POR LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS

Pidieron las indagatorias de Inza y Saldaño por causar contaminación y poner en riesgo la salud de la población

Inza y Saldaño. El ex intendente y quien fuera su secretario de Gobierno, y también estuvo a cargo del área de Salud, podrían ser procesados por la Justicia Federal. Ante la falta de recolección, los residuos patogénicos fueron almacenados en el depósito y la morgue. Cuando ya no hubo más lugar allí, debieron apilarlos en el patio del Hospital Pintos. La situación (foto de abajo) había dado lugar a que desde el STMA se llevara a cabo una medida de fuerza. Ante la falta de recolección, los residuos patogénicos fueron almacenados en el depósito y la morgue. Cuando ya no hubo más lugar allí, debieron apilarlos en el patio del Hospital Pintos. La situación (foto de abajo) había dado lugar a que desde el STMA se llevara a cabo una medida de fuerza. La concejal Maya Vena fue la denunciante. Con su aporte, se inició la investigación del fiscal federal Santiago Eyherabide, que culminó con el pedido del funcionario judicial para que citen a declaración indagatoria a José Inza y Federico Saldaño.
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Ante la falta de recolección, los residuos patogénicos fueron almacenados en el depósito y la morgue. Cuando ya no hubo más lugar allí, debieron apilarlos en el patio del Hospital Pintos. La situación (foto de abajo) había dado lugar a que desde el STMA se llevara a cabo una medida de fuerza.

Las solicitó el fiscal Federal Santiago Eyherabide, luego de que en diciembre del año pasado la concejal Maya Vena denunciara la acumulación de residuos patogénicos en el Hospital Pintos, que se generó por la falta de pago del Ejecutivo a la empresa encargada de recolectarlos. Como consecuencia, se acopiaron en el depósito, en la morgue y en el patio de ese centro de salud municipal. Para el funcionario judicial, se llegó a esta situación porque tanto el ex Intendente como su secretario de Gobierno, a cargo también de Salud, tuvieron “una conducta dirigida a no pagar”. Por esto los responsabiliza de contaminar el medio ambiente y poner en riesgo la salud de la población.

El fiscal Federal Santiago Eyherabide solicitó días pasados que el ex intendente José Manuel Inza y su entonces secretario de Gobierno, a cargo de la Secretaría de Salud, Víctor Federico Saldaño, sean citados a indagatoria por haber provocado la acumulación de residuos patogénicos generados en el Hospital Pintos y también en la Unidad Sanitaria N° 6 en una cantidad que causó la contaminación del medio ambiente y puso en riesgo la salud de los trabajadores y de quienes transitaban por esos lugares.

El hecho, que fue denunciado en diciembre del año pasado por la concejal Maya Vena, se generó por la falta de pago del Ejecutivo a la empresa encargada de la recolección, que ante la deuda decidió cortar la prestación del servicio.

El incumplimiento del Ejecutivo encabezado por Inza produjo no sólo la acumulación de residuos, sino también que los centros de salud municipales no contaran con las bolsas reglamentarias donde colocar los patogénicos, agravando aún más la situación de contaminación y riesgo para la salud.

De acuerdo a lo sostenido por el fiscal, todo esto ocurrió pese a los múltiples y reiterados avisos y reclamos que se le formularon a Inza y a Saldaño desde el propio hospital y también desde el Concejo Deliberante.

Es más, el funcionario judicial asegura en ese pedido que formuló para que ambos sean citados a indagatoria y que deberá resolver el juez Federal Martín Bava, que esta situación no se dio por falta de recursos económicos, sino “de decisión, de conducta de los imputados”, quienes “ignoraron deliberadamente todas las alarmas que se disparaban a su alrededor y que les indicaban que si no lo hacían sucedería lo que finalmente sucedió”.

Es que la deuda por la cual se generó la situación denunciada ascendía exactamente a 103.719 pesos, contra un presupuesto del área de Salud de más de 126.000.000 de pesos y una partida para el Hospital de más de 5.000.000.

