El lunes que pasó, la requisitoria de elevación a juicio de la causa penal donde José Manuel Inza y Héctor Ricardo Bolpe están procesados por la contaminación que se produjera en el predio de disposición final de residuos “EcoAzul” se resolvió de manera favorable a lo pretendido desde la Acusación.

En ese caso Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3 departamental, avaló el pedido para que esa investigación penal se convierta en materia de un futuro juicio.

De quedar firme esta resolución de primera instancia, el médico cardiólogo que fuera Intendente del Partido de Azul durante los años 2011 a 2015 deberá afrontar el tercero de los procesos judiciales en su contra. Un debate que, al igual que los demás, está relacionado con lo que había sido su gestión como titular del Ejecutivo municipal.

Pero a diferencia de los demás juicios, que ya tienen fechas confirmadas de realización en los juzgados correccionales con asiento en el Palacio de Justicia local, este debate tendría que llevarse a cabo en un Tribunal Oral en lo Criminal.

Según fuentes judiciales señalaron a EL TIEMPO, eso obedece al tipo de delitos que le están atribuyendo a Inza y a Bolpe en esta causa. Y también se relaciona con los montos de las penas que esos ilícitos contemplan en casos de eventuales condenas.

Un basural contaminado

La causa que fuera elevada a juicio seis días atrás involucra a José Inza y a Héctor Bolpe como los presuntos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con infracción al Artículo 55 de la Ley 24.051, norma esta última relacionada con la comisión de ilícitos de tipo ambiental.

Laura Margaretic, también cuando estaba a cargo de la UFI 2, había comenzado de oficio a instruir ese expediente penal.

Lo hizo después de una entrevista que fuera publicada por EL TIEMPO en noviembre del año 2015. Una nota en la cual Ruben Rodríguez -el dirigente del SOEMPA, uno de los gremios de los trabajadores municipales- denunciaba el estado de abandono y contaminación en que se encontraba el predio de disposición final de residuos “EcoAzul”.

De más de 18 hectáreas de superficie que están destinadas al relleno sanitario, para la época en que esta investigación penal se iniciara se había determinado que en ese lugar se depositaban a diario unas sesenta toneladas de “residuos sólidos urbanos”.

Acceder en ese entonces al lugar implicaba encontrarse ya con basura en el camino de tierra que conducía al predio, en medio de un evidente foco de contaminación.

Dos imágenes de “EcoAzul”. Datan del año 2014 y constituyen una clara muestra de lo que ocurría para cuando se inició la investigación penal que días atrás fue elevada a juicio. Un sumario que tiene como imputados a José Inza y Héctor Bolpe. En una de las fotos, basura acumulada por todos lados y convertida en un evidente foco de contaminación. En la otra, residuos en llamas a causa de lo que eran permanentes incendios que se registraban en el predio. NACHO CORREA/ARCHIVO/EL TIEMPO

En el marco de la instrucción de esta causa penal, el lugar había sido inspeccionado por especialistas, quienes por aquel tiempo concluyeron que lejos estaba el predio en funcionar como un espacio adecuado para el tratamiento de los residuos. Muy por el contrario, se había convertido en un foco altamente contaminante y a diario era habitual observar diferentes focos de incendios, cuyo humo luego afectaba el aire de la ciudad.

En octubre de 2017, Inza y Bolpe fueron procesados en esa investigación penal de la que ahora se resolvió, al menos en una primera instancia, que se convierta en materia de un juicio.

El juez Suárez, con esa decisión, avaló lo sostenido desde la Acusación con relación a la existencia de este hecho, traducido en los ilícitos por los que el médico cardiólogo -que actualmente tiene 66 años de edad- y el abogado (65) continúan procesados.

Uno en su carácter de Intendente y el otro como Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en esos cuatro años que duró la gestión de Inza en el Ejecutivo municipal “incumplieron respectivamente y dentro de su órbita de competencia con los deberes a su cargo, los cuales le eran impuestos por la normativa vigente sobre Gestión ambiental sustentable”, había sostenido la fiscal Margaretic para imputarlos a ambos.

Dichas normas, todas de tipo ecológicas y que al parecer ninguno de los acusados cumplió, implicaron que se contaminaran el suelo, el manto freático y las aguas subterráneas de “EcoAzul”.

La acusación que todavía persiste para el ex Intendente y para quien fuera uno de sus secretarios señala también que esas normativas las incumplieron, entre los años 2011 y 2015, “pese a conocer positivamente el estado de emergencia ambiental imperante en el predio de disposición final de residuos”, lugar al que se accede por la intersección de la Ruta 3 y el llamado “Camino Viejo a Tandil”.

