COLUMNA DE OPINIÓN

Piquete en Ruta 3 y caos en la ciudad

El pasado lunes el tránsito azuleño se convirtió en un caos pocas veces vivido, debido al corte de la Ruta Nacional 3, protagonizado por piqueteros, que se extendió por espacio de 12 horas.
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El pasado lunes el tránsito azuleño se convirtió en un caos pocas veces vivido, debido al corte de la Ruta Nacional 3, protagonizado por piqueteros, que se extendió por espacio de 12 horas.

El corte de la Ruta Nacional N° 3 durante 12 horas por una extraña manifestación de 50 personas -la mayoría mujeres y niños- que no hizo petitorio alguno… Evaluación legal.

Escribe: Dr. Aníbal Bocchio (*) – www.estudiobocchio.com.ar

El lunes 20 de marzo, el tránsito de la ciudad de Azul se convirtió en un caos pocas veces vivido…desde las 10 de la mañana y hasta las 22 de la noche (durante 12 horas) cerca de mil camiones de gran porte ingresaron a la ciudad por Avenida Perón desde Ruta nacional número 3 y a gran velocidad (promedio de 60 kilómetros por hora) atravesaron la misma hasta la Avenida 25 de Mayo tomando luego hacia el balneario para retomar la autopista a Olavarría, sin respetar un solo semáforo y formando una especie de “tren interminable” que cortó totalmente la circulación de ambas avenidas durante todo el día, poniendo en peligro a peatones, y automovilistas que huían espantados de la escena, pese a que muchos debían cruzar esas avenidas forzosamente para llegar a sus casas o trabajo. El peligro creado fue tan grande, que muchos recordaron lo ocurrido hace muy poco en la vecina ciudad de Olavarría donde una manifestación de concurrentes a un recital crearon un desconcierto, un laberinto y un estado de anarquía que debe ser evitado en todos los casos por la justicia, por el poder político y por defensa civil con toda urgencia para prevenir consecuencias que a veces luego son irreversibles y lamentables.

El diario local EL TIEMPO se hizo eco de la noticia dedicándole la primera plana y 2 páginas de su interior, para que los vecinos pudieran “entender” algo de lo que había pasado, lo que estimo era muy difícil de lograr. Aquí trataré de dar un enfoque legal y realista de lo ocurrido para que cada uno tome su opinión libremente.

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El “piquete”    —

Según clarifica el diario local, en la edición referida, un grupo de familias (que según las fotos no superaban las 50 personas) integrado fundamentalmente por mujeres y niños, cortaron la Ruta nacional N° 3, a la altura de esta ciudad, con el propósito de evitar que se realizara el remate de animales que estaba programado en la Sociedad Rural argumentando que “se vende ganado en un pueblo donde hay hambre y no hay trabajo”, reclamando “una vida digna y trabajo más digno”, referenciando que “se beneficia al campo y no a los sectores populares”

Como advertiremos fácilmente, seguramente la mayoría de los vecinos de Azul compartiremos fácilmente los principios generales de la protesta, pero obviamente también sabemos, como lo sabe la dirigente que encabezaba la protesta (Griselda Altamirano) que las respuestas no pueden ser municipales, ya que son resorte exclusivo del gobierno Nacional, que tiene su emplazamiento en la “Casa Rosada”

a 300 kilómetros de distancia de esta ciudad, por lo que cualquier tipo de diálogo se hace más que difícil, imposible, en estas circunstancias.

Los más perjudicados por el piquete: los trabajadores camioneros, los trabajadores de la construcción y los vecinos de Azul que vivieron obras de zozobra en un tránsito alocado.

Al analizar qué sectores fueron los más perjudicados por el piquete, muy lejos están de ser el sector agropecuario, que solo trasladó la fecha de su remate y que teniendo en cuenta la capacidad económica del sector no es de importancia. Diferente es la situación de los choferes de los cientos de camiones que quedaron demorados, ya que según la escala salarial el chofer de larga distancia tiene un básico muy pequeño y se lo compensa con adicionales por kilómetro recorrido (denominados Horas extraordinarias – Item 4-2-3 del Convenio Colectivo 40/89- y Viáticos por kilómetro – Item 4-2-4- del mismo Convenio), por lo que parte de su remuneración la veían escurrir entre sus manos, lo que de ninguna manera justifica la actitud inhumana de ingresar a una zona densamente poblada a 60 kilómetros por hora sin respetar semáforos ni señales de tránsito alguna (y …la policía de tránsito? Y la nueva policía municipal? Qué actividad desplegaron ante semejante desastre? Ninguna. Bien gracias.

Otro sector perjudicado es el de los trabajadores de la construcción, ya que el 90 % de los camiones varados trasladaban materiales de construcción desde las canteras, caleras y cementeras de Olavarría hacia las grandes empresas constructoras de Capital Federal y gran Buenos Aires, que seguramente han estado sin actividad, al día siguiente del corte y han prescindido de los trabajadores del gremio durante esa jornada sin goce de haberes.(Se aclara a esta altura que la ley que rige el Trabajo de la Construcción 22.250, permite a los empresarios suspender sin goce de sueldo a sus operarios hasta 20 días al año alegando falta de material, lluvias, etc.).

Y obviamente los terceros perjudicados fueron los vecinos de Azul, que vieron prácticamente “tomadas” sus principales avenidas por una horda de camioneros desesperados que no respetaron norma de tránsito alguno y pusieron en peligro a gran parte de la población.