La denuncia y el inicio de la investigación

La causa se inició después de que el 1 de diciembre de 2015 la concejal Maya Vena se presentó en la Fiscalía Federal de esta ciudad denunciando que a mediados de noviembre del año pasado la tesorera de la Cooperadora del Hospital Pintos, Olga Calá, fue al Concejo Deliberante para poner en conocimiento del legislativo local que se estaban acumulando bolsas con residuos patogénicos en la morgue de ese centro de salud. Incluso,  sobrepasando ese espacio físico. El mismo día de la denuncia, Calá se había vuelto a presentar en el Concejo para informar que la situación seguía igual y, además, para poner de manifiesto que, como no contaban con las bolsas habilitadas para contener esos residuos, el personal del Hospital estaba comprando bolsas de consorcio comunes para poder contenerlos.

La concejal -que acompañó con pruebas fotográficas su denuncia- advirtió en sede judicial que esa situación no era nueva. Por el contrario, se había dado en ocasiones anteriores por los reiterados incumplimientos de pago del municipio a la empresa de recolección Trieco, poniendo en riesgo la salud de pacientes, personal y comunidad.

A partir de ahí, se inició la investigación. Al día siguiente de la denuncia, un funcionario de la Delegación Azul de la Policía Federal hizo una inspección en el Pintos y constató que desde la sala de almacenamiento de residuos patogénicos salía hacia el patio una “cadena montañosa” de bolsas de residuos llenas -rojas y negras- acumuladas a la intemperie y expuestas al sol.

La acumulación se prolongó un mes

Cabe señalar que, por su peligrosidad, los residuos patogénicos deben ser desechados en bolsas especiales -de 120 micrones de grosor, opacas, rojas, resistentes que impidan cualquier filtración y con cierre a precinto de seguridad que no permita su reapertura-. Estas bolsas se contienen en recipientes también especiales que son llevados a un depósito que existe únicamente para ese fin, con medidas de seguridad específicas.

La entonces directora del Hospital, María del Carmen Ruiz, declaró en el marco de la causa y reconoció que a mediados de 2015 había existido una situación similar de acumulación de residuos, pero que “no llegó a la magnitud” que tuvo en diciembre.

Para la doctora, la falta de retiro de residuos fue de aproximadamente dos meses -lo calculó por el volumen de bolsas-. Dijo también que “en muchas ocasiones” el Hospital no contaba con las bolsas apropiadas pese a los reiterados reclamos que hizo -en forma personal, telefónica y por expediente- a Federico Saldaño. Además mencionó que algunas veces las bolsas fueron compradas por el personal.

En lo que hace al almacenamiento, declaró que cuando el espacio destinado al depósito de los residuos patogénicos fue sobrepasado comenzaron a depositarlos en la morgue. Cuando ahí ya no cabían más, al no contar con otro espacio cerrado, “no hubo más remedio que comenzar a apilarlos en el patio del Hospital”, lo que fue advertido por expediente desde el propio centro asistencial.

En este punto, y teniendo en cuenta la denuncia de Vena y los testimonios recolectados -ver “Otras declaraciones” y “Residuos en la US 6”-, el fiscal Eyherabide advirtió que “está fuera de toda discusión que, en el escenario menos gravoso, la acumulación se prolongó por un mes”.

Los residuos fueron retirados del Hospital, según consta en el expediente, el 4 de diciembre.

 Acumulación contaminante y riesgo para la salud

En el pedido de citación a indagatoria al que este diario tuvo acceso, el fiscal advirtió que la ley 24.051 “crea una presunción de que la acumulación de residuos patogénicos de un modo inapropiado, tiene entidad contaminante y puede conllevar riesgos para la salud de las personas.

Por el lado de la acumulación, marcó que el hecho de haberse prolongado por al menos un mes “se contrapone de modo flagrante con la frecuencia necesaria para evitar la contaminación del medio ambiente, que era entre una y dos veces por semana, tal como se estableció en la licitación privada que Inza y Saldaño firmaron al momento de contratar a la empresa Trieco.

