Panorama político: Efectos políticos inesperados de una negociación clave

Por Andrés Lavaselli, de la agencia DIB – La discusión en curso por el presupuesto del año próximo, que vista desde la política de la provincia de Buenos Aires es una discusión acerca del ajuste fiscal y, por lo tanto, sobre los recursos con los que cada sector contará para conservar o recobrar el poder,  está produciendo efectos poco esperables, indetectables en la superficie del juego partidario. La gobernadora María Eugenia Vidal acaba de protagonizar el más trascendente de ellos, aliada a un grupo de intendentes peronistas.

La jugada fue consignada parcialmente el martes pasado. Ese día Vidal llegó a la reunión de Mauricio Macri con los gobernadores por el presupuesto con un reclamo propio: ajustar por inflación el esquema de reparto de lo que para abreviar se sigue llamando Fondo del Conurbano, aunque estrictamente ya no lo sea. No es un planteo menor: se trata de un intento de la mandataria bonaerense rescatar 19 mil millones de pesos del ajuste que, hasta ahora con éxito, sus pares opositores le están imponiendo, con la colaboración del gobierno nacional.

El cálculo del equipo económico detrás del planteo de la gobernadora es el siguiente. En el punto al que llegaron las conversaciones, la porción de ajuste nacional que deberá absorber la provincia en 2019 ronda los $25 mil millones, contando los subsidios y el fondo sojero. Es casi el mismo monto exacto que, vía Fondo, está previsto que reciba la Provincia el año próximo en partidas nunca antes presupuestadas, más allá del total de $65 mil millones que se alcanza contabilizando la consolidación de envíos hasta ahora discrecionales.

Es decir: Vidal pide el ajuste por inflación porque es la manera de evitar ese juego de suma cero que los gobernadores peronistas le están imponiendo para complicarle el futuro inmediato. Ese es el significado político primario de aquellos $ 19 mil millones: se trata de reservase la plata “nueva” para el año electoral. A la vez, es una señal de autonomía de Vidal,  porque objetivamente la jugada introduce ruido en la negociación de Macri con el peronismo, vital a su vez para cerrar Presupuesto y acercar, de ese modo, el acuerdo con el FMI.

Ese martes, poco antes del encuentro en la Casa Rosada en el que la gobernadora hizo su pedido, se produjo una reunión reservada en la el palacio de la Gobernación, en La Plata, que tejió otro hilo de la misma trama. La mantuvo el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con un alto representante del equipo político de Vidal. Cuando terminó, el respaldo del grupo de alcaldes del Conurbano que acaudilla el lomense -los llamados “dialoguistas”- a la movida que horas después planteó la gobernadora quedó sellado.

Aunque la movida, que en la superficie contradice posiciones públicas del peronismo más puramente K, tiene una lógica económica: de los 19 mil millones que se aseguraría la Provincia, 3 mil irían a los municipios. Y también justificaciones políticas: esos alcaldes no es una señal contraproducente meter una cuña en las conversaciones que llevan adelante los gobernadores, peronistas igual que ellos, pero con los que no tienen por ahora acuerdos, porque unos están alineados con CFK y otros reforzarán, una cumbre con Sergio Massa, un espacio que la excluye.

Aquel acuerdo reservado tuvo otros efectos. Uno de ellos, al parecer, es la renacida confianza del Ejecutivo en la posibilidad de que se apruebe el Presupuesto provincial, que ya estaba completamente redactado pero que el vértigo de las negociaciones nacionales –simétrico a la evolución del dólar- obligó a rehacer casi desde cero. Ese proyecto, que según algunos trascendidos incluirá una suba de impuestos apreciable, se presentará si los cálculos no vuelven a trastocarse la segunda semana de octubre.

La comprensión mutua entre intendentes dialoguistas y Vidal no mella, sin embargo, el alineamiento que por ahora mantienen los jefes comunales con Cristina Fernández de Kirchner. El asado que varios de ellos mantuvieron con su hijo Máximo el viernes es una renovada muestra de eso. Y de algo más: los planteos electorales adelantados llegaron también a este sector. Es que en esa tenida, los alcaldes formularon una advertencia: la candidatura a gobernador bonaerense será para uno de ellos. Y no aceptarán otra cosa.

¿Será por eso que de inmediato se congelaron las versiones sobre un desembarco bonaerense de Axel Kicillof? En el asado los intendentes se mostraron incluso abiertos a una postulación de Máximo a diputado nacional y alineados con la reelección de su madre, que funciona como un reaseguro de sus propias reelecciones en virtud de su intención de voto. Pero así como el entendimiento de Insaurralde con Vidal  no implica para los intendentes desistir del perfil opositor, las señales al orbe K también contienen ambiguedades.

Una de esas señales que siembran dudas se dio en torno al nombramiento de la exdiputada K Juliana Di Tullio en la Defensoría Del Pueblo provincial, un organismo donde los intendentes influyen mucho. La designación se produjo por pedido de CFK y gestión reservada de Insaurralde. Pero a la vez, alguien filtró que se trataba de un destino intermedio hasta que Di Tullio recale en el directorio del Bapro, con lo que esterilizó la movida y liberó la plaza para que finalmente la ocupe un enviado de los alcaldes.

Un rulo más

Mientras, la guerra de señales también se da Cambiemos, donde no paran de ensayar fórmulas al compás de la ansiedad electoral que provoca la profundización de la crisis económica. Ahora, Jorge Macri arrimó a la Casa Rosada la idea de eliminar las PASO, consensuada con sus pares oficialistas del Conurbano. La idea sería quitar a Massa y a Juan Manuel Urtubey (y a Insarurralde y Verónica Magario) un elemento para definir su interna, lo que potenciaría la unidad del oficialismo.

El plan, que como elemento de seducción al peronismo federal se “vende” con el argumento de que al apoyarlo evitarían que una cosecha menor de votos que los K en la primera vuelta impediría la consifuiente sangría de votos “útiles” en la general, no parece contar con el visto bueno de la gobernadora. Tampoco de Emilio Monzó, cuyos representantes en Provincia fueron encargados de explicitar el rechazo. Lo esencial, para ellos, es que la PASO evita la dispersión antes de tiempo.  (DIB) AL

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