PROPUSO UNA MESA CONJUNTA PARA ABORDAR EL TEMA . Sombra rechazó ayer las acusaciones de Tandil sobre el caso de la familia trasladada

El intendente municipal de Azul, Nelson Sombra, respondió ayer a la nota que el jueves le había enviado su par de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, a raíz de la situación de una familia trasladada desde esta ciudad hacia aquella vecina localidad, y rechazó en duros términos las acusaciones formuladas contra la administración comunal azuleña.

En una extensa carta dirigida al jefe comunal tandilense, Sombra sostuvo: "Me dirijo a Usted en respuesta a su nota con fecha 20 de agosto, mediante la cual formula acusaciones de extrema gravedad contra este Municipio y sus funcionarios, sobre la base de afirmaciones dogmáticas, calificaciones apresuradas y conclusiones que, al presente, carecen del debido sustento fáctico y jurídico". [Los destacados son de EL TIEMPO]

En primer término, Sombra mencionó que "corresponde dejar expresamente establecido que el grupo familiar al que se refiere en su nota, se trata de una familia oriunda del Partido de Bolívar que, durante más de cuatro años, recibió asistencia por parte de profesionales de distintas áreas de esta Municipalidad".

Mencionó que, "en efecto, la situación de la familia es abordada también desde el Consejo Local de Hábitat, donde se trabaja conjuntamente con diversas asociaciones civiles, dependencias municipales y representantes del servicio de Justicia para dar una respuesta habitacional a veinte familias asentadas en los terrenos denominados 'Los Piletones', afectadas por la contaminación del suelo [con Cromo 6]. En dicho marco, la ordenanza número N° 5.204 creó el programa 'Emergencia Habitacional por Contaminación'. La familia es una de las beneficiarias de los módulos habitacionales que se proyectan construir en el predio del Tiro Federal.

Inclusive, durante la semana pasada, se buscó abordar una situación de conflicto existente entre la familia y otros beneficiarios de los módulos habitacionales, lo que motivaba que quisieran dejar de vivir en el predio de los Piletones. Por lo que claramente el pedido de su traslado no se originó ni tuvo fundamento en necesidades habitacionales ni de carencia de asistencia. La solicitud de ser trasladados a la ciudad de Tandil realizada por uno de los adultos, se motivaba en contar con oportunidades laborales y alojamiento para su grupo familiar".

"De tal manera -señaló Sombra en su respuesta a Lunghi-, lejos de incumplir con las obligaciones propias, según surge de los informes, se dio cumplimiento con la asistencia que la familia demandaba, se evaluó que contaban con las condiciones necesarias para alojarse en Tandil y no requirió de asistencia adicional. Razón por la cual este municipio dispuso el traslado en un vehículo oficial del grupo familiar compuesto por diez integrantes (cuatro adultos y seis menores). En dicho sentido, no se comprende la referencia a once personas que Ud. hace en su nota.

Por otro lado, en su presentación indica que no se respetaron los derechos de los niños y niñas del grupo familiar, en este sentido corresponde aclarar que en el Servicio Local de esta Municipalidad no existían antecedentes de intervención ni situación que justificara una respuesta específica del organismo y la responsabilidad parental era ejercida de forma plena por los progenitores del grupo. De este modo, la injerencia del Estado en el seno familiar por la sola decisión de mudanza no resulta razonable".

Por otro lado, Sombra señaló que "resulta manifiestamente improcedente toda construcción discursiva orientada a presentar a este Municipio como autor de una supuesta maniobra de 'expulsión' o 'abandono' territorial, cuando la realidad de las actuaciones demuestra la existencia de asistencia previa y seguimiento institucional".

En esa línea, puntualizó que "el traslado cuestionado no constituyó una derivación institucional compulsiva, sino que tuvo lugar a partir de un requerimiento formulado por integrantes adultos del grupo, en función de referencias, vínculos y expectativas de desarrollo personal en la ciudad de destino. Pretender convertir ese episodio, sin más, en una suerte de 'deportación municipal' constituye una tergiversación injuriosa e inadmisible de los hechos. Asimismo, revela un nivel de liviandad institucional impropio de una comunicación entre jefes comunales".

"En ese punto -continuó Sombra-, resulta particularmente improcedente la exigencia contenida en su presentación referida al 'retorno seguro' y a la 'asunción definitiva' de la asistencia por parte de este Municipio, en tanto ninguna autoridad municipal posee facultades para disponer compulsivamente el traslado de personas adultas ni de grupos familiares de una ciudad a otra por la sola voluntad de un intendente. Esto expone la inconsistencia de una pretensión que desconoce principios elementales de legalidad, autonomía personal, libertad ambulatoria y dignidad humana".

En la nota de respuesta al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, también Nelson Sombra expresó que, "con igual énfasis corresponde rechazar su pretensión de trasladar a este Municipio los gastos que, según refiere, habría decidido afrontar la Municipalidad de Tandil. No existe fundamento legal para transformar una decisión adoptada por su administración, en el marco de su propia evaluación de situación, en una acreencia automáticamente exigible a la Municipalidad de Azul.

"La cooperación entre municipios no se construye sobre imputaciones unilaterales, intimaciones altisonantes ni amenazas de acciones civiles, penales o ante órganos de control, sino sobre actuaciones serias, técnicamente fundadas y respetuosas de las competencias y límites legales de cada jurisdicción", añadió el intendente de Azul.

Por ello, señaló Sombra, "esta administración rechaza expresamente ese requerimiento en los términos en que fue formulado, ya que dicha alternativa terminaría por violar las normas que invoca. Pues tanto los adultos como los niños tienen la libertad y el derecho de circular dentro del territorio nacional, de acceder a la vivienda, trabajar y en definitiva elegir su lugar de residencia -sea esta transitoria o permanente-, aunque ello no sea de su agrado. La vulneración de estos derechos es una práctica que ha sido desterrada desde hace muchos años en nuestro país y la mera alusión a disponer de las personas como si se tratara de objetos, remite a períodos muy oscuros de nuestra historia reciente".

Además, señaló que "la gestión municipal nos exige por imperativo de las normas que Ud. invoca destinar los fondos públicos al bien común y garantizar que cada persona pueda desarrollarse según su voluntad. Ninguna decisión sobre el lugar de residencia de una familia puede adoptarse por acuerdo entre dos Departamentos Ejecutivos municipales sin la participación y el consentimiento libre e informado de sus propios integrantes. Disponer un 'retorno' sin verificar antes, en forma directa y personal, cuál es la voluntad actual y real de cada uno de los adultos de esa familia respecto de dónde desean residir, incurriría exactamente en el vicio que su nota le atribuye a esta administración: una decisión sobre la vida de personas vulnerables adoptada sin ellas, y no con ellas".

En ese marco, destacó Sombra en su nota de respuesta al mandatario de Tandil, "esta Municipalidad reafirma su compromiso genuino con el bienestar de la familia mencionada en su nota, y su voluntad de trabajar institucionalmente con la Municipalidad de Tandil en lo que a ese objetivo respecta".

"En este sentido proponemos la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos -con la participación de las áreas sociales de ambos municipios- cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía", se indica finalmente en la carta que Sombra remitió al intendente de Tandil.