Ni siquiera en ese entonces “las sucesivas intimaciones” para sanear el predio, que se recibieron en la comuna por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y “por distintos actores sociales comprometidos con la temática”, sirvieron para que se adoptaran medidas consideradas “útiles y necesarias para sanear el pasivo ambiental imperante en el predio”.

Esa omisión que se les está atribuyendo a Inza y a Bolpe en su carácter de funcionarios públicos que fueron, agravó el estado de “EcoAzul” en ese entonces, todo lo cual se tradujo en la ya referida “contaminación del suelo, del manto freático y de las aguas subterráneas del lugar”.

Algo que, al mismo tiempo, supuso un “grave riesgo para el ecosistema, los recursos naturales y la salud humana”. En definitiva, se concluía en la Acusación, para la “salud pública de la comunidad toda”.

“Tanto Inza como Bolpe conocían acabadamente la situación de gravedad que se presentaba en el predio, por cuanto fueron informados de ello e intimados por distintos medios”, escribió el juez Suárez al dar lugar días atrás a la elevación a juicio de esta investigación penal.

Pero a pesar de que ambos habían sido informados de lo que estaba pasando, “esa concreta situación en que los encartados debieron obrar cumpliendo la normativa vigente sobre gestión ambiental sustentable y no lo hicieron” -escribió también el juez en lo dispuesto- los sigue colocando ahora a ambos en lugares de imputados y para que sean sometidos a un juicio en el que podrían ser condenados.

En este caso, consideró Suárez también, existió un dolo del “tipo omisivo” en el accionar de los dos ex funcionarios públicos. “Esto es, un conocimiento efectivo y actual de la situación típica (circunstancias exigidas por el tipo objetivo); la representación de la posibilidad de la conducta debida; así como también el reconocimiento de la capacidad de evitación del perjuicio que ostenta esa conducta debida”.

Inza y una “falta de mérito” 

Relacionada con esa investigación penal surgida en los Tribunales de Azul por la contaminación del predio “EcoAzul”, tiempo después a que José Manuel Inza fuera imputado se había conocido que el juez Federal Claudio Bonadío también lo había procesado.

En esa investigación que el magistrado porteño llevaba adelante, se apuntaba a la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos recibidos por parte del Estado Nacional en diferentes municipios, los cuales habían sido otorgados en el marco de los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRRSU).

Dicha iniciativa había incluido que Inza, mientras fue intendente, recibiera dinero destinado a la optimización del predio “EcoAzul”. Algo que, según se le sigue imputando en el ámbito de la justicia ordinaria, no hizo y lo convirtió, con ese accionar, en el presunto responsable de que ese espacio se transformara en un basural a cielo abierto y totalmente contaminado.

Al mismo tiempo que en Azul se resolvía días atrás que el ex intendente peronista era sobreseído en primera instancia en una de las causas por las que había sido denunciado en una fiscalía departamental -aquella relacionada con el no recogimiento de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y en una unidad sanitaria-, se conocía la noticia de que era uno de los muchos mandatarios comunales a los que le era dictada la “falta de mérito” en ese sumario penal que instruía el juez Federal Bonadío.

La decisión, en una segunda instancia, había sido dispuesta por la Cámara Federal, que sólo había confirmado los procesamientos de 47 intendentes y ex intendentes y que -además- se pronunció a favor del sobreseimiento de dos de ellos y dispuso dictar la falta de mérito para varios más.

Entre ellos, junto con Inza figuraba otro intendente de la región: el tapalquense Gustavo Cocconi, para quien también fue dispuesta esa “falta de mérito” en la ya referida investigación penal, después de que a ambos Bonadío los citara a declarar y en febrero pasado los procesara.

Esa investigación llevada a cabo desde la Justicia Federal se relaciona con un posible fraude al Estado en un monto estimado de 600 millones de pesos, maniobra de defraudación que habría ocurrido entre los años 2013 y 2015 con los fondos ya referidos.

Parte de ese dinero también se había recibido en Azul, en el marco de esos programas tendientes al tratamiento de los residuos.

Sobre esta cuestión se hizo alusión de manera detallada, específicamente a qué se hizo con esa plata que se recibió en la comuna mientras Inza era intendente, en la causa que el lunes pasado un juez de Garantías con asiento en los Tribunales de Azul elevó a juicio por la contaminación en “EcoAzul”.