. ¿La educación en debate?

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Escribe:

Prof. María Liliana Christensen

En los últimos días, la sociedad argentina ha asistido a un interesante intercambio de miradas y de opiniones en torno al polémico tema del operativo nacional de evaluación denominado Aprender 2016, que se llevó a cabo en la semana que culmina en todo el país.

Más allá de las diversas posiciones y de los intereses que representan, es oportuno considerar, en primer lugar, que lo que se ha hecho es cumplir con lo establecido en la Ley Nacional de Educación 26.206, sancionada por el Congreso Nacional en el año 2006 y que en su Título III, dedicado a la evaluación del Sistema Educativo, expresa en los artículos 94, 95, 96 y 97 los siguientes conceptos:

Capítulo III – Información y Evaluación del Sistema Educativo

Artículo 94.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social.

Artículo 95.- Son objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación.

Artículo 96.- La política de información y evaluación se concertará en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo e implementación del sistema de evaluación e información periódica del sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad. Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los/as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 97.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia.

 

Uno de los objetivos fundamentales de la ley   

Es evidente, tal como se desprende del texto de la ley sancionada por los representantes del pueblo que en aquel momento integraban el Poder Legislativo, que la evaluación del sistema para obtener datos que permitan intervenir con políticas educativas concretas es uno de los objetivos fundamentales de la norma.

Es razonable también, y la ley lo explicita, que el encargado de llevar adelante el operativo de evaluación sea el Ministerio de Educación, en ese momento denominado Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y que actualmente ha cambiado su denominación pero es la cartera del área específica. Es quien tiene la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo.

Cabe señalar, además, que en los años 2007, 2010 y 2013 se realizaron en todo el país operativos de similares características, conocidos como ONE, que se concretaron dando cumplimiento a los imperativos de la Ley 26.206 y que no generaron la discusión ni las polémicas que hemos visto en estos últimos días.

Y aquí es donde vale la pena hacer un alto y preguntarse acerca de las reacciones encendidas que se han sucedido respecto de este tema, las acciones violentas y reñidas con la ley y con cualquier norma de convivencia armónica que una sociedad pretenda para sí, como consignas insultantes, carteles cargados de agresividad y tomas de escuelas. Declaraciones de docentes, alumnos y padres que desconociendo el carácter obligatorio de la ley y cuestionando con argumentos fundados en prejuicios y preconceptos, se opusieron a la implementación de un programa que no hace más que cumplir con lo que la Ley de Educación prescribe y que ya se había realizado años anteriores sin que se generara esta confrontación.

 

Un poco de historia    

Tratando de explicar entonces esta reacción extrema de algunos sectores y escuchando con atención los argumentos que esgrimen, es posible por ejemplo atender al reclamo de que no se ha tenido en cuenta, al momento de implementar una prueba estandarizada en todas las escuelas del país, la diversidad imperante y las diferencias regionales, culturales y socio-económicas existentes.

En el año 1884, durante el primer gobierno de Julio A. Roca, se sancionó la Ley 1420, que garantizó la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica, y que instaló una política educacional que tuvo efectos notables en las décadas que siguieron: mientras que en 1869 casi el 78 por ciento de las personas no sabían leer ni escribir, en 1914 ese índice se redujo al 35 por ciento. Pocas leyes en la Argentina han tenido un efecto transformador tan contundente.

Sin embargo, cuando esta ley fue sancionada, la Nación era ese país plural que, como consecuencia de la inmigración masiva, tenía en su esencia una diversidad extrema. Pluralidad de lenguas, de creencias, de culturas. El signo más visible de la sociedad de fines del siglo XIX era la heterogeneidad, las desigualdades sociales, geográficas y económicas. La Ley 1420 se aplicó en todo el territorio nacional. Los niños que acudían a la escuela en los más recónditos parajes de esa patria grande que recién estaba descubriendo el ferrocarril que traía el progreso, en muchos casos ni siquiera conocían nuestra lengua. En sus hogares se hablaba italiano, vasco, gallego, francés. La lengua madre, la lengua en la que se aprendía a conocer el mundo.

La escuela pública, gratuita, obligatoria y laica, fue el baluarte de la construcción de la identidad nacional y, con aciertos y errores, conformó una nueva sociedad cimentando  lo que alguna vez Ernesto Sábato llamó los argentinitos.

La entrada masiva de inmigrantes había agudizado el desequilibrio demográfico y regional del país, modificando, a su vez, la fisonomía de las zonas urbanas y rurales. En las ciudades, el ingreso de extranjeros originó serios conflictos: la escasez de viviendas y el alto costo de los alquileres ocasionó que muchos inmigrantes tuvieran graves problemas para encontrar un lugar donde dormir, abrigarse, comer y vivir en familia. En solo una pieza, con baños, cocinas y patios compartidos, los extranjeros organizaron su vida cotidiana dando cuenta de los sinsabores del mundo urbano y obrero.

La Argentina de aquellos años mostró, sin embargo,  un notable proceso de movilidad social ascendente que se tradujo en la expansión de las capas intermedias de la sociedad.

Es imposible no vincular este proceso virtuoso con la implementación de una ley de educación que daba a todos las mismas oportunidades, que igualaba, que generosamente proporcionaba a los hijos de los inmigrantes la posibilidad extraordinaria de acceder a la misma escuela que los hijos de los nativos. Que ponía alta la vara y enviaba un mensaje superador: con rigor y esfuerzo, el aprendizaje es posible. Y la educación abre un amplio camino de libertad y de oportunidades, que muchos, muchísimos de los recién llegados supieron aprovechar.

 

El difícil presente    

Hoy transitamos un presente difícil, con una sociedad pauperizada, atravesada por gravísimos problemas que nos aquejan desde hace décadas y que lejos de resolverse no han hecho más que agudizarse. Una sociedad castigada por nuevas y viejas violencias, afrontando severas dificultades que degradan el día a día y deterioran la convivencia. Casi todos los problemas más complejos que tenemos que resolver tienen una sola clave: la educación.

La discriminación, la violencia de género, la inseguridad, la ausencia de valores, las problemáticas de salud pública, la conflictividad en el tránsito, los accidentes viales, el consumo de sustancias nocivas, la deserción escolar, el embarazo adolescente  y podría seguir enumerando… Todas cuestiones vinculadas con la educación. Cuestiones que los argentinos tenemos que afrontar seriamente, discutiendo de verdad las problemáticas que nos azotan, priorizando la educación y la formación integral de niños y jóvenes. Sin ocultamientos, sin relato, sin hipocresía.

Ha llegado el momento impostergable de debatir la educación. Para que no nos venza la sinrazón. Para que no nos gane la barbarie.