En primera instancia, un juez de Garantías dio lugar a la elevación a juicio de una causa penal donde un empleado municipal figura acusado de haberle provocado diferentes heridas a un joven, informaron fuentes judiciales a EL TIEMPO.

Según se señala en esas actuaciones penales, la víctima había sido atacada por el imputado con una botella de vidrio, durante un incidente que en noviembre de 2019 tuvo como escenario un boliche de Tapalqué.

El encausado, que se domicilia en la vecina ciudad mencionada y es oriundo de Tandil, tiene 37 años y se llama Guillermo Vásquez.

Acusado del delito de lesiones graves, el magistrado Juan José Suárez -titular del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia local- había sido quien en primera instancia dispuso la elevación a juicio de estas actuaciones penales.

Ese sumario se había instruido desde la UFI 13 a cargo del fiscal Adrián Peiretti, quien solicitó que el acusado sea sometido a un juicio por ese delito que se le atribuye en carácter de autor.

En la misma resolución, el titular de Garantías 3 rechazó un planteo formulado por los defensores del encausado, los abogados Roberto Dávila y Facundo Achaga, quienes sostienen que su cliente había actuado "en defensa propia" ese día en que, utilizando una botella, le provocó las lesiones a la víctima de lo que fuera este hecho, llamada Sergio Javier Madoni.

"Si bien la defensa técnica solicita el sobreseimiento del imputado alegando que en su actuar existió una causa de justificación, lo cierto es que en la presente Investigación Penal Preparatoria se encuentra investigado un hecho, el cual ha sido relatado por los actores en forma diferente y contradictoria", señaló el Juez de Garantías en la resolución.

"Tal extremo -continuó indicando el magistrado- es por el cual no resulta posible disponer el sobreseimiento requerido en la presente etapa procesal, debiéndose tener en cuenta que es la próxima etapa de juicio el momento idóneo, a través de la inmediación y la bilateralidad, para arrojar luz a las cuestiones aquí ventiladas".

Según lo referido por el juez de Garantías Suárez, ese futuro debate -que por el tipo de delito atribuido al encausado y de quedar firme esta resolución se desarrollará en un juzgado Correccional- "es la etapa en la que resulta procedente ahondar en cuestiones que permitan dilucidar si el accionar de Vásquez efectivamente se encuentra enmarcado en el obrar en defensa propia o de sus derechos en los términos del Artículo 34 inciso 6 del Código Penal, circunstancia que no se advierte en esta etapa".

A criterio del magistrado, de "los elementos recabados hasta el momento no surge que la conducta del sospechado pudiera encuadrarse en la causal de justificación que pretende la Defensa, en tanto no es posible afirmar la inminencia de una agresión ilegítima por parte de Madoni", el motivo por el cual -además de rechazar el sobreseimiento para el imputado- se pronunció a favor de la elevación a juicio de esta causa.

Con una botella

En esa investigación penal que llevara adelante desde la UFI 13 con sede en el Palacio de Justicia local el fiscal Adrián Peiretti se menciona que el hecho que lo tiene a Vásquez como imputado sucedió en la ya referida ciudad de Tapalqué el 3 de noviembre de 2019.

Un local bailable llamado "El Antiguo" que está ubicado en Pedro Ramos y San Lorenzo fue el lugar donde aquel día, cuando era alrededor de la hora 3.30, utilizando una botella de vidrio el encausado "golpeó en su rostro y cuello a Sergio Javier Madoni, provocándole herida contuso cortante en curso cabelludo región temporoparietal izquierda, herida infrauricular que se sutura, herida de vidrio en cuello cara anterior, herida cortante con colgajo en cara anterior pulgar izquierdo, herida cortante con desviación de tabique nasal con fractura de huesos propios de la nariz".

El tipo de lesiones que sufriera la víctima, que después tuvo que ser hospitalizada, fueron definidas en la investigación penal como "de carácter grave", ya que le provocaron "deformación en el rostro".

EL DATO

El delito de "lesiones graves" que le imputan al empleado municipal, a través de lo normado en el Artículo 90 del Código Penal contempla en caso de condena penas de uno a seis años de prisión.