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El derecho a realizar manifestaciones en lugares públicos y su reconocimiento en la Constitución Nacional    —

Diremos en principio que la propia constitución nacional en su art 32 dispone:

Artículo 32 – DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN

Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.

Luego agregaremos que si bien el DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN no se haya expresado literalmente en nuestra Carta Magna, si lo está por medio de los Tratados Internacionales que forman parte de nuestra Constitución. En la reforma constitucional del año 1994 por disposición del artículo 75 Inc. 22 C.N. se incorporó una serie de tratados internacionales que adquirieron jerarquía constitucional conformando un bloque de constitucionalidad. En consecuencia, los tratados internacionales con jerarquía constitucional han permitido formalmente el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión en un sentido más extensivo, comparado al de la C.N. de 1853. Entre los tratados, se encuentran las siguientes normas relativas al Derecho a la Libertad de Expresión: 1) Declaración Universal de Derecho Humanos (DUDH): que en su artículo 19 establece que “toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión, y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en el artículo 19.1 establece: “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 3) Convención América sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 13 consagra el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

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El delito de corte de ruta en el Código Penal      —

El artículo 194 del Código Penal Argentino, determina que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años“. La formulación de ese artículo es el resultado de varias reformas legislativas, incluso a través de la ley 23.077, que se aprobó en 1984.

Como ejemplo de su aplicación, citaremos a La Cámara Federal de San Martín que confirmó el procesamiento de una mujer que participó de un corte en la autopista  Ricchieri, a la altura de La Matanza. Para el tribunal, la mujer procesada podría haber formulado su reclamo “de otra manera” y no cortando dos horas y media junto a otras personas dos carriles y hasta tres de los cuatro que tiene la mano que va de Ezeiza a la Capital Federal. El fallo se conoció en momentos en que la ola de conflictos sociales dispararon protestas que incluyeron diversas formas de apropiación del espacio público , mediante cortes de tránsito en autopistas y calles, así como de vías ferroviarias y toma de tierras, sobre todo en el radio de Capital y el Conurbano.

La mujer procesada, fue acusada de haber incurrido en delito por violación al artículo 194 del Código Penal, utilizado generalmente para procesar a manifestantes por el corte de rutas.

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La Fiscalía Federal con asiento en Azul tenía plena competencia en el delito y debió actuar en forma inmediata     –

Como es de conocimiento público los JUZGADOS FEDERALES de todo el centro de la provincia de Buenos Aires, tienen justamente su asiento en AZUL, por lo que el FISCAL FEDERAL, tratándose del corte de una RUTA NACIONAL DE PROPIEDAD FEDERAL tenía plena competencia y debió tomar de inmediato cartas DE OFICIO (sin que nadie se lo pidiera, porque es su obligación legal) en la cuestión. Debió iniciar un Sumario por Violación del Art. 194 del Código Penal ya referenciado, y constituirse junto a sus colaboradores del Juzgado Federal en el lugar de los hechos, para dentro de la investigación obligatoria (que no se hizo en ese momento por lo menos…) tratar de tomar contacto con quienes conducían el piquete e intentar una negociación que liberara parte del tránsito de la ruta nacional, e impedir que la misma se cortara totalmente durante 12 horas, lo que constituye una falta gravísima de la Justicia Federal que debe dar las explicaciones pertinentes  a los ciudadanos de esta ciudad y a sus superiores.

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La responsabilidad de los políticos     —

Tal como lo decía días pasados en este mismo matutino al referirme a la responsabilidad penal y civil de los daños causados en el recital del ”Indio”, recordemos que la “Carta Orgánica de las Municipalidades” establece que es obligación y responsabilidad de la municipalidad garantizar el orden público y la integridad física de las personas dentro del partido de Azul. Y entonces surge clara la pregunta: Qué hizo la Municipalidad de Azul y sus funcionarios para evitar semejante desastre y caos de tránsito que pudo derivar en tragedia? No debieron en forma inmediata al Corte mediar con los manifestantes para intentar una negociación (como ocurre en todos los cortes que se dan a diario en Capital Federal) que evitara 12 horas de paralización del tránsito en una de las rutas más pobladas del país? (magnitud muy pocas veces alcanzada, ante la intervención de los políticos y la justicia que aquí parece que brillaron por su ausencia). No hemos visto ninguna aclaración ni parte de prensa aclaratorio sobre la intervención de la justicia ni de la Municipalidad en este caos que vivió nuestra ciudad y que según amenazaron los manifestantes se volverá a repetir en breve…tendremos que esperar de brazos cruzados que la justicia y nuestros políticos se dignen cumplir la tarea para la cual fueron designados y por la cual perciben sus remuneraciones?

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Compatibilización de los derechos de los manifestantes y los usuarios de las vías de transporte       —

Existen varios proyectos presentados ante el Congreso nacional, tendientes a tratar de que ambos derechos sean garantizados: el de circular y transitar libremente y, por otro lado, el derecho a manifestarse públicamente mediante la protesta social.

Así en los articulados se propone entre otras medidas: 1) Que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Hay que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana; 2) Toda manifestación pública deberá ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. 3) Asimismo, plantea que las manifestaciones no podrán ser desalojadas por las fuerzas de seguridad, sin una mediación previa. 4) El mediador, según los proyectos, se limitará a pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados.

 

(*) Abogado laboralista

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1 Comment

  1. car10

    Abril 2, 2017 at 2:40 pm

    Tendría q haber ido gendarmeria y sacarlos a patadas a esos hdp q quieren todo gratis q bayan a laburar vagos quien se creen q son para cortar la ruta aca cualquiera hace lo q quiere parece

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