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07-01-2019

Recalculando el Ministerio Público Fiscal


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LOS CAMBIOS ENTRAN EN VIGENCIA EL 10 DE FEBRERO

Antes de la feria judicial, el fiscal General Marcelo Sobrino dio a conocer una reestructuración que incluye, entre otras cosas, cambios de titulares en algunas de las unidades funcionales de instrucción con sede en el Palacio de Justicia local. También, la creación de otra Fiscalía.

El fiscal General Marcelo Sobrino, cuando el pasado 20 de diciembre le tomó juramento a Lucas Moyano. El nuevo Fiscal, en los próximos días, estará a cargo de la UFI 22, que además de causas por drogas intervendrá en hechos vinculados con los delitos cibernéticos.
NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO

Lo que Marcelo Sobrino, fiscal General, dispuso el pasado 28 de diciembre entrará en vigencia el próximo 10 de febrero. Es decir, unos días después a que se reanude normalmente la actividad, luego de la feria de verano, en el ámbito del Departamento Judicial Azul.

Específicamente, tiene que ver con una reestructuración del Ministerio Público Fiscal que está a su cargo. Modificaciones que, entre otras cosas, incluyen cambios de titulares en algunas de las fiscalías con asiento en el edificio de los Tribunales de Azul y, también, la creación de una nueva Unidad Funcional de Instrucción: la de “Juicio y Flagrancia”, que estará identificada con el número 9.

La puesta en marcha de esa nueva UFI está mencionada en el primero de los puntos de la resolución firmada por el Fiscal General días atrás, en el marco de lo que es esta reforma dentro del Ministerio Público. E indica que esa Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia que se crea estará a cargo de Laura Margaretic.

Dicha Fiscalía, se menciona también en lo dispuesto, tendrá competencia en “todas aquellas causas correccionales en las cuales el Agente Fiscal en turno resuelva declarar el procedimiento de flagrancia..., debiendo tomar intervención desde la resolución que disponga el inicio del procedimiento mencionado hasta su completa finalización, incluyendo esto las audiencias en etapas intermedias y de debate oral y público que se designen ante los juzgados correccionales”.

“Ello -aclaró el Fiscal General-, sin perjuicio de posibles y/o ulteriores dictámenes que impliquen rescindir dicho trámite y pudieran disponerse en el ámbito de esa Fiscalía”.

Pero el nuevo rol asignado por Sobrino a Margaretic no se agota en eso. También tendrá a su cargo, a partir del primer día del mes entrante, cuando la actividad en sede judicial se retome, “la representación del Ministerio Público Fiscal en la totalidad de juicios criminales y correccionales pertenecientes a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 10 de la ciudad de Olavarría que se lleven a cabo en esta ciudad de Azul y la totalidad de debates orales y audiencias correspondientes a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 15 de la ciudad de Bolívar, contando con la colaboración de la planta funcional de cada una de las Fiscalías mencionadas”.

Además, en casos que la Fiscalía General considere “conveniente”, la funcionaria judicial oriunda de la localidad de Bernal intervendrá también en representación del Ministerio Público en otros debates.

Ese nuevo rol que Margaretic comenzará a ejercer próximamente la aleja definitivamente de la instrucción de las causas penales. “De la trinchera”, como suele decirse en los pasillos de Tribunales.

En ese registro, la hasta ahora titular de la UFI 2 -que el año que pasó integró la terna para ocupar el cargo que estaba vacante en uno de los juzgados federales con asiento en esta ciudad, una función para la que finalmente el Estado nacional designó al penalista y docente azuleño Gabriel Di Giulio- había encabezado investigaciones penales importantes, llegando en la mayoría de los casos a obtener resultados altamente positivos.

Uno de esos hechos, por ejemplo, fue el que años atrás derivara en las muertes de dos adolescentes en Benito Juárez. Un caso que, después de varios meses de instrucción, permitió identificar a dos sujetos como los presuntos autores de ambos homicidios “culposos”. Los mismos que, posiblemente durante este año, serán sometidos a debate en el Juzgado Correccional 2 de Azul, el lugar donde dicha causa ya está radicada.

Al asumir al frente de la UFI 9, su cargo en la Unidad Funcional de Instrucción número 2 con sede en el primer piso de los Tribunales de esta ciudad pasará a ocuparlo David Carballo.

Luego de que años atrás lo designaran como fiscal, Carballo fue titular de la llamada UFIE, la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales. Y después, al mismo tiempo que ha estado al frente de esa Fiscalía, quedó -como subrogante- a cargo de la UFI 22, desde donde se sustancian causas penales relacionadas con infracciones a la llamada Ley de Estupefacientes.

