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10-02-2019

“El actual gobierno usa a la justicia en contra de los que pensamos distinto”


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FUERTES DECLARACIONES DE UN INTENDENTE

Lo expresó Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué, luego de que el juez federal Claudio Bonadío lo procesara en el marco de la mega causa ambiental por supuesta malversación de fondos públicos, los que estaban destinados al tratamiento de residuos. El jefe comunal habló ayer con este diario y, entre otras definiciones, apuntó que la decisión del magistrado “es sólo para estigmatizarnos, sacarnos de alguna manera la posibilidad de que el pueblo nos pueda considerar”.

ARCHIVO/EL TIEMPO/NACHO CORREA

El jefe comunal de Tapalqué, Gustavo Cocconi, es uno de los 92 jefes comunales procesados y embargados por el juez federal Claudio Bonadío en el marco de la megacausa ambiental que investiga el destino de más de 600 millones de pesos que el anterior gobierno nacional envió, entre 2013 y 2015, a distintos municipios del país como parte del programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU-.

Según escribió el magistrado en el fallo que se conoció el último jueves, los intendentes “requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados”, por lo que los procesó por presunta malversación de fondos públicos. Cabe señalar que igual suerte corrió el ex Intendente de Azul, José Inza.

En el caso de Tapalqué, el municipio recibió durante esos años dos desembolsos del gobierno: uno de 500 mil pesos para la compra de máquinas, contendedores y realización de campañas de educación; y otro de 2.500.000 pesos para la reubicación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos TAPALIM.

A entender de Bonadío, esos objetivos no se concretaron por lo que decidió procesarlo por presunta malversación de fondos públicos y embargarlo por 3 millones de pesos.

En una nota realizada ayer al intendente Cocconi, salió a cruzar el accionar de la justicia considerándola “el equipo de tareas” del gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, aseguró que cuando el año pasado fue citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py, presentó toda la documentación respaldatoria de en qué se habían gastado los 3 millones de pesos recibidos para el tratamiento de los residuos.

 “Condicionamiento a Intendentes”

Al hablar con este diario ayer, Cocconi sostuvo que “hay una injerencia de la justicia en el condicionamiento a intendentes que no son del mismo signo político que representan hoy al gobierno de Cambiemos”.

Remarcó que en Tapalqué “tenemos una continuidad de trabajo vinculado a lo ambiental” y apuntó que “nos preocupa que después de 3 años el área de Medio Ambiente de la Nación, hoy en manos del rabino Bergman, no tenga ninguna política hacia los municipios de continuidad. Se nota que por lo primero que fueron es por la incriminación de culpabilidad antes que se demuestre lo contrario”.

Inmediatamente, hizo referencia a los dos desembolsos que recibió el municipio en el marco del programa GIRSU entre 2013 y 2015 y aseguró que “en ese período el municipio de Tapalqué tiene las cuentas aprobadas por unanimidad”.

Luego detalló que el primer subsidio de 500 mil pesos se utilizó “para comprar contenedores y mejorar la separación de residuos en los barrios. Acá hay que decir que el municipio puso mucho más de lo que pidió de subsidio”.

Sobre este punto añadió que “hemos puesto recursos propios de los vecinos de Tapalqué porque tenemos más de 21 años en el tratamiento de residuos”.

El segundo desembolso que recibieron fue de 2.500.000 pesos, que según explicó representaba el 50 por ciento del total que se necesitaba para llevar adelante la reinstalación de la planta de tratamiento de residuos.

“Ese 50 por ciento que recibimos lo usamos para la compra de maquinaria -cinta transportadora, troneras, una prensa horizontal, entre otros- que vamos a inaugurar en marzo en el TAPALIM actual, en homenaje al doctor Ricardo Romera”, advirtió.

Consultado entonces si cuando el 2 de julio del año pasado concurrió a declarar en el marco de esta causa presentó la documentación respaldatoria, aseguró que “presentamos todo, cuatro biblioratos”.

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, indicó que el martes estaría presentando junto a otros siete jefes comunales la apelación al fallo del juez Claudio Bonadío.

“Brazo armado”

Ante el comentario de que en el fallo de Bonadío asegura que ninguno de los intendentes que fueron a declarar “pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Programa GIRSU al que se habían obligado”, Cocconi apuntó que “no entiendo la injerencia de la justicia porque no hay desvío de fondos, no hay uso malicioso de que pedí una cosa para usarla en otra. No hay nada de eso que amerite pensar que es algo en lo que la justicia penal deba intervenir”.

