PRESENTÓ UN AMPARO POR MORA

Omar Varela recurrió a la justicia para que la comuna de Azul pague sus salarios, actualizados y con intereses

Omar Varela presentó un amparo por mora contra la Municipalidad de Azul reclamando a la justicia que obligue a la administración comunal a pagarle en el corto plazo el sueldo y todos los salarios caídos desde marzo de 2015.
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Omar Varela presentó un amparo por mora contra la Municipalidad de Azul reclamando a la justicia que obligue a la administración comunal a pagarle en el corto plazo el sueldo y todos los salarios caídos desde marzo de 2015.

El gremialista presentó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 un amparo por mora contra la Municipalidad, reclamando así que la justicia dicte una orden judicial de pronto despacho que obligue al municipio a pagarle lo que entiende le adeuda. Es que el intendente Hernán Bertellys le había restituido su sueldo en febrero de este año y había ordenado que se le pague el retroactivo de marzo de 2015 a esa fecha, pero no lo cumplió. Sucedió que en el medio, el Ejecutivo hizo una consulta al respecto al Tribunal de Cuentas y éste dictaminó que los sueldos de los sindicalistas que tiene permiso gremial deben ser abonados por las asociaciones sindicales a la que pertenecen. De esta manera, pese a la insistencia de Varela por cobrar, la situación no puede resolverse aún. 

Una vez más, el sindicalista Omar Varela reclama que la Municipalidad de Azul le pague su sueldo y los salarios caídos, actualizados y con intereses, desde marzo de 2015 a la fecha.

Esta vez lo hizo presentando en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 -a cargo del juez Pablo Quaranta-, un amparo por mora contra el municipio. Es que, según argumentó en la presentación judicial, en febrero de este año la administración de Hernán Bertellys le restituyó el sueldo que el ex intendente José Inza le había quitado al suspenderlo preventivamente sin goce de haberes, y sin embargo nunca le pagó. Reclamó además que la actual gestión tampoco le abonó el retroactivo de marzo a diciembre de 2015, en un plan de cuotas según habían acordado.

Quaranta aceptó la demanda y le dio intervención al municipio, que rechazó de plano la mora en el pago y explicó que el expediente aún está en trámite ya que ante una consulta al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, éste se expidió planteando que no corresponde a la Municipalidad pagar los sueldos de los dirigentes con permiso gremial, sino que los debe abonar el sindicato al que pertenecen.

Esto, abrió un cuestionamiento mucho más amplio y cambió el eje del municipio, que ahora está reviendo la situación no sólo por Varela, sino por todos los dirigentes que tienen permiso gremial.

Ante este nuevo panorama, y para evitar que el Intendente o los funcionarios actuantes puedan ser sancionados, desde el Ejecutivo se hizo una consulta al Ministerio de Trabajo de la Provincia y aún esperan la respuesta.

En ese contexto, Varela deberá seguir esperando, aunque es posible que paralelamente a esto siga presentando recursos en su intento por cobrar lo que él entiende que la comuna de Azul le adeuda.

Antecedentes

El 16 de febrero de este año, el intendente Hernán Bertellys y el secretario de Gobierno Alejandro Vieyra firmaron el Decreto N° 179, mediante el cual anularon dos decretos dictados por el ex intendente José Inza en 2015 luego de que el gremialista fuera condenado a cinco años de prisión por los delitos de estafa y defraudación. Uno de esos decretos de Inza había determinado la suspensión preventiva sin goce de haberes de Varela y la tramitación de la exclusión de la tutela sindical. El otro, surgió luego de que el gremialista apelara, y lo que hizo fue ratificar todo lo actuado.

A pedido del propio Omar Varela, a menos de dos meses de asumir la gestión Bertellys revisó los dos decretos de Inza y decidió anularlos argumentando que hubo una “evidente ilegalidad” y también una violación flagrante de la garantía” del sindicalista.

Así, al dejarlos sin efecto, decidió restituirle el sueldo; pagarle los haberes que no le fueron abonados durante la suspensión -es decir, retroactivo a marzo de 2015, lo que en febrero de este año implicaba una suma cercana a los 200.000 pesos- e iniciarle un sumario administrativo, paso que no se había realizado con anterioridad.

La repercusión que tuvo en la comunidad la decisión de Bertellys fue negativa. Inmediatamente que se conoció el decreto anulatorio, diversas voces contra el Intendente se hicieron escuchar, tanto del ámbito político como ciudadano que se expresó en muy duros términos contra el gremialista y el jefe comunal a través de distintas redes sociales.

El pago finalmente no se efectivizó y en marzo Varela inició un expediente que ingresó por Mesa de Entradas del municipio reclamándole a Bertellys que le pague los salarios de 2015 y 2016, de acuerdo al Decreto que el propio Intendente había firmado.

Al no obtener respuesta, siguió presentando otros expedientes con el mismo reclamo. Ninguno de ellos obtuvo la contestación que quería.

