EN AZUL IMPACTARÁ EN DEPENDENCIAS DEL JUZGADO FEDERAL Y TRIBUNALES . Paran hoy empleados judiciales de Nación y Provincia contra el impuesto a las Ganancias

La Asociación Judicial Bonaerense adhirió al paro nacional de hoy, decretado por la Federación Judicial Argentina, contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre salarios y jubilaciones, se informó a EL TIEMPO.

María Eugenia Lazarte, secretaria general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Departamental Azul, explicó ayer a este diario que "es importante remarcar la diferencia entre lo que se dice y lo que es: el proyecto de ampliación del impuesto a las ganancias aplicado a los salarios no apunta a jueces y juezas que son un porcentaje reducido del poder judicial, sino que se está buscando que seamos trabajadoras y trabajadores quienes tributemos".

Por otro lado, aseguró que "han sido muchos los intentos de avanzar sobre nuestros ingresos y en este proyecto que supuestamente apunta a los jueces y juezas, en realidad lo que quiere es avanzar sobre nuestros salarios, de trabajadoras y trabajadores judiciales, de jubilados y jubiladas, que ya estamos percibiendo un salario que hoy corre por detrás de la inflación, en un contexto nacional preocupante y apuntan a que seamos trabajadoras y trabajadores quienes paguemos el precio por no tocar a quienes realmente especulan y se aprovechan con la situación del país".

La secretaria general de la AJB local remarcó, finalmente, que "el salario no es ganancia", en sintonía con la proclama central de la medida de fuerza de hoy.

En tanto, desde la Federación Judicial Argentina (FJA) se convocó a todos los trabajadores judiciales al paro de hoy, "contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre el Salario, lo que implicaría una reducción de nuestros ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente".

Esta medida nacional de la FJA se dispuso "en rechazo a la modificación de la 'Ley de Impuesto a las Ganancias' que se pretende introducir a través del Presupuesto General de la Nación para el año 2023 sobre los salarios y jubilaciones que percibimos la totalidad de los y las trabajadores judiciales, independientemente de su fecha de ingreso y composición de la estructura salarial, resultando la misma abusiva y confiscatoria, máxime en un contexto inflacionario como el que vivimos".

A través de un comunicado se puntualizó: "Lo hemos sostenido a lo largo de los años, el salario y las jubilaciones no son ganancia. El salario de los y las trabajadores es una retribución que percibimos por parte de quienes se apropian de nuestra fuerza de trabajo, experiencia y saberes explotándonos para su beneficio. En tanto que los haberes jubilatorios sufren una doble imposición tributaria ya que mayormente devienen de aportes y contribuciones de la etapa en actividad del trabajador. El Poder Judicial no son sólo los jueces y juezas y demás magistrados, los trabajadores judiciales somos la inmensa mayoría y no debemos ser enfrentados con trabajadores de otras actividades", se subrayó en otro tramo.

En tal sentido, se pone de manifiesto un aspecto central: "En un país donde se desgravan o exceptúan del pago de ciertos tributos a vastas actividades llevadas a cabo por empresas multinacionales que extraen y saquean nuestros bienes comunes naturales, llevándose las riquezas al exterior sin generar en nuestra patria puestos de trabajo genuino y no dejando más que desolación y contaminación en nuestros suelos y ríos, o sectores económicos que obtienen beneficios a través de la especulación financiera y prácticas monopólicas para la maximización de sus ganancias, e incluso hasta la fuga de capitales y lavado de activos, sin que eso ponga en discusión el modelo de desarrollo productivo, tecnológico e industrial de la Argentina".

Por último, se indicó que "resulta inmoral que las sucesivas crisis económicas sigan recayendo una y otra vez sobre nuestras espaldas. La excesiva transferencia de nuestros ingresos del sector del trabajo al del capital concentrado a través de la inflación, aumento de tarifas y cartelización de precios es descomunal y se ve sumamente agravada a través de seguir sosteniendo el injusto 'impuesto al salario' en una puja distributiva que nos quieren hacer perder por goleada a los trabajadores".

96 sobre 4

Tomás Puppio, el abogado azuleño que es vocal de la comisión directiva nacional del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, y que está nucleado en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE-SITRAJU), explicó ayer a EL TIEMPO que, efectivamente, durante la jornada de hoy "habrá un paro nacional de nuestras organizaciones sindicales, como respuesta a esta incorporación intempestiva en un artículo de la Ley de Presupuesto nacional que se está discutiendo en el Congreso de la Nación".

Desde su punto de vista, "hay que aclarar que todo el espectro de trabajadores judiciales no es el mismo. No se puede hablar de jueces y nada más, hacia el interior del Poder Judicial; porque, primero, ese Poder Judicial, es decir, su ámbito, el órgano judicial, está compuesto por el Poder Judicial propiamente dicho, esto es, jueces y juezas, pero también por los ministerios públicos, fiscal y de la defensa. Y además de magistrados, que los hay de distintas instancias o distintos grados, y sobre distintas materias, el 96 por ciento de la gente de esos ámbitos, son los trabajadores y trabajadoras, que son empleados y/o funcionarios. Es decir, que jueces y juezas son solamente el 4% de la planta de este órgano del Estado".

Puppio manifestó que, "por eso, el universo es muy amplio; porque, por supuesto, no es lo mismo un juez de la Corte Suprema y sus ingresos, y su capacidad tributaria, que el trabajador de rango medio, el empleado administrativo o un servicio auxiliar que no tiene, ni por asomo, nada que ver la remuneración de uno con la del otro".

