-¿Cómo fueron tus primeros pasos en la gestión pública?

-Fueron en la Secretaría de Salud del Municipio de Tandil. Como psicólogo y profesional del campo de la salud soy consciente de que trabajamos en un territorio dominado por la tensión entre dos modelos o paradigmas, donde uno siempre es más poderoso que el otro. En el mundo en que vivimos, el modelo hegemónico es el que entiende que el que sabe de salud es el médico.

-Un saber que también define un poder económico...

-Es una apreciación interesante y en salud mental es fundamental, sobre todo si analizamos el debate que se ha generado en torno a la Ley de Salud Mental. Por citar solo un ejemplo, una forma de mirar las resistencias que ha generado la implementación de la Ley es subrayando la defensa que han hecho algunos psiquiatras de un presunto monopolio del saber dentro de la Salud Mental por parte de los psicólogos. Hay cuestiones que están atravesadas por la defensa corporativa del saber, de un lado y del otro. Los médicos sostienen que ellos tienen un saber interior y consideran que eso les confiere un poder hegemónico sobre otros saberes y si a esto le sumamos la progresiva mercantilización de la salud, el panorama se vuelve más complejo.

-¿Cómo ha intervenido el Estado en esa mercantilización de la salud?

-Creo que, en términos generales, deficitariamente. Por supuesto no es lo mismo un gobierno con una orientación de centroizquierda que los neoliberales de los 90, o los 20 años de kirchnerismo. El gobierno actual, por ejemplo, ha llegado a poner en discusión que la salud sea un derecho y que el Estado tenga la responsabilidad en ese campo: las experiencias en nuestro país han sido muy diversas. Sin embargo, si tuviéramos que encontrar algún rasgo común a lo largo de nuestra historia podríamos decir que Argentina ha tenido muchas dificultades para transformar una política de salud en una política de Estado. No debemos omitir en ese diseño la importancia de la constitución de estrategias locales y la necesaria regionalización de las políticas de salud, pero es importante que todo eso se produzca en un marco centralizador, en una rectoría federal que unifique e iguale algunas cuestiones para todo el territorio. Me parece que ésa sería parte de una reparación de algunos déficits de la salud pública: pensar en un sistema único e integral, a partir de algunas coordenadas básicas, sin que el negocio de la salud vaya en detrimento de la garantía del derecho a la salud.

-¿El derecho a la salud se cumple en el campo de la salud mental?

-Creo que no y que la Ley de Salud Mental justamente vino a reparar algunos derechos vulnerados, básicamente 2: el déficit de atención y la calidad de esa atención. Los datos nos muestran que la mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental no reciben una respuesta adecuada. El paradigma médico hegemónico encapsuló el saber y lo fortaleció convirtiéndolo en un monopolio de diagnóstico y de cura. En Salud Mental, a veces los psicólogos asumimos un perfil igualmente corporativo, como si fuéramos los únicos que podemos diagnosticar una enfermedad. Muchas veces operamos desde una supuesta neutralidad, olvidando que también estamos definiendo qué es salud y qué es enfermedad a partir de un marco teórico que, a su vez, fue concebido desde una perspectiva interesada. Creo que tenemos que hacer un movimiento de descentramiento para derribar ese pensamiento porque no todo puede definirse en términos de salud mental: hay otros muchos padecimientos que pueden encontrar alivio de otras maneras que no son ninguno de los dispositivos que nos formamos. Debemos abrir una puerta a la autocrítica y preguntarnos qué es hacer salud mental, cuál es nuestro objetivo, qué significa curar. Quizá debemos promover prácticas que permitan que una mayor cantidad de personas adquieran más autonomía para decidir sobre sus modos de vida.

-¿Cómo viste la salud mental dentro de la salud pública, desde tu experiencia en el Ministerio?

-El comienzo de la gestión frente a la Dirección Nacional de Salud Mental no fue nada fácil porque coincidió con uno de los ataques más feroces a la Ley, a partir de la elaboración de un decreto reglamentario que puso en jaque parte de su cuerpo y que finalmente se desestimó, tras la asunción de A. Rubinstein como ministro de Salud, quien me convocó para sumarme al equipo. La Ley de Salud Mental es una línea de base y una bandera que teníamos que defender porque, a pesar de todo lo que aún queda pendiente, ha traído muchos progresos en nuestro campo. En los hospitales generales donde se cumple -que son muy pocos- no se puede internar indiscriminadamente, se tiene que hacer un diagnóstico interdisciplinario, las internaciones involuntarias se avisan a un juez, etc. La sanción de la Ley constituye un poder simbólico importante y creo que en un momento donde corría riesgo su vigencia -principios de 2018- mi principal función al frente de la Dirección Nacional de Salud Mental fue no retroceder.

-¿Cómo evaluás el contexto actual de la salud pública en nuestro país?

-Es muy complicado: tenemos un sistema que ya venía con un gran déficit, es uno de los más altos en el aporte de PBI pero con los peores resultados. Hay mucha desigualdad, discontinuidad de tratamientos, entrecruzamiento de programas, fragmentación de lo público, lo privado y las jurisdicciones, diferencias de financiamiento, etc. Nos debemos un cambio profundo pensando la salud comunitaria como una de las claves para esa transformación. De lo contrario vamos a seguir pagando para curar y no para prevenir que es mucho más caro. Necesitamos recuperar un Estado presente, con una política clara que priorice la salud pública "desde el pie", como decía Zitarrosa. Y esto solo va a ser posible si somos capaces de transformarnos en un colectivo de trabajadores con compromiso ético y político que privilegie la salud más allá de la clínica individual.