A esa Fiscalía llegará uno de los fiscales que juró durante el pasado mes de diciembre: el olavarriense Lucas Moyano.

Pero además de la ya conocida competencia “en materia de estupefacientes”, desde allí se instruirán sumarios penales relacionados con “delitos conexos a la Trata de Personas correspondientes a la ciudad de Azul”. Y aquellos que comprendan “el cibercrimen -materia en la que Moyano ha realizado varias especializaciones- en todas sus modalidades, incluidos grooming y pornografía infantil, correspondientes a todo el Departamento Judicial”.

Otro punto de esta reestructuración incluye un cambio de nombre: la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales, la ya mencionada UFIE que estaba a cargo de David Carballo y tiene sede en esta ciudad, dejará de denominarse de esa manera. A partir del próximo 10 de febrero pasará a llamarse “Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional”. Y estará a cargo de José Ignacio Calonje, fiscal que -junto con Moyano- juró el pasado 20 de diciembre en una ceremonia realizada en la sala de la Cámara Penal que está en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

La competencia de esa Fiscalía incluirá a “todas aquellas causas que sean cargadas en el Registro de Violencia Institucional correspondiente a la ciudad de Azul, teniendo bajo su órbita, además, a la Secretaría de Delitos Carcelarios de la ciudad de Azul”. Tendrá intervención también “en todas aquellas causas del Departamento Judicial en que se encuentre denunciado personal policial, como así también en todas las que involucren a funcionarios públicos o por trascendencia institucional sea conveniente su asignación”.

Fundamentos

Las recientes juras de los ya mencionados fiscales Moyano y Calonje implicaron -escribió Sobrino en lo dispuesto el pasado 28 de diciembre- “una adecuada rotación de los recursos humanos disponibles en la búsqueda de una mayor eficacia en la tarea desarrollada, como así también reforzar las dependencias de esta sede cabecera de Azul que se encuentran sensiblemente disminuidas en personal”.

Esta reforma, sostuvo el Fiscal General, apunta también a “optimizar aquellas estructuras ya existentes a nivel departamental -Cuerpo de Ayuda a la Instrucción- que conforman el Plan de Implementación de la Policía Judicial impulsado por la Procuración General”.

Esta reestructuración del Ministerio Público ha implicado, además, que se registren diferentes movimientos entre los funcionarios -instructores y auxiliares letrados- que formaban parte de las fiscalías, buscando de esa manera optimizar el servicio de justicia.

Dicha reforma no ha contemplado, al menos en esta etapa, la creación de una Fiscalía especializada en delitos culposos, teniendo en cuenta el gran volumen de sumarios que se instruyen en Azul y en las demás ciudades que forman parte del Departamento Judicial por incidentes de tránsito, por ejemplo. Un detalle que no es menor y que, seguramente, puede llegar a ser considerado en un futuro, en el marco de una iniciativa similar a la que ahora se pondrá en marcha. Mas aún si se toma en cuenta que en otros departamentos judiciales ya existen fiscalías especializadas en las tramitaciones de causas relacionadas con ese tipo de ilícitos.

Mientras todo esto está por venir, continúan manteniéndose como titulares los fiscales a cargo de las unidades funcionales de instrucción 1; 6 y 13. Respectivamente, Marcelo Fernández, Karina Gennuso y Javier Barda.

Pero este año judicial que está por iniciarse puede traer novedades para dos de esos funcionarios judiciales: Fernández y Barda.

Ambos integran -junto con Ariel Lazcano, auxiliar letrado de la Cámara Penal- la terna de la que tendrá que ser elegido el nuevo Juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamental.

De resultar designado para ese cargo el actual titular de la UFI 1 o el de la UFI 13, nuevamente se producirá una vacante en una de esas fiscalías con asiento en el primer piso del edificio de Tribunales.

Ingresando en un terreno meramente hipotético, de darse esa variante mencionada Sobrino tendrá en el transcurso de este año otro fiscal a mano al que podrá acudir para colocar en una de esas dos fiscalías: Adrián Peiretti.

El pliego con su designación ya está en el Senado bonaerense, después de que el año pasado al actual prosecretario del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul resultara electo para dicha función en una terna propuesta desde el Consejo de la Magistratura.

Peiretti está a la espera ahora de la entrevista de rigor que se realiza en la Cámara Alta de la provincia, el prólogo de lo que será su nombramiento como Fiscal.
El dato

La reestructuración del Ministerio Público Fiscal ha incluido también la proyección de espacios físicos donde funcionarán las dependencias judiciales creadas y “aquellos que se destinen a la nueva reorganización”, según mencionó el fiscal General Marcelo Sobrino, para lo cual -junto con la resolución- dio a conocer un plano que ilustra dichas modificaciones.




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