POR EL INMUEBLE DONDE ATIENDE EL JUZGADO DE FAMILIA N° 1

Nueva denuncia contra la Suprema Corte de la Provincia por “ocupa”

Frente del inmueble en disputa. Las propietarias reclaman a la Corte Suprema el cese de la ocupación. El máximo organismo judicial de la provincia de Buenos Aires pide un año más para irse.
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Frente del inmueble en disputa. Las propietarias reclaman a la Corte Suprema el cese de la ocupación. El máximo organismo judicial de la provincia de Buenos Aires pide un año más para irse.

“El órgano supremo que debe velar por nuestros derechos y garantías es el principal incumplidor de las leyes”, sostuvieron las dueñas del inmueble en una nota que hicieron llegar a esta redacción, donde además aseguran que el contrato está vencido desde el mes de marzo. Ayer, EL TIEMPO dialogó con una de las propietarias. “El Estado tendría que ser el primero en dar el ejemplo”, expresó Graciela Mónica Catoira. —

Las propietarias del inmueble donde funciona el Juzgado de Familia N° 1 de Azul mantienen una fuerte disputa con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Las mujeres, dos hermanas –una de ellas tiene residencia en este medio y la otra está radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, vienen bregando desde hace tiempo por la recuperación del edificio ubicado en San Martín 537, entre De Paula y Moreno. Una de las denunciantes, Norma Delfina Muñoz, hizo público el reclamo en una nota con este diario que se publicó a mediados del mes de octubre de 2015. Ayer, la hermana de la entrevistada, Graciela Mónica Catoira, confió que el conflicto se mantiene y que no hay perspectivas de una resolución en favor de ellas en el corto tiempo. Ratificó que las gestiones son directamente a nivel del máximo organismo judicial bonaerense; lo mismo sucede –aclaró- con el asesoramiento de abogados y escribanos, ya que en Azul no hay profesionales interesados en involucrarse con el caso.

Un poco de historia

En la nota que se publicó en octubre de 2015, Delfina Muñoz sostuvo que hacía más de un año que había caducado el contrato de alquiler y que no siempre el pago de la renta se realizaba en tiempo y en forma. Además, para aquel entonces aseguró que había perdido la oportunidad de cerrar un contrato de alquiler con empresas privadas interesadas en arrendarle el local, con tentadoras propuestas económicas. El sitio en cuestión, advirtió, venía de tener como inquilino a Eugenio Curatola, sindicado como autor de estafas millonarias y que ella y su hermana, como locadoras, asumen el pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza y ARBA. Al menos hasta hace dos años, el medidor de luz seguía a nombre de ellas y también asumían el costo de un seguro de incendio.

 Enésimo reclamo, y por nota

A través de una nota fechada el 8 de mayo de 2017, las propietarias del inmueble donde funciona el Juzgado de Familia N° 1, Norma Muñoz y Graciela Catoira, aseguraron que “la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es ‘ocupa’”.

“El órgano supremo que debe velar por nuestros derechos y garantías es el principal incumplidor de las leyes”, agregaron.

En el escrito recordaron que el último contrato de locación fue suscripto el 26 de mayo de 2016, “por un plazo de 24 meses a partir del 26 de marzo de 2015”. “Meses antes del vencimiento del plazo contractual, se le remitió carta documento donde se ponía en su conocimiento de que el contrato no sería renovado, quedando las autoridades administrativas fehacientemente notificadas de tal situación, por lo que el 26 de marzo de 2017 debían hacer entrega del inmueble, situación que en la actualidad aún no ha realizado, estando la Suprema Corte utilizando un inmueble con un contrato vencido, es decir en calidad de ‘ocupas’”, explicaron y añadieron que la única respuesta que reciben, es que están “tratando de encontrar un inmueble para alquilar”.

Asesoradas por un estudio jurídico de la CABA, Muñoz y Catoira aseguraron en la carta: “La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires echó por tierra el principio de buena fe, pues abusando de su situación de poder se mantiene en ese inmueble sin ningún contrato y sin abonar el alquiler pretendido por nosotras.

“SOMOS REHENES”

Graciela Catoira tiene domicilio en Azul. Ayer, este diario la pudo ubicar telefónicamente. La idea era conocer el estado de situación en relación con el inmueble donde tiene su sede el Juzgado de Familia N° 1. “Ellos piden un año más. Para mí no queda otra que firmar, pero mi hermana (Delfina Muñoz) no quiere y tiene sus razones; supone que no se van a ir…la vez pasada (antes de renovar este último contrato por el término de 24 meses) nos dijeron lo mismo”, expresó y agregó: “Tenemos otro inquilino esperando hace dos años. Así, estamos empantanados. Es como que somos rehenes”.

Tras mencionar que la Suprema Corte paga $ 34.000 mensuales por alquilar el edificio, Catoira dijo que desde el máximo tribunal les piden un año más de permanencia.

También aclaró que el monto fijado por el arrendamiento está lejos de ser rentable para ellas. “Los impuestos son muy caros y, obviamente, es el dueño el que tiene que pagarlos. Al alquilarle a la Suprema Corte, tenemos que tener un contador, hay que ser monotributistas y asumir un montón de gastos, además que ellos son agentes de retención. No es bueno tenerlos de inquilinos; no se los recomiendo a nadie”.

Catoira subrayó que el monto que la SC paga por el alquiler dista de ser el adecuado en función de la ubicación y comodidades que tiene el inmueble. “Ellos mandan un arquitecto o lo que sea y dicen ‘el alquiler es tanto; la Suprema Corte no va a pagar más de eso’; y es eso o nada. El contrato lo hacen ellos, uno no tiene derecho a nada. No hay punitorio ni nada. Nunca pagan del uno al cinco ni del uno al diez; pagan a mediados de mes, pero no se sabe con precisión qué día. El mes de enero lo abonan junto con febrero porque están de feria”, señaló.

Precisó que, “cuando le planteamos al abogado de la posibilidad de iniciar juicio de desalojo, nos dice que el Estado puede entrar en cesación de pagos y el juicio durar cuatro o cinco años. Y cuando el Estado pague, puede hacerlo con bonos que, dentro de unos años, no compramos nada. Mientras tanto el inmueble sigue ocupado”.

Para finalizar, Catoira aseguró que “yo estoy muy desesperanzada”. “Uno es propietario de un inmueble muy caro y lo único que nos trae son inconvenientes. Yo tengo esperanzas de que se vayan porque creo en la palabra que nos dieron; mi hermana no”, concluyó.

 

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2 Comments

  1. car10

    mayo 28, 2017 at 8:43 pm

    Me suena a raro si es asi q están usurpando yo dueño voy con un cerrajero cambio la cerradura y al diablo quien me va a decir algo asiq si es verdad lo q dicen hagan eso y listo y sino dejen de romper las bolas con lo mismo

  2. Pablo

    mayo 29, 2017 at 9:43 am

    Que inicien el desalojo ya.El estado no puede entrar en cesacion de pagos….q puede pagar con bonos si,pero paga.que es una verguenza,tambien es verdad.Car,aho funciona un juzgado,sabes el quilombo q se arma si cambias la cerradura?terminas preso y con razon.Hay mucha gente involucrada con sus expedientes en tramite…y no tiene la culpa.

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