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27-01-2018

La causa cambió de juez y sigue la investigación 


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El 31 de diciembre la secretaria General de ATE, Vanina Zurita, advirtió que podrían producirse potenciales riesgos de incendios y explosiones en la planta de FANAZUL. ARCHIVO EL TIEMPO/NACHO CORREA
 
El expediente, que se inició por la denuncia que ATE radicó ante la advertencia de que existían riesgos de incendios y explosiones en la planta de la fábrica de explosivos, está ahora en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. De acuerdo a lo que indicaron fuentes judiciales ayer, las cuestiones técnicas que habían sido detectadas “fueron subsanadas”. Lo que está en plena investigación, según dijeron, es la responsabilidad que podría caberle a los funcionarios que decidieron desactivar la planta a fines del año pasado, con los potenciales riesgos denunciados.
La causa que el 31 de diciembre pasado se inició a partir de la denuncia que realizó la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- en relación al riesgo de incendios y explosiones que corría la planta de FANAZUL ya que desde ese momento había quedado sin personal para realizar los servicios esenciales, tuvo en los últimos días un cambio de juez.
Ya no es el titular de Juzgado Federal de Necochea, Bernardo Bibel, quien interviene en la causa que instruye la Fiscalía Federal de Azul, sino el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que actualmente está subrogando a su par de Azul, Martín Bava.
En los últimos días, desde ATE insistieron en los riesgos, pero fuentes judiciales consultadas por este diario aseguraron que “el riesgo no es mayor al habitual de un día de trabajo por tratarse de una fábrica de explosivos”, según manifestaron en el expediente los funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC- que hicieron dos inspecciones en la planta.
Paralelamente, se informó que están “en plena investigación” las posibles responsabilidades de las autoridades de Fabricaciones Militares ante el presunto riesgo generado con la decisión de cerrar la fábrica en las condiciones en las que se la cerró.
Inspecciones   
Cabe recordar que fue la secretaria General de ATE Azul, Vanina Zurita, quien el 31 de diciembre pasado formuló en el fuero federal una denuncia apuntando que la Fábrica de Explosivos FANAZUL había quedado desde ese día sin personal para realizar los servicios esenciales, implicando tal situación riesgos que podrían ir desde principios de incendios a explosiones.
En ese momento, intervino de oficio el juez Federal de Necochea -que por esos días subrogaba a Bava-, y la Fiscalía Federal de Azul -que estaba a cargo de la fiscal también subrogante María José Buglione-. Entre otras medidas, se pidió que la ANMaC realizara una inspección en la planta para determinar técnicamente la magnitud del hecho denunciado.
Fue el 3 de enero que personal de ese organismo nacional hizo la primera verificación en la fábrica. Los alcances del informe no fueron dados a conocer públicamente, pero en base a los resultados, entre otras cuestiones, la justicia intimó a Fabricaciones Militares y a la Dirección de FANAZUL a que cubran con personal idóneo todos los turnos y todos los puestos clave que hacen a la seguridad y mantenimiento de la fábrica.
De acuerdo a lo indicado a este diario, en una segunda inspección de la ANMaC -realizada el 16 de enero pasado-, “las cuestiones técnicas ya habían sido subsanadas” y se cubrieron los puestos clave con tres operarios que llegaron de las plantas de Villa María y Fray Luis Beltrán.
“Plena investigación”    
A su vez, no se informó oficialmente si las autoridades nacionales tomaron medidas respecto al material almacenado y al que se encontraba en proceso de producción que, ante la decisión de dejar la planta fuera de operatividad, quedaron a medio hacer.
No obstante, las fuentes judiciales consultadas por este diario ayer sostuvieron en relación a la existencia de un riesgo potencial grave de explosión en la planta, que los funcionarios de ANMaC manifestaron en el expediente que “el riesgo no es mayor al habitual de un día de trabajo por tratarse de una fábrica de explosivos”.
Por último, cabe señalar que el trámite de la causa penal en el cual se investiga si la ejecución de la decisión de desactivar la producción de la planta de FANAZUL en diciembre de 2017 implicó, en cuanto al presunto riesgo generado, una violación a la normativa legal que los funcionarios a cargo debían cumplimentar conforme sus deberes “se encuentra en plena investigación”.
 



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