No quedó ahí y disparó que “por eso entiendo que la justicia sólo interviene como brazo armado, como equipo de tareas, del actual gobierno que la usa en contra de los que pensamos distinto”.

Añadió que “la posibilidad de que hoy la democracia se exprese a través de los partidos políticos, de las ideas que cada uno lleva adelante, está condicionada por este tipo de accionar que es muy claro”.

Mencionó en ese contexto que porque la justicia “cuando hubo aportantes truchos de Cambiemos sacaron al juez Sebastián Casanello que estaba investigando y lo pasaron a una cuestión mucho menor. Ese es un manejo que beneficia a Cambiemos. Acá no se investigan los delitos económicos y sí investigan esto que es totalmente fuera de su alcance”.

El Intendente entendió que “es sólo para estigmatizarnos, sacarnos de alguna manera la posibilidad de que el pueblo nos pueda considerar”.

Por último, indicó que el lunes se reunirán varios jefes comunales también procesados en el Partido Justicialista de Capital “y el martes seguramente estaremos presentando junto a siete intendentes la apelación” al fallo de Bonadío con el patrocinio del estudio Tancredi y Asociados de esta ciudad.

La investigación que derivó en los procesamientos

Cabe señalar que el programa GIRSU, que comenzó a implementarse en 2013, tenía por objetivo una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos. Para esto, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso financiar proyectos que incluyeran educación y concientización en el manejo de residuos; mejorar los sistemas de recolección, saneamiento y ordenamiento; entre otros objetivos.

Con el cambio de gobierno, el entonces Ministerio de Medio Ambiente de la Nación -a cargo de Sergio Bergman, hoy convertido en Secretaría- y la Sindicatura General de la Nación -SIGEN- realizaron una auditoria en la que detectaron desvío de fondos en el marco de ese programa.

En 2016, se presentó la denuncia penal que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11, a cargo de Claudio Bonadío, quien a partir de entonces investiga el destino que tuvieron los 604.529.670 pesos que fueron girados, entre 2013 y 2015, a 193 municipios del país, entre ellos Tapalqué y Azul.

En el marco de la investigación, el juez encargó un seguimiento de las obras realizadas en 120 comunas de todo el país tomados al azar. Con el resultado de las auditorias en sus manos, concluyó que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos, ausencia de estudios de factibilidad, falta de control en la ejecución de planes, transferencias pendientes de rendición, modificaciones e incumplimientos de proyectos.

Por esto, citó a indagatoria a 96 intendentes de todo el país. Cocconi debió presentarse el 2 de julio del año pasado. Luego de eso, llegó su procesamiento y embargo, de la misma manera que a José Inza y 90 intendentes de todo el país.

EL DATO

Este diario no tomó contacto con el ex intendente José Manuel Inza ya que se encuentra en recuperación de un ACV leve que sufrió el fin de semana pasado.

 

EL PROCESAMIENTO Y EMBARGO A INZA

Como ya informó este diario en la edición del viernes, el ex intendente José Manuel Inza también fue procesado y embargado por 3 millones de pesos en el marco de la investigación que realizó el juez federal Claudio Bonadío.

La gestión que encabezó el médico cardiólogo, había presentado un proyecto destinado a la instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, con la compra de maquinaria, equipamiento y vehículos.

En ese contexto, el ex jefe comunal firmó en septiembre de 2013 el convenio marco de cooperación y coordinación con la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan José Mussi, por el que recibió del gobierno nacional tres transferencias por un total cercano a los 5 millones de pesos.

La primera fue el 15 de octubre de 2013 por 1 millón de pesos; la segunda, el 23 de octubre del mismo año también 1 millón de pesos; y el 7 de julio de 2015 la transferencia fue de 2.922.132 pesos, lo que da un total de 4.922.132 pesos.

En el marco de la investigación que llevó adelante el juez Bonadío, encargó por esos días un seguimiento de las obras realizadas.

La auditoria en esta ciudad determinó que el proyecto tuvo un “cumplimiento en forma parcial”.

De ahí que lo citó a prestar declaración indagatoria y luego, al no poder “justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Programa GIRSU”, lo procesó y embargó.

ALGUNOS TRAMOS DEL FALLO

Anteriormente al procesamiento de los jefes comunales, el juez federal había procesado a diez funcionarios nacionales del gobierno de Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.

Al fundamentar el fallo, Bonadío sostuvo que los intendentes “requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados”.

Además, apuntó que “cada Intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de 604.529.670 pesos. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”.

En otro de los párrafos del fallo subrayó que “cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Programa GIRSU al que se habían obligado”, como así también dejó sentado en su escrito que tampoco pudieron “explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.

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