PREOCUPACIÓN POR RECORTE PRESUPUESTARIO AL INTA Y SENASA

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El Colegio de Ingenieros expresó su preocupación por el recorte presupuestario al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que a su vez perjudica al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ya que se prevé gastos de funcionamiento para el 2017 similares a los de 2016, muy por debajo de los ajustes por inflación. El recorte presupuestario es de 1.140 millones de pesos para el INTA, situación que repercute en el SENASA.

“Los avances en los últimos años en materia de investigación y desarrollo agropecuaria que permitieron llevar las cosechas a records históricos absolutos son resultado –en gran parte- del trabajo de los investigadores del INTA y del excelente nivel profesional de nuestros ingenieros agrónomos”, destacó Norberto Beliera, titular del CIPBA.

Además el referente de los ingenieros bonaerenses calificó como “un retroceso” el recorte presupuestario de ambos organismos y advirtió que se verían afectados muchos de los controles que el Estado realiza sobre los procesos productivos y que garantizan el manejo correcto de los recursos.

“Desde el colegio nos ponemos al frente de la defensa del ejercicio profesional de los ingenieros agrónomos bonaerenses y recordamos que la participación de los profesionales es fundamental para el desarrollo económico de la provincia”, indicó Beliera.

El INTA es un organismo público que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria nacional y tiene por objeto “la investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país”.

El Instituto se creó en el año 1956, es una de las instituciones de mayor prestigio a nivel nacional y su desarrollo está íntimamente ligado al crecimiento de los sectores de producción agropecuaria, posicionándose, en los últimos años, como referencia obligada en la aplicación de normas de calidad y en la búsqueda de procesos sustentables.

El SENASA, en tanto, es el organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal, y fiscaliza, anualmente, unos 35.000 millones de dólares solamente en exportaciones.

Desde el sector manifiestan estar “sorprendidos” ya que “el gobierno, por un lado beneficia a sectores económicos vinculados con el agro con exenciones impositivas superiores a los 300 millones de pesos anuales, por otro recorta los presupuestos de entidades vinculadas a la investigación, desarrollo y control de la actividad, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y generando con su anuncio el rechazo inmediato de los profesionales”.

 

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