El pedido de Varela a Quaranta 

Fue así que el 10 de agosto pasado, Omar Varela presentó un amparo por mora contra la Municipalidad de Azul en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del recordado juez Pablo Quaranta -el mismo que falló a favor de José Inza cuando en 2013 el Concejo Deliberante estaba a punto de suspenderlo, como paso previo a una posible destitución-.

Lo que pidió esta vez el gremialista a Quaranta es que dicte una orden judicial de pronto despacho y fije un plazo prudente para que la Municipalidad dicte el acto administrativo correspondiente y le pague lo que entiende que le adeuda.

Entre los fundamentos de su solicitud, el dirigente explicó mediante el amparo presentado que realizó el reclamo ante las autoridades municipales por el no pago de los salarios caídos desde el 11 de marzo de 2015 -día en que fue detenido- hasta la fecha.

En ese marco, expuso que “se ha violentado” la legislación vigente “para afectar mi situación económica al quitarme el salario en forma incomprensible. Asimismo, se violentó mi condición de secretario General del STMA y el de vocal titular de la Comisión Directiva de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses”.

Luego, recordó que el entonces intendente José Inza lo suspendió preventivamente sin goce de haberes y que la nueva gestión municipal “ante mi pedido” revisó lo actuado y dispuso la anulación de ese decreto y el pago de los salarios caídos, con cargo al ejercicio 2016, es decir que el dinero saliera del presupuesto comunal de este año.

Pero, según marcó en la demanda presentada ante Quaranta, cuando el decreto fue enviado para que se cumpliera el pago, “la Subdirección de Gestión de Sueldos, en forma inexplicable, interpreta que se trata de una deuda de ejercicio vencido”, es decir que debe pagarse con el presupuesto de 2015 y no de 2016. Ante la duda, desde la Subsecretaría Legal y Técnica se hizo una consulta al Tribunal de Cuentas de la provincia, y éste se eximió de expedirse al respecto. Con esto, el reclamo de Varela quedó pendiente de resolución.

“Legítimos reclamos”

Así las cosas, el gremialista reclamó el pago de aportes patronales a IOMA e IPS, a lo que la Municipalidad accedió.

En los recibos que se adjuntan en la causa, figura que -por mencionar sólo uno- en abril de este año se le hicieron cinco retenciones: por IPS, IOMA, cuota STMA, cuota Fesimubo y retenciones varias -en este último figura un monto de 18.082 pesos, lo que dice es lo que debería haber cobrado-. Sin embargo el depósito en la cuenta sueldo que tuvo ese mes es de 0,07 centavos.

En este punto, advirtió entonces en la demanda presentada en agosto que los haberes netos se encuentran retenidos en una cuenta de terceros del municipio, entendiendo que tal situación podría llegar a configurar una retención indebida que anticipé iba a denunciar penalmente en caso de no obtener respuesta favorable al presente reclamo. Lamentablemente el Sr. Intendente Municipal decidió guardar silencio e ignorar mis legítimos reclamos.

Pero fue más allá al apuntar que el Decreto 179 de Bertellys -por el cual le restituyó el sueldo y ordenó el pago del retroactivo a marzo de 2015- “se haya plenamente vigente” ya que se le liquidaron los haberes, como mostró en los recibos adjuntados a la causa en donde figuran el depósito de 0,07 centavos en abril y en mayo, y 0,01 en junio.

“Actualización monetaria e intereses” 

En otro tramo del amparo presentado por Varela, de la mano de su abogado Daniel Pérez Guedes, marcó que “la situación de haberme quitado el salario en forma intempestiva y arbitraria, sin haberlo podido preveer de antemano, de perdurar durante la sustanciación del juicio, llevaría a incumplimientos de carácter económico ya contraídos que afectarían irreparablemente mi economía familiar”.

Y por último solicita que se acepte su demanda ordenando a la Municipalidad de Azul al pago de mis haberes adeudados con actualización monetaria e intereses.

Dos días después de que Varela presentara la demanda, Quaranta decidió aceptar el pedido del gremialista y dio traslado a la Municipalidad para que dentro de los 5 días “informe sobre la causa de la demora” en el pago a Varela.

La respuesta de la Municipalidad

Y el municipio respondió rechazando íntegramente la demanda de Omar Varela.

La Municipalidad de Azul no ha incurrido en mora alguna respecto a la solicitud efectuada por Varela, por el contrario, el expediente administrativo fue pasando por las distintas áreas competentes a los fines de recabar la información necesaria”, contestó el abogado del municipio Roberto Dávila y advirtió que la Subsecretaría Legal y Técnica, previo al pago, realizó una consulta al Tribunal de Cuentas (TC) por las observaciones de la Subdirección de Sueldos.

