Policiales

Policiales

Apelaron la nulidad de un procedimiento por drogas que había sido realizado semanas atrás

13 de diciembre de 2019

La Cámara Penal de Azul tiene que resolver si convalida o rechaza la declaración de nulidad de un procedimiento por drogas que días pasados se había realizado en esta ciudad y derivara en la aprehensión de un hombre.



En primera instancia, un juez de Garantías había declarado “nula de nulidad absoluta” las actuaciones que efectivos de seguridad llevaron a cabo en el marco de este procedimiento, que implicó que se incautaran algunas dosis de cocaína que, al parecer, un azuleño que en ese entonces resultó arrestado tenía para la venta.



Al no avalar la realización del procedimiento, el hombre que en principio figuraba imputado en esta investigación penal relacionada con una infracción a la Ley de Estupefacientes recuperó la libertad.



Su liberación fue dispuesta después de que un juez de Garantías que entiende en esta causa penal rechazara un pedido para que su aprehensión fuera convertida en detención.



Eso se produjo, tal lo ya señalado, al declarar ese mismo magistrado la invalidez de aquel procedimiento, tras considerar que durante el mismo se vulneraron diferentes garantías constitucionales. “Especialmente, aquella que tutela la inviolabilidad del domicilio”, había escrito en la resolución Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías número 2 con asiento en el Palacio de Justicia local.



Desde la Unidad Funcional de Instrucción 22 que conduce Lucas Moyano se está llevando adelante la instrucción de este sumario penal. Y después de conocida esta decisión de primera instancia, se resolvió apelar esa declaración de nulidad de las actuaciones ante la Cámara Penal.



En estos días, el máximo Tribunal de Alzada departamental que integran los jueces Damián Cini y Carlos Pagliere (h) deberá expedirse sobre dicho recurso de apelación que fuera presentado desde la Acusación con relación a este procedimiento por drogas.



Un procedimiento declarado inválido



El pasado viernes 29 de noviembre, en horas de la noche, efectivos de la Seccional Primera de Policía llevaron a cabo este procedimiento que al día siguiente, al ser declaradas inválidas las actuaciones, implicó que el hombre imputado por esta infracción a la Ley de Estupefacientes recuperara la libertad.



La medida fue dispuesta por el ya mencionado magistrado Federico Barberena, quien en el marco de esa misma decisión rechazó un pedido para que convirtiera en detención a la -en ese entonces- aprehensión del imputado.



Aquel sábado 30 de noviembre, el azuleño arrestado la noche anterior había sido trasladado a Tribunales para ser indagado, audiencia realizada en la UFI 22 y en la que se negó a declarar, en la previa a que recuperara la libertad, acusado del delito de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor”.



Una fábrica de planchas de cemento que está en el depósito judicial situado en la prolongación Norte de la calle Cabral de esta ciudad fue el lugar donde se inició, aquel ya referido viernes por la noche, la secuencia que se tradujo en el arresto del hombre.



Alertados por un llamado telefónico anónimo, los efectivos de seguridad habían llegado hasta ese lugar y observaron al azuleño, en momentos que se entrevistaba con un sujeto que se trasladaba en moto, a quien le hizo entrega -en un movimiento similar a un pase de manos- de lo que sería una dosis de estupefacientes.



La persona que había llegado en moto hasta ese lugar donde estaban los policías, posteriormente, fue seguida por algunos de los efectivos de seguridad, quienes finalmente lograron interceptarla en las calles Maestras Azuleñas y Rivadavia, donde al ser requisado se constató que tenía tres envoltorios con cocaína que había adquirido instantes antes.



Una escena similar a la anteriormente referida observaron, casi al mismo tiempo, los demás policías que se hicieron presentes en ese lugar donde se encontraba el hombre que luego resultaría aprehendido aquella noche.



De esa manera, los agentes vieron cómo a otra persona que se acercaba también en moto hasta ese sector el hombre al que estaban investigando también le entregaba lo que en la instrucción se definió como “un objeto de pequeñas dimensiones”.



Minutos más tarde se llevó a cabo la aprehensión del hombre. Mientras los policías lo seguían, desde la Acusación se mencionó que se descartó de un teléfono móvil y de tres envoltorios con cocaína. Luego ingresó a un galpón y, después, a una habitación. Y por detrás de él lo hicieron los efectivos de seguridad, quienes finalmente lo arrestaron.



En aquel entonces -se había mencionado al hacer alusión al hecho desde la Fiscalía interviniente en esta causa penal- “tenía bajo su guarda y disposición un envoltorio de nylon” con cocaína. Y después, al ser requisado el inmueble, los policías hallaron recortes de nylon y más envoltorios con clorhidrato de cocaína.



Según lo informado, en poder del hombre se incautaron aquella noche más de cinco gramos de esa sustancia estupefaciente.



Al día siguiente, cuando se solicitó su detención, el juez de Garantías Barberena rechazó ese pedido. Lo hizo de la mano de esa declaración de nulidad del procedimiento que personal policial realizara, por considerar que fue llevado a cabo “en flagrante vulneración a diversas garantías constitucionales, especialmente aquella que tutela la inviolabilidad del domicilio”.



Si bien el magistrado reconoció que “ciertos contextos en extremo excepcionales habilitan al ingreso a una morada sin ningún tipo de orden ni autorización Fiscal o Jurisdiccional”, en este caso en particular “en modo alguno se está frente a un caso de dichas características”.



“No albergo, en consecuencia, duda alguna respecto de que la totalidad de los elementos que se intiman en la plataforma fáctica rendida al causante se sostienen en una actuación nula de nulidad absoluta, al enmarcarse en el ilegal registro domiciliario realizado, tanto en la vivienda en cuestión como en el patio existente en el interior del predio en que se implanta la misma”, concluyó el Juez de Garantías al declarar la invalidez de aquel procedimiento policial.


Comparte tu opinión, dejanos tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.