Es más, en esa licitación se acordó que la empresa debía recolectar los residuos del Hospital dos veces a la semana y en las unidades sanitarias, una vez cada 15 días. Sin embargo, y pese a lo firmado, la basura se acumuló.

En lo que hace al peligro para la salud, el fiscal sostuvo que “fue plenamente demostrativo” el hecho de que el Dr. Andrés Barroni -médico de Policía Federal y del Hospital- se negó a peritar las bolsas porque al abrirlas podrían liberarse virus de diferentes características y peligrosidad.

En ese marco, Eyherabide resaltó que el peligro queda absolutamente verificado.

Asimismo, el funcionario judicial agregó otro factor: la basura se encontraba al aire libre en pleno diciembre, agravándose más el riesgo porque el calor acelera el proceso de descomposición y liberación de gases. Como si fuera poco, estaban en un espacio de circulación constante.

Adjuntó en este punto también una nota que el 8 de octubre de ese año la directora del Hospital le envió a Saldaño, en la que le informaba que ya no tenían lugar para apilar las bolsas de residuos y que si no se tomaba una decisión al respecto, en el corto plazo se deberían depositar en el patio. Ya tenerlas sin ser procesadas constituye un serio problema sanitario, imagínese dejarlas a la intemperie”, que fue lo que finalmente sucedió.

Se podría haber evitado

En otro tramo del pedido, el fiscal indicó que “antes de ingresar al núcleo de la conducta de los imputados que fundamenta su responsabilidad penal”, es necesario mostrar que pagando lo que se debía a la empresa se hubiese podido evitar la contaminación, advirtiendo además que el monto involucrado no era gravitante si se tiene en cuenta el presupuesto del Hospital.

Así, señaló que la cifra estimada para la recolección de residuos patogénicos del Pintos era de 374.400 pesos, mientras que para las unidades sanitarias ascendía a 97.344, sumas para nada significativas comparándolas con el presupuesto del área.

En este sentido, Eyherabide marcó que la Secretaría de Salud tuvo ese año un presupuesto de 126.433.402,08 de pesos -5.394.141,31 tenía el Hospital y 2.496.240,96 las unidades sanitarias- y el problema generado finalmente fue solucionado con un pago de 103.719 pesos.

Puntualizando aún más en los números, hizo referencia a una nota que Ruiz le envió en octubre a Saldaño, en la que advertía que el Hospital había producido más de 12.000.000 de pesos -que ingresaron a rentas generales del municipio, no al centro de salud- y se hicieron pagos a proveedores por menos de 9.000.000. En ese contexto, subrayó que frente al crítico estado del Pintos y las gravísimas consecuencias que estaba teniendo para la comunidad, ni siquiera se le remitía el monto que había generado.

El fiscal observó que fue gastada en “otra cosa” esa diferencia de 3.000.000 de pesos disponibles contra los 103.719 que había que abonar”.

Luego, expuso que lo que se necesitaba era priorizar necesidades para que todas las áreas siguieran operativas. Esto fue lo que, pese a que se les pidió incontables veces, “Inza y Saldaño decidieron no hacer”.

Yendo más a fondo, Eyherabide remarcó que el aspecto crítico del desempeño de Inza y Saldaño, que fundamentan sus responsabilidades por la contaminación, “consistió en la sostenida decisión de no pagar en tiempo y forma por la recolección de los residuos, ignorando deliberadamente todas las alarmas que se disparaban a su alrededor y que les indicaban que si no lo hacía sucedería lo que finalmente sucedió.

Y en este contexto, adjuntó lo actuado por el Concejo Deliberante -con la sanción de la Emergencia en materia de Salud, entre otras cuestiones-, las declaraciones públicas de la directora del Pintos cuando a este diario le dijo “Ya no sé cómo pedir que se hagan cargo y paguen” y mencionaba las 20 cartas elevadas a Saldaño exponiendo gravísimos problemas, algunas de ellas con copia al Intendente y al secretario de Economía, y ninguna respondida.