La sorpresa fue la respuesta del TC. Lo que planteó ese organismo fue un espectro mucho más amplio, ya que marcó que el 4 de mayo de 1992 dictó la Resolución 353 mediante la cual se informó a las autoridades comunales que el sueldos y los aportes previsionales y de la seguridad social, deberán ser abonados por la asociación gremial, porque de lo contrario sería tomado como una forma de subsidio del municipio a los sindicatos.
Esta respuesta, cambió el eje al Ejecutivo que ahora está reviendo no sólo el caso de Varela sino el de todos los gremialistas.

En ese marco, desde la Subsecretaría Legal y Técnica se está realizando una consulta que será enviada al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para que se expida al respecto y, de acuerdo a lo que dictamine, se podrá avanzar con las actuaciones. Por el momento, desde el Ejecutivo se indicó que “el expediente no ha quedado en condiciones de ser resuelto, se encuentra en trámite”.

En lo que hace a la mora en el pago, desde el municipio se rechazó de plano esto porque según expuso, Varela no inició ninguna actuación “que coloque en mora a la administración”.

Concluyó entonces que “se rechaza la demanda en todas sus partes, declarando la inexistencia de mora por parte de la Municipalidad”.

Esta respuesta fue agregada al expediente que se tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 el 30 de agosto pasado.

Ahora resta esperar la respuesta del Ministerio de Trabajo bonaerense y saber qué pasos seguirá Omar Varela.

PLAN DE PAGO PARA LOS SALARIOS CAÍDOS –

El 11 de marzo de 2015, casi cinco años después haber sido condenado por treinta y nueve hechos de estafa y seis hechos de defraudación por retención indebida, en concurso real, Omar René Varela fue detenido en esta ciudad después de que quedara firme el fallo del juicio que lo condenó a cinco años de prisión por créditos contraídos a través del STMA y que tuvieron como damnificados a varios de sus propios afiliados.

Desde el año pasado cumple prisión domiciliaria por problemas de salud. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Municipales quedó, interinamente, a cargo de su hijo Luciano.

Al día siguiente de ser detenido, el entonces intendente José Inza lo suspendió preventivamente sin goce de haberes. A partir de ahí, Varela comenzó un camino de reclamos para volver a cobrar su sueldo que encontró respuesta positiva para él cuando asumió la administración Hernán Bertellys.

Fue cuando, como se explicó, anuló lo actuado por Inza y le restituyó el sueldo, además de acordar que se le pague retroactivo desde marzo de 2015. En un acuerdo que hizo con el Ejecutivo, determinaron que los salarios caídos de 2015 serían abonados en un plan de pagos dentro de este año, y los meses de enero y febrero de 2016 se efectivizarían en un pago adicional.

Esto es lo que está reclamando que se le pague y por lo que inició el amparo por mora ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de esta ciudad.

LOS SUELDOS DE LOS SINDICALISTAS 

El 14 de junio pasado, la Municipalidad de Azul recibió un dictamen del Tribunal de Cuentas en el que le informa que “la remuneración y los aportes previsionales y de la seguridad social que correspondan al empleador, serán solventados por la asociación gremial hasta el momento de su reincorporación al empleo”, no por el municipio “ya que ello constituiría una forma de subsidio prohibido por la ley”.

Según se desprende de la respuesta del municipio al amparo presentado por Omar Varela, el gremialista había sido notificado de ese dictamen el 29 de junio.

Yendo al dictamen en sí, desde el Ejecutivo se advirtió que esa información coloca a la administración municipal “ante una situación diferente a la elevada a consulta en un principio, y cuyas consecuencias podrían generar cargos para los funcionarios actuantes y sanciones para el Municipio. Además, generaría un cambio en la situación de todos los agentes que se encuentran con permiso gremial, por lo que la solución que se le dé al caso concreto (el de Varela) sentaría precedentes que generaría efectos a un universo de empleados municipales que también se encuentra con permiso gremial”.

Ante esta situación, se marcó que desde la Subsecretaría Legal y Técnica se está realizando una consulta al Ministerio de Trabajo de la Provincia para que se expida porque según lo determinado por el TC “todos aquellos agentes que se encuentran con permiso gremial dejarían de percibir su salario” y se abre así un panorama de incertidumbre jurídica “que debe ser resuelta en forma previa para evitar la responsabilidad del Estado y de los funcionarios actuantes”.

 

 

 

 

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2 Comments

  1. María Teresa Dinon

    septiembre 25, 2016 at 6:44 pm

    Creo que sería una injusticia que una persona que está procesada y condenada por estafas y defraudaciones varias cobrara salarios atrasados y actualizados, e intereses, según pretende! Más bien debería pagar y restituir lo que no le correspondía. Espero que la Justicia sea justa.

  2. juan

    septiembre 26, 2016 at 1:50 pm

    Lo que se deberia hacer es pagar, pero esos haberes ser repartidos entre los que fuimos perjudicados por la estafa que nos hizo este “señor” por lo que se vieron afectados los sueldos de muchos trabajadores de la municipalidad

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