De todos modos, el dirigente sindical expresó: "Pero más allá de estos distingos que, por supuesto, tienen que ser considerados y tenidos en cuenta en esta oportunidad, hay que pensar en dar una discusión más amplia, que tiene que ver con el sistema tributario. Este impuesto en particular, de Ganancias, y en concreto el de la categoría 4, que es la que recae sobre trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos, y no sólo en el ámbito judicial".

Para el azuleño, sin dudas, "es una categoría que tiene que ser revisada y repensada, sin ninguna duda, porque básicamente lo que sostenemos es que el producto del trabajo, el salario, no es una ganancia. Es un medio de subsistencia, de desarrollo de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras".

"Lo que deja de manifiesto el comunicado -añadió Tomás Puppio- nos parece que tiene que ver con el camino que se inició entre el 2016 y el 2018, que es un camino para ablandar, para degradar, para hacer que pierdan estructura y peso las instituciones de nuestro país. Lo que no hay que hacer, es caer en esa situación".

En tal sentido, aseveró que "son nuestras instituciones, con quienes las integran, en buenas condiciones, las que tienen posibilidad de ser discutidas, de ser puestas en buen funcionamiento, para afrontar las necesidades de nuestro país. Y no instituciones degradadas las que vayan a hacer frente a las necesidades de estos tiempos".

Expresó finalmente que, "nos parece que lo que no hace este proyecto es retomar el camino de otras épocas y de otras etapas de nuestro país; alguna no muy lejana, en la que los y las trabajadoras participábamos en el 50 o más por ciento del Producto Bruto, el famoso 50/50. Nos parece que hacia allí hay que volver a mirar y apuntar las medidas. Me refiero a la distribución del capital hacia el trabajo, cuando hablamos de la distribución de la riqueza".

Un discurso "tribunero"

El documento de la FE-SITRAJU contiene elementos de profunda crítica, sobre todos dirigida a los bloques legislativos a los que vinculan con el modelo económico neoliberal. "Son ellos quienes necesitan un Poder Judicial de rodillas, para poder dominarlo", se plantea, por ejemplo, en referencia al macrismo y Cambiemos, de manera directa.

En un plano más general, se afirma que "no hay épica en esta medida", vinculada con la modificación de la cuarta categoría, sino que "hay negligencia, hay discurso tribunero, pero no reparto real de la riqueza".

El documento de los gremios judiciales nacionales comienza señalando que, "a partir de la incorporación en el dictamen del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2023 de la gravación del impuesto a las ganancias para los Poderes Judiciales de todo el país, nuestras organizaciones sindicales tenemos mucho que decir: no van a gravar sólo a los jueces que representan un 4% del universo imponible, van a gravar al 96% restante que lo representan trabajadores y trabajadoras judiciales (entre empleados y funcionarios). No hay épica en esta medida, hay negligencia, hay discurso tribunero, pero no reparto real de la riqueza".

Por otro lado, se sostiene que, "si pretendemos rever la tendencia negativa en el reparto del ingreso total en nuestro país, este es el camino contrario, no estamos realizando una transferencia de ingresos del sector del capital hacia el sector del trabajo. Lo que se está haciendo es un reparto interno entre los asalariados, cuya consecuencia es la nivelación hacia abajo del poder adquisitivo, así cada día todos y todas tendremos un poquito menos".

El comunicado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales manifiesta, además, que "quienes sostenemos que el salario no es ganancia, puesto que no genera rentabilidad, sino que constituye el sustento de la vida, obtenido en base al sacrificio propio y no sobre la explotación ajena, jamás vamos a conseguir el objetivo que 'ningún trabajador y trabajadora pague impuesto a las ganancias' ampliando la cuarta categoría, muy por el contrario, de esa manera se confirma la naturaleza distorsiva de este tributo".

En tal sentido se puntualiza que "detrás de esta medida se confunden las buenas y las malas intenciones. Quienes plantean un mejor Poder Judicial, sin privilegios, democrático, ajustado a la Constitución y las leyes (lucha que nosotros y nosotras llevamos día a día, desde adentro, poniendo el cuerpo y sin medias tintas) están emprendiendo el camino contrario cuando se desvaloriza el salario de quienes ejercen la función judicial".

Otro párrafo del documento sindical es, por sí mismo, elocuente: "Recordemos que fue Mauricio Macri el 30 de octubre de 2017 en la presentación del ajuste con las tres reformas del Estado, quien vociferó como una aberración que un trabajador judicial que sirve el café gane un buen sueldo. Recordemos que fue Cambiemos, en representación de un neoliberalismo anti-Estado, quien impulsó en el 2016 y 2018 que se abone este tributo (después incluso de haber prometido en campaña que ningún trabajador iba a pagar ganancias). Son ellos quienes necesitan un Poder Judicial de rodillas, para poder dominarlo y ejercer la persecución del lawfare. Las instituciones públicas degradadas son el lugar predilecto del poder fáctico y económico de nuestro país".

Por otra parte, se afirma que "quienes nos enrolamos en los principios de la Justicia Social, militamos por la movilidad social ascendente, no descendente, en nuestras sociedades. Defendemos el derecho al trabajo digno, al ingreso democrático a la carrera judicial, a la estabilidad en el empleo, a las mejoras de las condiciones laborales y salariales, nunca al revés, nunca para atrás".

Frente a ese contexto es que la federación apunta luego: "Por eso todas las organizaciones sindicales enroladas en FE-SITRAJU" realizan hoy un paro de 24 horas.

Y, finalmente, en el comunicado los judiciales manifiestan: "Se requiere que diputados y diputadas de la Nación escuchen a quienes trabajan. La hora demanda coraje en medidas redistributivas. Sean dignos representantes de los intereses populares".