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08-02-2019

José Inza fue procesado y embargado por presunta malversación de fondos públicos


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SE CONOCIÓ AYER 

Así lo resolvió ayer el juez federal Claudio Bonadío, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el destino de 600 millones de pesos que Nación envió a distintos municipios del país entre 2013 y 2015 como parte del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Junto a Inza, procesó a 91 Intendentes de todo el país y los embargó por 3 millones de pesos. Cabe recordar que Azul había recibido durante su gestión, casi 5 millones de pesos para llevar adelante ese programa.

José Inza, el ex intendente de Azul, fue procesado ayer por presunta malversación de fondos públicos. Así suma un nuevo procesamiento, esta vez en el fuero federal. ARCHIVO EL TIEMPO/NACHO CORREA

El ex intendente de Azul, José Manuel Inza, fue procesado ayer por el juez federal Claudio Bonadío por supuesta malversación de fondos públicos.

El procesamiento del ex jefe comunal se dio en el marco de la llamada mega causa ambiental que investigó el destino de más de 600 millones de pesos que el anterior gobierno nacional envió, entre 2013 y 2015, a distintos municipios del país, entre ellos Azul, como parte del programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -GIRSU-.

Además, Inza -al igual que otros 91 intendentes de todo el país que corrieron la misma suerte procesal- fue embargado por 3 millones de pesos.

Por la causa, que se inició en 2016, el ex Intendente azuleño tuvo que declarar en junio del año pasado para rendir cuentas por los casi 5 millones de pesos que ingresaron a las arcas municipales durante su gestión para financiar la instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, adquirir equipamiento, maquinarias y vehículos.

Por lo visto, su declaración no satisfizo al magistrado, quien ayer lo procesó y embargó, entre otras cuestiones, por considerar que “cada Intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de 604.529.670 pesos, según se desprende del fallo.

El programa y elproyecto de Azul

El programa GIRSU tenía por objetivo una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos. Para esto, el anterior gobierno nacional dispuso financiar proyectos que incluyeran educación y concientización en el manejo de residuos; mejorar los sistemas de recolección, saneamiento y ordenamiento; promover la generación de nuevas fuentes de empleo y de ingresos a partir de una gestión innovadora en el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, entre otros.

En ese marco, la gestión del entonces intendente Inza presentó un proyecto destinado a la instalación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, con la compra de maquinaria, equipamiento y vehículos.

En ese contexto, el ex jefe comunal firmó en septiembre de 2013 el convenio marco de cooperación y coordinación con la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan José Mussi, por el que recibió del gobierno nacional tres transferencias.

La primera fue el 15 de octubre de 2013 por 1 millón de pesos; la segunda, el 23 de octubre del mismo año también 1 millón de pesos; y el 7 de julio de 2015 la transferencia fue de 2.922.132 pesos, lo que da un total de 4.922.132 pesos.

El inicio de las investigaciones

La causa se inició en 2016, luego de una auditoria realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Sergio Bergman, y la Sindicatura General de la Nación -SIGEN- en la que se observaron irregularidades tales como desvío de fondos en el marco del programa GIRSU.

Esto llevó a que el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Pablo Bolado, realizara en 2016 una denuncia que cayó en manos de Bonadío, quien investigó el destino que tuvieron los poco más de 600 millones de pesos que entre 2013 y 2015 fueron girados a 193 municipios del país.

El magistrado federal encargó un seguimiento de las obras realizadas en 120 comunas de todo el país tomados al azar, entre ellas, Azul (Ver recuadro “La auditoria en Azul”).

Lo que concluyó Bonadío, luego de tener los informes de las auditorias que encargó, es que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos, ausencia de estudios de factibilidad, falta de control en la ejecución de planes, transferencias pendientes de rendición, modificaciones e incumplimientos de proyectos.

Por esto, citó a indagatoria a 96 intendentes de todo el país. José Inza debió presentarse en los Tribunales de Comodoro Py el 12 de junio del año pasado a brindar declaración indagatoria.

Algunos tramos del fallo

Meses después de tomar todas las declaraciones, ayer el juez Claudio Bonadío firmó el procesamiento de 92 Intendentes, los sobreseimientos de tres y la falta de mérito de uno.

Cabe señalar que en esta causa ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina -que eran los responsables políticos del manejo del programa-, y también los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; además de Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

Entre los fundamentos del fallo que se dio a conocer ayer y trascendieron en distintos medios de alcance nacional, el magistrado federal sostuvo que los Intendentes procesados “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados”.

Asimismo, puntualizó que cada Intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de 604.529.670 pesos. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas -respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”.

El juez subrayó además que cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Programa GIRSU al que se habían obligado.

Dejó en claro que tampoco pudieron “explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
EL DATO

Los procesamientos de ayer fueron a Intendentes de distintas comunas de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chaco, Chubut, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones. Además de Inza, también fue procesado el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi. A quien le dictó falta de mérito fue al ex intendente de Coronel Suárez, Ricardo Móccero; mientras que los sobreseimientos fueron para Omar Goye -Bariloche-, Nancy Sand Giorasi -Bella Vista- y Carlos Espinola -Corrientes-.

LA AUDITORIA EN AZUL  

En el marco de la investigación que llevó adelante el juez federal Claudio Bonadío, encargó un seguimiento de las obras realizadas en 120 comunas de todo el país tomados al azar, entre ellas, Azul.

Concretamente, la auditoria en esta ciudad, determinó que el proyecto tuvo un “cumplimiento en forma parcial”.

En ese sentido, al momento de hacer la inspección detectaron que había:

-Una chipeadora marca Deisa que tenía sólo 40 horas de uso.

-Un cargador frontal Iron Group.

-Una topadora sobre orugas marca Iron Group, que en ese momento se encontraba en reparación.

-Una planta recicladora marca Deisa que se encontraba desarmada, sin uso. “Según manifestó el responsable del municipio, están a la espera de la readecuación del galpón para su instalación”, se señaló.

Además, en el proyecto presentado por el municipio figuraba la compra de tres camiones compactadores y caja volcadora trasera, los que fueron reemplazados por tres camiones volcadores marca Volkswagen. De esos tres camiones, sólo encontraron a uno de ellos, los dos restantes estaban en Chillar y Cacharí “según lo manifestado por el responsable del municipio”, consta en el documento.

En síntesis, al momento de realizar la inspección se constató que “el Municipio adquirió maquinaria. Se compraron camiones volcadores, en lugar de compactadores. La planta recicladora adquirida se encontraba desarmada”, además de que “el municipio rindió fondos del primer desembolso, encontrándose vencida la rendición de cuentas del segundo desembolso.

 

 

 

 

 

 

 




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