LA CAUSA PENAL SIGUE SIN IMPUTADOS. Le secuestraron el teléfono al comerciante investigado por una presunta estafa a la CEAL

De acuerdo con lo informado a EL TIEMPO por voceros de seguridad y judiciales, la diligencia se llevó a cabo en horas del mediodía de ayer en la vía pública, cuando el rodado en que se trasladaba el comerciante sospechado fue interceptado por agentes de la DDI Azul sobre la calle Moreno, en cercanías al cruce con Prat.

Solicitada por Paula Serrano, la fiscal a cargo de la UFI 6 que instruye una causa penal tras la denuncia que por estas supuestas maniobras de defraudación fuera formulada días pasados desde la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, la diligencia había sido dispuesta por el magistrado Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías 2.

Además, incluyó por parte de los efectivos de seguridad que la llevaron a cabo el registro del vehículo en que se trasladaba el referido comerciante, llamado Neefer Eduardo "Gallego" González y de 65 años de edad.

De acuerdo con lo también consignado oficialmente, en poder del propietario de la heladería "Coppelia" -situada en una de las esquinas de Avenida Mitre y España- se incautó su teléfono celular.

Ahora ese móvil será sometido a pericias, con la finalidad de analizar sus contenidos en busca de elementos que puedan servir paras ser incorporados como nuevas evidencias al sumario penal que continúa siendo materia de instrucción.

Hasta el momento, sin imputados

Radicada en la UFI 6, al menos hasta ahora esa causa no tiene oficialmente a ninguna persona imputada, más allá de que en la denuncia formulada en sede judicial desde la CEAL se hacía mención como los principales autores de esta supuesta maniobra de defraudación a los empleados que actualmente están suspendidos de sus funciones: Matías Horacio Rosas, de 47 años de edad, y María Laura Calandra (40).

El pasado viernes 28 de febrero, dos inmuebles vinculados con la pareja investigada -un departamento situado en la zona céntrica de Azul y una chacra ubicada sobre el Camino Viejo a Tandil, en cercanías a la Ruta 3- habían sido allanados. Y lo mismo sucedió aquel día con la heladería de González, unas oficinas contiguas a ese local que también posee y el inmueble donde se domicilia.

Para cuando se realizaron aquellos allanamientos en sus propiedades, el comerciante se encontraba fuera del país, por lo que -tras su regreso a Azul- ayer se concretaron por parte de personal policial las diligencias también ordenadas por el Juez de Garantías que entiende en esta causa, las cuales derivaron en que le fuera secuestrado su teléfono celular.

La pareja de empleados de la CEAL, de acuerdo con lo denunciado en sede judicial desde la propia Cooperativa, al parecer cobraba a comerciantes de Azul sumas en negro a cambio de bonificarles las facturas mensuales de energía eléctrica con notas de crédito. Y en esa maniobra estaría involucrado el propietario de la heladería a quien ayer martes le incautaron su celular, luego de que también fuera registrado su automóvil Jeep Compass de color negro en busca de elementos de interés para esta Investigación Penal Preparatoria.

Además de su teléfono móvil, se disponía secuestrar -en caso de ser hallados- computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento de datos, anotaciones, facturas y recibos de pago de boletas de la CEAL y billeteras frías de criptomonedas, según lo mencionado en la orden judicial.

Conferencia de prensa y una denuncia

El pasado martes 25 de febrero, en conferencia de prensa, miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada informaron sobre la existencia de las presuntas irregularidades, las cuales dos días después fueron denunciadas en sede judicial y ahora son materia de esa Investigación Penal Preparatoria que está en manos de la fiscal Paula Serrano.

Dadas las características de los hechos, desde la entidad se indicó que se estaría en presencia a escala penal de una "asociación ilícita". Un delito que, al menos, habrían cometido los dos empleados "desleales" denunciados y actualmente suspendidos de sus cargos y González.

Años atrás ese comerciante estuvo preso, tras resultar condenado por el desvío de partidas de leche que el Estado provincial destinaba a familias carecientes en Azul.

Los hechos denunciados están situados como sucedidos desde julio del año anterior a enero de este año y representaron para la CEAL un perjuicio económico estimado desde la propia entidad en una suma cercana a los 150 millones de pesos.

Luego de que Mario Fossati, el actual presidente de la Cooperativa, presentara semanas atrás un pedido de licencia por motivos de salud que terminó siendo aceptado de inmediato, a través de una auditoría llevada adelante desde el Consejo de Administración de la CEAL se detectó este supuesto fraude que después -a través del abogado Luis Conti, apoderado legal de la Cooperativa- fue denunciado ante la justicia penal de Azul.

Al momento de ser ordenados por el juez de Garantías Barberena los allanamientos concretados el pasado 28 de febrero, en lo resuelto se consignaba que lo sucedido en la CEAL podría encuadrarse en un principio bajo el delito de "estafa".

Esa maniobra, al parecer, fue concretada por los dos empleados de la Cooperativa denunciados y también por comerciantes. Estos últimos, en carácter de partícipes de un accionar de tipo defraudatorio contra la entidad, al cual se sumaban sabiendo que era algo ilegal.

De acuerdo con lo denunciado, implicó que de manera ficticia se cancelaran facturas del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con versiones de testigos que ya han declarado en este sumario penal, los usuarios que formaban parte de esta maniobra pagaban en efectivo y en negro sumas significativamente inferiores a las de los consumos reales de energía eléctrica que marcaban los medidores instalados en sus locales comerciales. Aparentemente, la mitad de lo que esas boletas de luz indicaban que debían abonar.

Ese dinero nunca ingresaba a la Cooperativa y se sospecha que quedaba en poder de los dos empleados denunciados, quienes presuntamente en esa maniobra de defraudación actuaban en connivencia con el comerciante al que ayer martes le secuestraron su teléfono celular.

Para simular que esos consumos estaban abonados, los comerciantes que se sumaban a esta presunta estafa recibían recibos truchos por pagos que en realidad nunca hacían del servicio de energía eléctrica.