. Reclamo de trabajadores de Minoridad ante la Justicia

Se cuestiona que "mientras la justicia de menores frena de forma exprés leyes del Congreso de la Nación, la Suprema Corte provincial dilata una respuesta ante el reclamo de cientos de trabajadores de la minoridad que denuncian la precarización de sus condiciones laborales por un decreto del gobernador".

La presentación judicial realizada desde el ámbito gremial cuenta con "un respaldo masivo e inédito en las bases", con más de 300 firmas de trabajadores pertenecientes a doce institutos de menores de la provincia. "La protesta unificó al sector, sumando el apoyo activo y las firmas de delegados de otros gremios mayoritarios con personería, quienes decidieron respaldar la acción judicial ante la falta de respuestas de sus propias conducciones", se indicó.

Puntualmente, se subraya que "los trabajadores denuncian que el cambio de la jornada laboral de 24x72 horas a un régimen de 12x36 horas "intensifica el encierro, destruye la salud mental del personal y multiplica los cambios de guardia, momentos críticos donde estadísticamente se producen la mayor cantidad de fugas, motines y tomas de rehenes. Como antecedente directo, señalan el reciente motín en el CSPLA [del distrito de] Malvinas Argentinas como el resultado de estas improvisaciones".

En ese marco, se denuncia que "la inacción de la Suprema Corte ante el pedido de una medida cautelar de no innovar contrasta de forma violenta con los fallos relámpago de los juzgados de primera instancia. Mientras los asistentes socioeducativos siguen ingresando diariamente a trabajar bajo condiciones de alto riesgo psicosocial y sueldos por debajo de la línea de pobreza, la respuesta judicial se hace esperar".

"Esta disparidad -se añade- reactiva una vieja sospecha en la sociedad civil: la existencia de una justicia selectiva, donde las urgencias de los trabajadores estatales deben someterse a laberintos burocráticos, mientras que otros intereses sectoriales consiguen frenar leyes nacionales en cuestión de horas".

En junio de 2025 ya el gremio STANDAYM había expresado un fuerte rechazo al decreto provincial que reglamentó el estatuto del personal auxiliar y administrativo en los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. La norma, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y firmada en acuerdo con cuatro gremios, fue calificada como "perjudicial" e "ilegítima" por no haber sido discutida con el conjunto de los trabajadores.

Desde el sindicato remarcaron que el nuevo estatuto "desconoce las realidades del sector", al ser elaborado sin participación ni consulta con quienes están directamente involucrados. "Han hecho un acuerdo que lo primero que desconoce es al trabajador", expusieron en 2025. El reclamo, ahora, continúa en el ámbito judicial.