QUINTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA . Los azuleños se volvieron a movilizar para pedir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

En la jornada de ayer y por quinta vez desde que Javier Milei es presidente de la Nación, la comunidad universitaria de todo el país se movilizó una vez más para solicitarle al gobierno de La Libertad Avanza que implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada hace casi un año por el Congreso Nacional.

En esta ciudad la concentración se inició a las 16:30 horas en el Campus de la UNICEN Azul y, desde ese lugar, la columna de manifestantes -integrada por estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades académicas- se trasladó hasta la zona céntrica de Azul.

Luego de recorrer la tradicional "vuelta al perro" los manifestantes -unas 300 personas aproximadamente, según datos oficiales- se volvieron a concentrar en la plaza San Martín donde, en primer lugar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y, posteriormente, se le dio lectura al documento redactado desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Vale destacar que de la jornada de lucha también fueron parte integrantes de distintas organizaciones sociales, dirigentes gremiales y políticos, funcionarios municipales, concejales y el intendente municipal Nelson Sombra.

En el documento "Defender nuestros sueños, garantizar el futuro" -de las universidades nacionales, entre ellas UNICEN, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), FUA, CONADU, FEDUN, CTERA, UDA y FATUN- se puntualiza que "esta nueva Marcha federal universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)".

Se subrayó que "el incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del congreso de la nación".

"Por ello -se añadió-, convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia: la derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso de la Nación y declara otras que no han sido sometidas al necesario debate parlamentario".

Del mismo modo se refirió que "el Congreso de la Nación tiene la enorme responsabilidad de defender nuestras instituciones y someter a su deliberación todas las leyes que se crean necesarias para nuestro país", y que "la universidad pública emerge con los proyectos de nación y de las provincias. Su consolidación y su presente forman parte del debate sobre el futuro de nuestro país, de sus condiciones de posibilidad".

"La ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública argentina y contribuyen de manera fundamental a la soberanía del conocimiento y de la soberanía tecnológica. El histórico desarrollo territorial del sistema universitario y científico-tecnológico es un indicador de su importancia para el desarrollo integral de las regiones de nuestro país", se destacó en el documento.

En esa línea, se indicó que "hacer ciencia es producir conocimiento, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo. Es generar herramientas que nos permitan crecer como país, que nos permitan comprender la realidad que nos toca vivir".

En el actual contexto, se remarcó que "este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación. Es una política pública que ha sido sostenida por gobiernos muy distintos. El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta es la situación que hay que revertir para el sostenimiento de la universidad y de la escuela públicas".

"La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios, y sobre todo si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la Ley", se añadió.

También se aseveró que "el gobierno nacional no sólo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario, también desconoce la institucionalidad de las paritarias, la institución que regula al mundo del trabajo en nuestro país. Hay grandes temas que deben discutirse y resolverse: la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y nodocentes, los fondos de capacitación, las garantías salariales y el pase de todos los montos cobrados a sumas remunerativas y bonificables".

Por otro lado, se expresó que "las universidades públicas argentinas atraviesan una situación presupuestaria crítica. Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza: se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo, la adquisición y actualización del equipamiento y, fundamentalmente, las posibilidades reales de garantizar que miles de estudiantes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario".

También se afirmó que "las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene. Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina".

Con respecto al "Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación, no contempla las partidas requeridas por Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico".

Ante ello, se indicó, "debemos ser claros: las universidades y el sistema científico-tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia". "Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución", y finalmente se puntualizó que "sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social".