no difundir salarios de empleados estatales

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa su preocupación ante el planteo judicial realizado por un grupo de empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) para que medios de esa provincia se “abstengan” de informar sobre los salarios pagados en aquella compañía estatal.

Cuatro trabajadores de Epec, con el aval del Sindicato de Luz y Fuerza local, presentaron el lunes pasado una medida cautelar autosatisfactiva para que el diario La Voz del Interior, las radios Mitre y Cadena 3, y los canales 8, 10 y 12 “se abstengan de continuar publicando, informando y  difundiendo, ya sea de manera gráfica, televisiva, radial y/o por redes sociales (Facebook, Twitter, Google Plus)” información referida a los salarios de esa empresa provincial.

Invocaron para ellos los derechos a la intimidad, a la propiedad privada y a la divulgación de datos personales, así como una presunta “estigmatización” de su persona, pese a que la prensa sólo había revelado el salario promedio pagado por la empresa, sobre la base de datos oficiales difundidos por la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

La nota original, publicada por La Voz del Interior el jueves 4 y luego reproducida por los otros medios, hizo notar que el salario medio de los trabajadores de Epec (en bruto, y prorrateando el aguinaldo y la bonificación anual) “es 226 por ciento mayor que el promedio bruto mensual de 21.313,6 pesos estimado por el Indec para el sector privado de la economía cordobesa”.

“Se induce al lector a entender que el salario del empleado de la EPEC no corresponde al sector privado” –agrega el escrito– pese a que esta “es una entidad autónoma y autárquica que se autogestiona” (…) y “en la que el Estado no tiene injerencia directa”. En realidad, Epec es una empresa íntegramente del Estado provincial, el que con frecuencia debe acudir en su auxilio para paliar su déficit, además de prestar un servicio público que en las últimas semanas generó fuertes críticas por los aumentos tarifarios anunciados.

Adepa coincide con los demandantes en que el derecho a la libre expresión no es absoluto, pero advierte que vedar la publicación de datos que por esencia deben ser públicos –como son los salarios de una empresa del Estado– constituye un claro ejemplo de censura previa y de afectación de los derechos ciudadanos a la información y a controlar a las autoridades, que están  en la base de un sistema republicano de gobierno.

Por todo ello, Adepa confía en que el reclamo será rechazado por la Justicia de la provincia de Córdoba.