Por todo esto, el fiscal subrayó que es “especialmente grave” que no se los escuchara y entendió que “el problema no era de recursos económicos, sino de decisión, de conducta de los imputados”.

Por último, el funcionario judicial consignó: “Esta múltiple y unívoca prueba, en el sentido de una conducta dirigida a no pagar e ignorar todo pedido de atención para evitar la contaminación que finalmente se consumó con peligro para la salud de las personas, erige a los imputados en causantes normativamente responsables del hecho atribuido en calidad de autores.

Así, pidió al juez Federal Bava que “cite a los imputados a prestar declaración indagatoria”, considerando que los hechos podrían ser constitutivos del delito previsto y reprimido en el artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Esa norma establece que será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años y multas de diez mil a doscientos mil pesos quien con residuos peligrosos “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

El dato

Los residuos patogénicos son aquellos que tienen características infecciosas, capaces de provocar una enfermedad. El residuo, contiene potencialmente, microorganismos patógenos con suficiente virulencia y en tal cantidad, que la exposición al mismo por puede derivar en una enfermedad infecciosa. Estos residuos son jeringas, guantes usados, restos de sangre, fluidos humanos y de animales, restos de órganos, elementos corto-punzantes contaminados y todo aquel material que haya tenido contacto con microorganismos potencialmente patógenos.

“LA FALSA DEFENSA” 

El fiscal Santiago Eyherabide, en una parte del pedido de citación a indagatoria, hace referencia a “la falsa excusa que los imputados invocaron públicamente para justificarse”.

Y en ese sentido, se remite a un parte de prensa que el Ejecutivo emitió el 4 de diciembre de 2015 en el que informaba que los residuos patogénicos del Hospital Pintos serían retirados al día siguiente y aseguraba que el retraso en esa tarea había obedecido a una cuestión de logística de la empresa y no por falta de pago como fue difundido.

“Ello es falso”, asegura el fiscal y ajunta un cuadro en secuencia del servicio, facturación y pago en el cual se muestra que “el municipio registró un atraso sistemático en el cumplimiento de su obligación” de pago.

Si bien advierte que Inza y Saldaño desde hacía ya mucho tiempo repetían la conducta de no pagar, “el delito no se consumaba” porque la empresa no dejó de recolectar los residuos. Pero cuando Trieco cesó su tarea “el riesgo sí se concretó en el resultado y la comisión del delito se completó.

También señala, para reforzar la idea de la falsa defensa, que los funcionarios podrían haber aplicado algunas de las cláusulas estipuladas en el contrato, como sanciones a la empresa por incumplimiento de su tarea. Sin embargo, no hay ninguna constancia de eso, por lo que descarta de plano que la falta de recolección fuera por problemas logísticos de Trieco, como dice el parte de prensa del municipio cuando intentó justificar la situación.

RESIDUOS EN LA UNIDAD 6 

La Unidad Sanitaria Nº 6 “Prof. César De Paula” está ubicada en el barrio Del Carmen. El fiscal denunciante advirtió que el médico pediatra Néstor Nasello subió en Facebook una foto donde se veían bolsas de basura en un baño “contiguo a la sala de espera donde juegan los niños”.

Por esto, también fue citado a declarar. En la oportunidad, el médico indicó que aproximadamente el 17 de diciembre advirtió la acumulación de un número importante de bolsas de residuos patogénicos -medicamentos vencidos, inyectables, sangre, material ginecológico- en el baño de esa unidad sanitaria que es usado por pacientes, niños, enfermera y médico, y que está al lado de la sala de espera donde hay constantemente menores.

Para el fiscal, también quedó claro el riesgo existente en esa unidad sanitaria. Y el Dr. Nasello había afirmado que hubo “riesgos para la salud derivados de la posibilidad de accidentes, rotura de bolsas, contacto con sangre, pincharse con agujas o ingestión de medicamentos”.

ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES

Al introducirse en el esquema de responsabilidades, el fiscal observó el rol que debía ejercer cada una de las personas vinculadas con el hecho investigado para “definir quiénes pueden tener responsabilidad penal”.

Así, puntualizó que las autoridades del Hospital tenían dos deberes: una era encargarse del acondicionamiento de la basura para que pudiera ser recolectada y la otra era verificar la prestación del servicio cuando la empresa presentaba la factura. No obstante, aclaró que el Pintos no tiene recursos de administración propia, ni siquiera los que el propio Hospital genera ya que ese dinero lo maneja el gobierno municipal.

En cuanto a José Manuel Inza y Víctor Federico Saldaño, apuntó que tenían la responsabilidad originaria de administrar el centro de salud, incluyendo una adecuada gestión de los residuos patogénicos, porque manejaban la totalidad de los fondos.

Por otra parte, la empresa Trieco S.A. tenía la responsabilidad de hacer la recolección, entregar las bolsas rojas específicas y los contenedores que marca la ley.

En otro tramo de su pedido de citación a indagatoria, el fiscal sostuvo que de ninguna manera descarta la posibilidad, que en el momento procesal oportuno será analizada, que exista responsabilidad penal por parte de otras personas, como la empresa contratada para recolectar los residuos, que deliberadamente cesó con la recolección.

En lo que hace a las responsabilidades en lo que al circuito de pagos se refiere, fue la concejal Vena la que explicó que se tramitaba por el Hospital, la Secretaría de Salud, la Oficina de Compras, Contaduría General y Secretaría de Economía, aunque advirtió que la Contaduría a veces no tenía tiempo suficiente para revisar.

La entonces contadora General, Adriana Guedes, también declaró y explicó minuciosamente ese circuito, advirtiendo que durante el ejercicio presupuestario hubo desvíos de fondos hacia salarios, en principio autorizados, pero que ya sabían que no iban a poder cubrir dentro del ejercicio.

OTRAS DECLARACIONES

En el marco de la investigación que llevó adelante el fiscal Santiago Eyherabide, tomó declaración testimonial a la tesorera de la Asociación Cooperadora del Hospital Pintos, Olga Calá, quien ratificó que hacía un mes que no se recolectaban los residuos y que ello representaba un riesgo para la vida de los pacientes, personal y médicos del Hospital. Fue ella quien advirtió que muchas veces la Cooperadora debió comprar las bolsas para los residuos patogénicos porque el Ejecutivo le había retirado al Hospital el dinero de la caja chica; y en otras ocasiones los empleados las compraron por sus propios medios.

También fue citado a declarar el secretario Adjunto del STMA, Luciano Varela, por un paro que el gremio llevó adelante en ese marco. Lo que dijo el dirigente fue que tomó conocimiento por los empleados del lavadero del Hospital que se estaban acumulando los residuos patogénicos -primero en la morgue y luego en el patio, junto a la puerta del lavadero-. Señaló que ante la falta de respuestas y el fuerte olor que desprendían esos residuos, declararon un paro de actividades.

Para el fiscal, esta declaración demostró “más que un riesgo, un daño directamente concretado a partir de la contaminación generada por la acumulación de residuos”.

El médico de la Policía Federal y del Hospital, Andrés Barroni, también declaró y comentó que hacía aproximadamente un mes que no se retiraban los residuos. Al igual que Varela, apuntó que fueron acumulados en la morgue y luego en el patio, donde transita permanentemente personal de ese centro de salud.

Advirtió además que los residuos patogénicos se descomponen rápidamente y que incluso algunos son contaminantes peligrosos -como el descarte de laboratorio de bacteriología y los residuos de quirófano-, y que parte de ellos estaban en bolsas no reglamentarias.

 

 

 

 

 

 

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